“Ganga inmobiliaria” acabó en denuncia por fraude Heraldo de Aguascalientes
La promesa de una casa en remate terminó convertida en un presunto fraude que dejó a una mujer con más de 80 mil pesos menos y un trámite inexistente.
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Alfonso “N”, señalado como probable responsable del delito de fraude en perjuicio de una víctima en la capital.
De acuerdo con los datos expuestos ante el juez, el caso se remonta a febrero de 2020. La afectada observó una lona publicitaria instalada en el fraccionamiento José Guadalupe Peralta Gámez donde se anunciaba la venta de una vivienda, acompañada de un número telefónico para solicitar informes.
Tras comunicarse, la mujer presuntamente sostuvo contacto con Alfonso “N”, a quien le expresó su intención de vender su casa para adquirir otra propiedad. El hombre comenzó entonces a enviarle por WhatsApp diversas direcciones de inmuebles que, según él, podían adquirirse mediante remates bancarios.
Entre las opciones, la víctima mostró interés por una casa ubicada en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes. El imputado le indicó que para apartarla debía cubrir 40 mil 320 pesos, además de 30 mil pesos por trámites y asesoría, y 16 mil 128 pesos por comisión.
Confiando en el supuesto proceso, la mujer entregó primero 70 mil 320 pesos en efectivo y recibió a cambio un contrato de prestación de servicios. Ese mismo día realizó otro pago por 16 mil 128 pesos.
Para sostener el engaño, presuntamente recibió documentos y oficios con sellos, logotipos y firmas que aparentaban ser del INFONAVIT, lo que reforzaba la idea de que el trámite estaba en marcha.
La farsa se vino abajo cuando la afectada acudió directamente a las oficinas del instituto, donde le informaron que dicho procedimiento no existía.
Tras la denuncia, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y llevó el caso ante un juez de control, quien resolvió vincular a proceso a Alfonso “N”. Como medida cautelar, se le prohibió salir del país sin autorización judicial y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.