Cuando la ficción invade la realidad: El precedente detrás de “La reina del Sur” Merca2.0

La discusión pública dentro de la industria del entretenimiento volvió a ocupar un lugar central tras la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la controversia promovida por Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, en contra de Telemundo por el uso no autorizado de su imagen vinculado a la promoción de la serie titulada “La Reina del Sur”.

Más allá de las narrativas mediáticas o de la curiosidad natural que despiertan las producciones televisivas inspiradas en personajes (personas) reales, el caso obliga a retomar una discusión jurídica que desde hace tiempo ha estado presente en la industria audiovisual: los límites entre la libertad creativa, la explotación comercial de contenidos y los derechos de las personas cuya historia o identidad puede ser utilizada directa, indirecta o circunstancialmente para la creación en una obra.

Un concepto básico para comprender los “derechos o atributos de la personalidad”, sería el de aquel “patrimonio moral” exclusivo, intransmisible, irrenunciable e inembargable que se fundamenta en cualidades físicas, cualesquiera que puedan ser los elementos que permitan su plena identificación sin importar la forma y/o modo y, morales y/o psicológicos y/o psíquicos del ser humano individualizado, que lo diferencia de cualquier otro y, que a su vez, se encuentra sí o sí, vinculada de una u otra forma a su imagen y, como resultado de ello, cuantificable económicamente.

Por cuanto hace al “derecho a la propia imagen”, que por ninguna razón debe entenderse como sinónimo o condición de poder estar supeditado a una posible notoriedad o fama que pudiere atribuírsele socialmente a una persona y, en concepto, corresponde a elementos tales que pudieran conformarla como el físico en su totalidad, o rasgos físicos, comportamiento, reacciones, gustos, psicología, creencias, costumbres, religión, moral, sexualidad, frases distintivas, incluso el nombre y la voz, que permitan la identificación de alguien sin la absoluta necesidad de que cada uno de estos elementos actúen en conjunto. Todas estas características que a su vez pueden capitalizarse en una persona como un efectivo y valioso activo, son igualmente vulnerables al poder ser susceptibles en caso de cualquier uso inadecuado y/o doloso que actúen en contra del honor, la reputación, prestigio, vida privada, intimidad, integridad, etc.

En este mismo contexto, resulta igualmente relevante comprender lo que jurídicamente debe entenderse como “datos personales”, siendo cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, es decir, cualquier elemento que permita directa o indirectamente reconocer la identidad de un individuo. Esto puede comprender desde información básica como nombre, imagen, voz, domicilio o datos de contacto, hasta elementos más específicos relacionados con características físicas, conductuales, biométricas, sociales o patrimoniales. De manera adicional, la propia legislación reconoce la existencia de los llamados “datos personales sensibles”, aquellos que afectan la esfera más íntima de la persona o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o representar un riesgo grave para el titular, como pueden ser el origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, opiniones políticas o preferencia sexual.

Hoy en día, nos enfrentamos a la complicada tarea de defender esta clase de derechos cuando quien los transgrede intenta cuestionar la restricción de los mismos a, 1) si se trata de una persona “famosa”, 2) si se trata de una persona o figura “pública” e, incluso, 3) si se trata de una persona “conocida”, además, anteponiendo como escudo para poder violentar tales prerrogativas el obsceno abuso del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, pretendiendo entrometerse o inmiscuirse en casos específicos con fines comerciales en cualquier etapa personal sin responsabilidad alguna, omitiendo por completo principios humanos fundamentales como los establecidos, entre otros, en la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y La Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), e incluso la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como su reglamento.

Como consideraciones adicionales y complementarias a lo expuesto, debemos siempre tener presentes conforme al common law el “right of publicity” (derecho para controlar el uso comercial del nombre y/o imagen de una persona) y el “right to privacy” (derecho a oponerse a la revelación o publicación de cierto tipo de información, mantenerse solo o aislado y oponerse a que una autoridad se entrometa en temas y decisiones estrictamente personales), sin embargo al final, el “blindaje” que puede otorgar un ordenamiento jurídico a la intimidad y al honor no es siempre absoluto o efectivo.

La discusión se vuelve particularmente relevante cuando estos derechos se intersectan con la industria del entretenimiento. En el caso recientemente resuelto por la Corte, el debate no giró necesariamente sobre si una serie televisiva puede o no inspirarse en hechos o personajes (personas) reales, sino sobre algo mucho más concreto: el uso de la imagen de una persona -real- con fines promocionales para capitalizar comercialmente un producto audiovisual sin su consentimiento.

Es importante considerar que muchas producciones audiovisuales contemporáneas no surgen como obras originales en sentido estricto, sino como adaptaciones de obras literarias. Tal es el caso de la serie televisiva La Reina del Sur, cuya génesis creativa se encuentra en la novela homónima escrita por Arturo Pérez-Reverte. Desde la perspectiva del derecho de autor, esto implica que la obra audiovisual constituye una obra derivada, es decir, una transformación o adaptación autorizada de una obra literaria preexistente, lo cual supone una cadena de derechos claramente identificable entre el autor de la novela, los titulares de los derechos de adaptación y los productores de la obra audiovisual. Sin embargo, la existencia de esta base autoral no excluye ni neutraliza la posible coexistencia o violación de derechos de terceros.

El común argumento como defensa de “esta es una serie de eventos ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”, es tan estéril como absurdo. El hecho de que pueda tratarse de una biografía no autorizada no implica que sea ficción, y menos, cuando trata de una persona real y claramente identificable, ya que aún y cuando pueda tratarse de acontecimientos de “interés general o público”, no puede dejar de suponer un posible daño, ya sea por la obscena veracidad o por la exagerada ficción.

Al final, cada caso es distinto, con un tratamiento diferente y un enfoque particular cuyos elementos permiten ángulos adicionales de reclamo o de defensa, por lo que la resolución de la Corte, en ese sentido, reaviva una discusión que se tendrá que seguir enfrentando: ¿Hasta dónde puede llegar la inspiración creativa cuando existe la posibilidad de identificar claramente a una persona cuya historia, características o contexto terminan siendo utilizadas como parte de un producto comercial?

Guillermo Pous Fernández.

@guillermopous