Yucatán simula búsqueda Sol Yucatán
- Entre presupuestos de apenas 156 mil pesos y millones devueltos a la Federación, la Comisión de Búsqueda estatal se ha convertido en una oficina de trámites mientras las familias cavan en la selva con sus propios recursos.
Por Claudia Victoria Arriaga Durán
En México, con 131 mil 835 personas desaparecidas, el Estado mantiene una deuda histórica en garantizar seguridad a las familias buscadoras. En un país donde salir de casa no asegura el regreso, las familias se convierten en víctimas indirectas que desafían el olvido institucional. Prueba de ello es que, en cuatro años —de 2022 a la fecha—, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán (CBPY) solo ha recibido 156 mil 6 pesos con 31 centavos de recursos del gobierno estatal.
Denunciar la desaparición de una persona no es suficiente para obtener el acompañamiento de las autoridades en las acciones de búsqueda, ya sea por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) o de la propia CBPY.
“Las desapariciones aún no son parte de la agenda pública”, expresó con tristeza Clara Gutiérrez, fundadora de la Colectiva Familias Buscadoras de Yucatán.
En la entidad, la búsqueda se interna en la selva maya. Bajo un sol implacable y entre la maleza, el estruendo de los voladores y el golpe de picos y palas son el eco de un reclamo de justicia. Ante la ausencia del Estado, las familias no se sientan a esperar respuestas: salen a buscar con sus propios recursos y con el apoyo de familiares y amistades.
La CBPY no solo recibe presupuesto estatal; también cuenta con financiamiento del Gobierno Federal. Sin embargo, para acceder a este último, tiene la obligación de gestionarlo. De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, omitir esta gestión constituye una falta grave a sus funciones.
La Comisión obtiene recursos federales a través del Programa U008, denominado «Subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas», cuyo fin es fortalecer las estrategias de localización a nivel estatal.
Entre los lineamientos para acceder al capital, el Estado debe aportar, en una sola exhibición, una coparticipación equivalente a cuando menos el 10% del monto total autorizado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
La CBPY recibe el recurso a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado en dos ministraciones: la primera correspondiente al 70% del monto autorizado y la segunda al 30% restante.
El Programa U008 advierte que, si no se ejerce la totalidad de la primera entrega, se pierde el derecho a recibir los montos posteriores.
Información obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no solo confirmó que el presupuesto estatal asignado a la Comisión de Búsqueda es mínimo, sino que también dejó en evidencia que el organismo no ejerce la totalidad de los recursos federales a los que tiene acceso. Además, la institución omitió explicar en qué se gastaron los fondos que sí fueron utilizados.
De 2022 a 2026, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán (CBPY) recibió más de 11 millones de pesos contra los 156 mil de presupuesto estatal, en un rango de cuatro años.
Y dejó ir otras partidas de la federación de 6,059,866.51 por gastar el total del recurso que solicitó como parte del Programa U0008.
(Leer el reportaje completo en la próxima edición impresa)
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