Tribunal de Cundinamarca aceptó demanda de la Procuraduría que pide nulidad de contrato de pasaportes Infobae
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la admisión de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la entidad pública portuguesa Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
El proceso busca la nulidad absoluta del convenio celebrado para la elaboración y expedición de pasaportes.
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“La Sección Tercera del TAC decidió mantener la admisión de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la entidad pública portuguesa Imprenta Nacional – Casa da Moeda, en la cual se busca la nulidad absoluta del convenio celebrado para la elaboración y expedición de pasaportes", señaló el tribunal.
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Según informó el tribunal, en este caso no es exigible la conciliación prejudicial, ya que la Procuraduría actúa como garante del interés público y no como parte contractual. El tribunal también subrayó que la nulidad absoluta de un contrato estatal corresponde a un juicio de legalidad y no es un asunto conciliable.
“La Corporación concluyó que, en este caso, no es exigible la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, pues la Procuraduría actúa como garante del interés público y no como parte contractual. Además, destacó que la nulidad absoluta de un contrato estatal no es un asunto conciliable, por tratarse de un juicio de legalidad que no puede transarse ni sanearse”, precisó la corporación.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca descartó que la falta de jurisdicción y competencia por la existencia de una cláusula compromisoria pueda discutirse mediante recurso de reposición contra el auto que admite la demanda, aclarando que este argumento debe presentarse como excepción previa en las etapas procesales correspondientes.
“Descartó que la falta de jurisdicción y competencia por la existencia de una cláusula compromisoria pueda discutirse mediante recurso de reposición contra el auto que admite la demanda. Precisó que ese argumento constituye una excepción previa, que debe formularse y decidirse en las etapas procesales correspondientes”, expresó el tribunal.
¿Qué dijo la Procuraduría?
En febrero de 2026, la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la suscripción de un nuevo contrato interadministrativo para la producción y personalización de pasaportes, tras señalar presuntas irregularidades en un convenio internacional previo entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
El contrato, identificado como No. CI-005-2026, fue publicado en SECOP el 29 de enero de 2026 y contempla recursos por $185.374.493.464, aunque no establece una fecha de inicio y sí un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.
Según información oficial, este instrumento legal representa el cuarto acuerdo entre las mismas entidades con propósitos similares. Los registros incluyen los convenios interadministrativos No. 007 de 2025, No. 001 del 18 de julio de 2025 y otro suscrito con una persona extranjera para la cooperación y transferencia de conocimiento sobre la producción de libretas de pasaporte. Las cifras acumuladas por estos contratos superan el billón de pesos, alcanzando $1.493.409.424.714.
“Inquieta a la Procuraduría que dicho contrato interadministrativo, publicado en SECOP el pasado 29 de enero de 2026, no cuenta con fecha de inicio, pero sí de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, al igual que la gran cantidad de recursos comprometidos, ya que asciende a $185.374.493.464″, señaló el Ministerio Público.
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública expresó inquietud ante la ausencia de una fecha de inicio y el volumen de recursos comprometidos. El Ministerio Público mantiene activa una demanda para anular el convenio internacional anterior por supuestas irregularidades, proceso que sigue bajo investigación.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la firma de este nuevo contrato será materia de análisis en las acciones preventivas y en las investigaciones disciplinarias abiertas respecto al suministro y gestión de pasaportes.
