Dictan vinculación a proceso contra “La Abuela” por su presunta participación en el delito de desaparición forzada cometida por particulares El Imparcial

Tijuana,BC.-María de la Luz “N”, señalada como presunta involucrada en la desaparición y posible homicidio de Rogelio Cortéz Santander en mayo de 2025, ha sido vinculada a proceso por un juez de control.

La decisión fue tomada en base a los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia inicial, en la que se mencionaba la versión de dos testigos y la existencia de un video en donde la víctima habría sido asesinada.

Sin embargo, la defensa, un abogado privado que fue designado por la imputada, intentó descalificar dichas pruebas, principalmente porque no se ha comprobado, según su versión, la existencia del video mencionado.

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Crimen organizado

En adición a sus argumentos, declaró que se había vulnerado a su representada en notas periodísticas de diversos medios, en donde se relacionaba a la mujer directamente con un grupo del crimen organizado.

Ante estos dichos, el juez de control le mencionó que no entendía el nexo de esas notas con los argumentos presentados e incluso le dijo al defensor “me hace pensar que no conoce el sistema penal”.

En el tercer de sus datos de prueba, la defensa intentó desvirtuar el testimonio de un testigo del posible homicidio de Rogelio Cortéz Santander, en base a que el lugar en donde el hombre supuestamente fue visto por última vez no ha sido localizado.

Argumentos brindados por la defensa

“Sí el testigo estuvo en esa zona ¿cómo es posible que no los ha llevado al lugar?”, dijo el defensor, sin embargo, el juez rechazó este argumento al decir que incluso lugares con referencias “son difíciles de ubicar”

Luego de los argumentos brindados por la defensa y la Fiscalía General del Estado, el juez concedió el uso de la palabra a María de la Luz “N”, quien manifestó “haber sido amenazada por un agente de la FGE”, previo a la audiencia.

Se retiró mi abogado y un agente, me amenazó, me habló por teléfono, que quería información de donde estaban los cuerpos y que no si no le decía ‘se las iba a cobrar’, temo por mi vida y la de mi hijo”

Declaró.

Ante la incertidumbre de los comentarios de la imputada, el juez la cuestionó sobre el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos, y “La Abuela” dijo que había sido “alrededor de las 11 de la mañana”.

Agachaba la mirada

Posteriormente, el juez instruyó a los representantes de la FGE presentes a que se corroborara quien de la institución había tenido contacto, en caso de haber sido así, con la imputada.

“La abuela”, vestida con su traje naranja y conectada por medio de una laptop a la reunión desde su celda, se mantuvo con un semblante nervioso y agachaba la mirada durante largos lapsos, en los que no se distinguían sus rasgos faciales.

En cuanto al video de la presunta ejecución de Rogelio Cortéz, el juez estuvo de acuerdo en que era un dato de prueba contundente “porque había dos testigos que coincidían en el recuento de los hechos”.

Un testigo dice haber visto como grababan el video y el otro, la esposa de la víctima, dice haberlo visto, tras confrontar a un sujeto por el paradero de su marido, el cual le habría enseñado el contenido”“Un testigo dice haber visto como grababan el video y el otro, la esposa de la víctima, dice haberlo visto, tras confrontar a un sujeto por el paradero de su marido, el cual le habría enseñado el contenido”

Una deuda de 45 mil pesos

En dicha cinta, supuestamente se observan los últimos momentos con vida de Rogelio Cortéz, de 52 años, quien habría sido privado de su libertad el 9 de mayo de 2025, alrededor de las 06:20 horas, por una deuda de 45 mil pesos.

Pese a que la defensa recurrió al hecho de que la existencia del video no ha sido comprobada, el juez argumentó que la FGE nunca mencionó haber tenido la grabación en su poder.

Pero al no haber sido María de la Luz “N” quien “levantó” a la víctima,ni le disparó, si habría dado dichas órdenes a terceros, además de la instrucción de enterrar el cadáver, por lo que pesa en ella la coautoría del delito de desaparición forzada cometida por particulares, reiteró el juez.

Tras esto, se dictó el auto de vinculación a proceso y se otorgó el plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria, solicitado por la FGE y en el que la defensa estuvo de acuerdo, mismo que vencerá el 13 de septiembre de 2026.