Paracas en el olvido: nuevo decreto del PRODUCE deja sin sanción la pesca ilegal en la reserva protegida
El Congreso de la República ha enviado a la congeladora diversos proyectos de ley que buscan anular el Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, una norma que cambió radicalmente las reglas para la fiscalización y sanción de la pesca industrial en áreas naturales protegidas del país.
Esta norma, aprobada por el Ministerio de la Producción (Produce) en abril de 2025, generó un vacío legal que impide sancionar a quienes pescan a gran escala en reservas marinas como Paracas, lo que ha provocado preocupación en comunidades locales, gremios ambientales y expertos del sector.
Un decreto que cambió las reglas en la fiscalización pesquera
El origen del problema está en la aprobación de este decreto, que modificó el Reglamento de la Ley General de Pesca y el reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y acuícolas, textos que venían rigiendo por más de veinte años.
La norma eliminó la autoridad clara para fiscalizar y sancionar la pesca industrial en Áreas Naturales Protegidas (ANP), a pesar de que la prohibición seguía vigente desde 2001.
Además, el decreto establece que una denuncia penal contra actividades ilegales solo puede presentarse una vez concluido el proceso administrativo, lo que puede tardar años. Antes, las denuncias penales podían hacerse en paralelo, lo que permitía actuar rápidamente.
La reacción fue inmediata: 19 exministros y exviceministros de distintos gobiernos expresaron públicamente su rechazo, argumentando que la norma no fortalece el control estatal, sino que lo debilita y facilita la impunidad de la pesca industrial en zonas protegidas.
El propio Congreso ha visto entrar iniciativas legislativas impulsadas por la congresista Silvana Robles y otros parlamentarios, destinadas a derogar el decreto y restituir la protección ambiental en estas áreas. Sin embargo, hasta ahora el debate sobre estos proyectos no ha avanzado.
Congreso no avanza con los proyectos para anular el decreto de Produce
El pasado 27 de febrero de 2026, la congresista Robles, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, encabezó una reunión en el Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas junto a pescadores, dirigentes y representantes del Sernanp.
Allí, la legisladora criticó la falta de apoyo de bancadas tradicionales para avanzar con la derogatoria del decreto y lamentó que el Parlamento, tras el cambio de gobierno en julio, no incluya una comisión similar a la que ella preside, lo que dejaría sin voz institucional a quienes defienden estos temas en el Congreso.
En la reunión, pescadores y dirigentes locales manifestaron su preocupación por el impacto directo de la norma sobre la protección ambiental y el futuro de la pesca artesanal.
Ya antes los pescadores habían pedido reunirse con los últimos ministro del sector, Sergio González y el ya ratificado César Quispe Luján, para advertir sobre la posible legalización de actividades extractivas en áreas protegidas. No fueron atendidos, y el Congreso en su totalidad tampoco lo hizo, en lo que consideraron un “silencio cómplice”.
La situación es crítica. Para frenar la intentona, existe un dictamen aprobado que agrupa los 3 proyectos antes citados, el cual está listo para ser priorizado en la agenda del Pleno del Congreso de la República:
- Proyecto de Ley 5666/2023: Roberto Kamiche, Reymundo Cortez, Bazán, Limachi, Echeverría,
- Proyecto de Ley 6668/2023: Karol Paredes
- Proyecto de Ley 7157/2023: Kira Alcarraz, Paredes C., Picón, Juárez C., Luna, Zeballos
¿Empresas sancionadas podrían beneficiarse del nuevo marco?
El decreto de Produce cambió las categorías de zonas protegidas, eliminando el concepto de “áreas reservadas”, clave para la defensa de espacios como Paracas.
Ahora solo existen las zonas suspendidas, no permitidas, restringidas y prohibidas, pero ninguna de estas menciona expresamente a las áreas naturales protegidas ni a las que gestiona el Sernanp.
Esto deja un vacío legal y sin herramientas claras para sancionar a embarcaciones industriales que ingresen a estos lugares, aunque tengan protección especial.
Otro efecto preocupante es que las empresas sancionadas en el pasado pueden beneficiarse de la llamada “retroactividad benigna”, pidiendo que se les aplique el nuevo reglamento si les resulta más favorable, lo que podría anular multas impuestas por el sistema anterior.
Sanciones más flexibles y menos control sobre la pesca ilegal
Entre 2020 y 2021, 11 empresas pesqueras —8 de ellas afiliadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)— fueron sancionadas por actividades ilegales en Paracas, sumando multas por más de 12 millones de soles. Ahora, esas sanciones podrían quedar en nada, según Robles.
El decreto además flexibiliza la suspensión o cancelación de permisos, que solo aplica después de la tercera o cuarta infracción, y permite que si no se puede decomisar el producto ilegal, el infractor solo deba pagar su valor comercial.
Si no paga en 15 días, el caso se deriva a la Procuraduría, sin medidas inmediatas. La información satelital debe ser compartida por el Ministerio de la Producción con el Sernanp, pero este último no tiene potestad sancionadora, dejando a las áreas protegidas sin defensa real.
El conflicto judicial sigue: Corte Suprema y la controversia en Nasca
En el ámbito judicial, la controversia persiste. Robles recordó en Paracas que, en enero de 2026, la Corte Suprema de Perú ratificó la prohibición de la pesca industrial en áreas protegidas, incluida Paracas, al rechazar la demanda de la SNP.
Sin embargo, la disputa sigue abierta en la Reserva Dorsal de Nasca, donde la SNP busca habilitar la pesca industrial, pese al fallo judicial, detalló. El proceso todavía sigue en curso, dejando la protección de los ecosistemas marinos en la incertidumbre.
Para la legisladora, el resultado de esta reforma legal es claro: “menos posibilidades de sancionar la pesca ilegal, un marco político y judicial paralizado y una protección ambiental cada vez más debilitada”, mientras el Congreso no avanza con los proyectos de ley que podrían revertir la situación.
Infobae
