Sospechosas donaciones de tierra a notario Sol Yucatán

• Propiedades en el norte de Mérida y viviendas obtenidas mediante donaciones familiares forman parte del patrimonio del notario Gabriel de Jesús Magaña Villegas.

• El registro del Registro Público revela inmuebles en zonas de alta plusvalía cuyo valor comercial puede alcanzar hasta 17.4 millones de pesos, una fortuna inmobiliaria construida en paralelo al crecimiento urbano que ha transformado Cholul y otras áreas de la capital yucateca.

• En un estado donde el mercado de la tierra vive un auge sin precedentes, el patrimonio de quienes ejercen la fe pública comienza a atraer una mirada cada vez más crítica.

Redacción/Sol Yucatán

En el sur de Yucatán, donde el ejercicio de la fe pública debería representar una garantía de certeza jurídica para los ciudadanos, la figura del notario también se mueve dentro de un entramado patrimonial que muchas veces pasa desapercibido para la opinión pública. El caso del notario Gabriel de Jesús Magaña Villegas, titular de la Notaría 130 con sede en el municipio de Peto, permite observar cómo un fedatario que obtuvo su patente en años recientes acumula propiedades en algunas de las zonas con mayor crecimiento urbano del estado, particularmente en el norte de Mérida.

Documentos del Registro Público de la Propiedad muestran que el notario aparece como propietario de al menos tres inmuebles ubicados en Mérida, dos de ellos en la comisaría de Cholul, uno de los polos inmobiliarios de mayor expansión en la capital yucateca, y otro en el fraccionamiento Ciudad Caucel, una de las zonas habitacionales más extensas del poniente de la ciudad.

La suma del valor comercial actual de estas propiedades puede alcanzar hasta 17.4 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de mercado basadas en el valor de la tierra y las viviendas en cada zona.

Uno de los inmuebles más relevantes se encuentra en la localidad de Cholul, al norte del municipio de Mérida. El registro inmobiliario describe un predio urbano con casa ubicado en la calle 20, marcado con el número 100-A, dentro de la sección catastral 35. El terreno cuenta con 1,120.5 metros cuadrados, una superficie considerable para un inmueble residencial dentro de una zona que en la última década ha experimentado una fuerte transformación inmobiliaria. El documento señala que la propiedad fue adquirida mediante donación en agosto de 2016, otorgada ante notario público y transferida por Francisco Javier Magaña García, profesor jubilado.

La dimensión del terreno, así como su ubicación en una de las áreas de mayor crecimiento residencial del norte de Mérida, elevan de manera significativa su valor comercial. Hoy, terrenos de tamaño similar en Cholul pueden cotizarse entre 4,500 y 6,500 pesos por metro cuadrado, lo que coloca el valor del suelo por sí solo entre cinco y siete millones de pesos.

Si se considera la existencia de una construcción habitacional dentro del predio, tal como lo describe el registro, el valor total del inmueble puede ubicarse en un rango aproximado de 9 a 13 millones de pesos, dependiendo de la extensión de la vivienda y de sus características constructivas.

Otra propiedad vinculada al notario también se encuentra en Mérida, aunque en una zona muy distinta del mapa urbano. Se trata de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Ciudad Caucel, una zona de expansión habitacional caracterizada por fraccionamientos de interés social y vivienda de nivel medio.

El registro indica que el inmueble se localiza en la calle 95 número 663-B y que cuenta con un terreno de 160 metros cuadrados, con medidas de ocho metros de frente por veinte metros de fondo. Al igual que el predio de Cholul, esta propiedad también fue transferida mediante donación familiar en abril de 2021, nuevamente proveniente de Francisco Javier Magaña García.

Aunque Ciudad Caucel no posee el mismo nivel de plusvalía que las zonas residenciales del norte de Mérida, el crecimiento demográfico y la expansión urbana han incrementado el valor de las viviendas en ese sector. Casas de dimensiones similares se comercializan actualmente en rangos que van de 1.3 a 2 millones de pesos, dependiendo de ampliaciones o mejoras realizadas en la propiedad.

La tercera propiedad identificada en los registros también se localiza en Cholul, lo que confirma la presencia del notario en una de las zonas con mayor actividad inmobiliaria en el municipio de Mérida. En este caso, el documento registra una división de predio realizada en agosto de 2022, mediante la cual se generó un lote urbano de 377.17 metros cuadrados ubicado en la calle 25 número 145.

El valor de terrenos en esa zona se ubica actualmente en rangos similares a los del primer predio de Cholul. Bajo esa lógica, el lote podría alcanzar entre 1.7 y 2.4 millones de pesos únicamente como terreno. En caso de desarrollarse con una vivienda de nivel medio o residencial, el valor comercial podría ascender hasta 3.5 o incluso 5.5 millones de pesos, dependiendo del tipo de construcción y del tamaño de la casa edificada.

Si se suman las estimaciones más altas de cada inmueble identificado en los registros públicos, el patrimonio inmobiliario atribuible al notario Gabriel de Jesús Magaña Villegas alcanza aproximadamente 17.4 millones de pesos en valor comercial actual.

Aunque la cifra no se acerca a los montos de otros actores del mercado inmobiliario yucateco, sí resulta significativa si se considera que parte de ese patrimonio fue adquirido mediante donaciones familiares y que varias de las propiedades se encuentran en zonas donde la plusvalía inmobiliaria ha aumentado de manera acelerada en los últimos años.

La presencia de fedatarios dentro del mercado inmobiliario no es, en sí misma, ilegal. Los notarios son profesionales del derecho que ejercen una función pública delegada por el Estado, pero mantienen también la posibilidad de realizar inversiones privadas. Sin embargo, en estados como Yucatán, donde el crecimiento urbano, el turismo residencial y los desarrollos habitacionales han convertido al sector inmobiliario en uno de los motores de la economía regional, la relación entre la actividad notarial y el negocio de la tierra suele generar cuestionamientos.

Los notarios ocupan una posición estratégica dentro de este sistema. Son ellos quienes dan fe pública a compraventas de terrenos, constitución de condominios, subdivisiones de predios, donaciones patrimoniales y operaciones inmobiliarias de gran valor.

Cada proyecto residencial, cada transferencia de propiedad y cada operación legal que involucre bienes raíces termina pasando por una notaría.

Ese lugar privilegiado dentro del engranaje jurídico del mercado inmobiliario convierte a los fedatarios en actores clave dentro de un sistema donde la tierra se ha vuelto cada vez más valiosa. Por ello, cuando se examinan los patrimonios personales de quienes ejercen la fe pública, inevitablemente surge una discusión sobre la relación entre su actividad profesional y las oportunidades de inversión que ofrece el mismo mercado que certifican.

El caso de Gabriel de Jesús Magaña Villegas, con propiedades en el norte de Mérida y en zonas en expansión urbana, refleja cómo incluso notarías ubicadas fuera de los grandes centros económicos del estado participan indirectamente en el fenómeno de acumulación patrimonial ligado al auge inmobiliario yucateco. En un contexto donde la tierra se ha convertido en uno de los activos más codiciados del Estado, el patrimonio de quienes tienen en sus manos la fe pública comienza a ser observado con mayor atención.

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