Sumar pide al Congreso que la UE condene las sanciones de Trump al Tribunal Penal Internacional y neutralice sus efectos Infobae

Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la que insta al Gobierno a promover que la Comisión Europea evalúe y, en su caso, declare que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) y la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, constituyen un supuesto de coerción económica por parte de un tercer país.

La iniciativa, recogida por Europa Press, plantea además impulsar en la Unión Europea (UE) la activación de los mecanismos previstos en ese reglamento para intentar neutralizar los efectos de esas sanciones dentro del territorio de la UE y proteger a los ciudadanos europeos afectados, así como reafirmar el compromiso de España con la CPI y con el sistema de Naciones Unidas.

Según Sumar, las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos "no constituyen únicamente un ataque a la Justicia internacional y al sistema de Naciones Unidas" sino que "afectan de manera directa a ciudadanos europeos y a los intereses fundamentales de la Unión y de sus Estados miembros".

El texto sostiene que las sanciones fueron adoptadas "explícitamente como represalia" por la cooperación con la CPI y por decisiones judiciales relacionadas con la investigación y persecución de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza, lo que, según añade, "evidencia su carácter intimidatorio y su finalidad de influir en el ejercicio de la propia función jurisdiccional" de la corte.

Tal y como han denunciado los propios jueces afectados, la iniciativa avisa que las sanciones están ocasionando "un grave perjuicio económico" y constituyen "una sanción extrajudicial y arbitraria", al impedir el acceso a servicios bancarios, medios de pago, plataformas digitales, cuentas corrientes, transporte, alojamiento y comercio electrónico, además del cierre de cuentas bancarias y la imposibilidad de realizar transacciones internacionales incluso dentro de la UE.

En este sentido, entienden que las sanciones "podrían encajar en la definición de coerción económica" recogida en el Reglamento europeo 2023/2675, cuyo artículo 2 establece que existe coerción económica cuando un tercer país aplica o amenaza con aplicar medidas que afectan al comercio o a la inversión "con el fin de impedir o conseguir la cesación modificación o adopción de un acto particular por la Unión o un Estado miembro" y cuando dichas medidas "afectan o pueden afectar a los intereses de la Unión".

Además, recuerda que el artículo 4 del reglamento faculta a la Comisión Europea para determinar la existencia de coerción económica atendiendo, entre otros elementos, a la naturaleza, gravedad, duración y amplitud de las medidas, así como a su impacto en personas físicas o jurídicas de la Unión.

PRESOS PALESTINOS BAJO CUSTODIA ISRAELÍ

Asimismo, Sumar ha presentado otra proposición no de ley para la Comisión de Asuntos Exteriores en la que insta al Gobierno a condenar "firmemente" la situación de los palestinos privadas de libertad bajo custodia israelí, reclamar el acceso inmediato, pleno y sin restricciones de organizaciones humanitarias y de derechos humanos independientes, y exigir que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda acceder de forma urgente, regular y sin impedimentos a todos los centros de detención y prisiones.

La iniciativa, recogida por Europa Press, señala que tras el anuncio por parte de Estados Unidos el 14 de enero del inicio de la segunda fase del denominado Plan de Paz para Gaza, se ha registrado "una violación sistemática" de las condiciones de la primera fase, mientras los continuos ataques israelíes han causado la muerte de casi 600 palestinos y han herido a más de 1.500 personas, apuntan.

El texto añade que, desde octubre de 2023, más de 72.000 palestinos han muerto y 171.000 han resultado heridos, que los niveles de hambre "siguen siendo críticos" y que 100.000 personas aún viven en "condiciones catastróficas", al tiempo que denuncia "detenciones masivas, torturas, violencia sexual" contra mujeres detenidas y la situación de casos como el del pediatra Hussam Abu Safiya y el de Marwan Barghouti, para reclamar el respeto del Derecho Internacional Humanitario y el pleno respeto de los derechos de los presos palestinas.