Mexicano ofrecía empleo en EEUU a compatriotas para “mejorar su vida” pero se declaró culpable de explotación y trabajo forzado bajo un esquema aparentemente legal El Imparcial
Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, conocido como Quichi, se declaró culpable en un tribunal federal en Tampa, Florida, de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas y Influenciadas por el Crimen (RICO).
Este caso involucra a una red criminal que explotó a trabajadores mexicanos del programa H-2A entre 2015 y 2017, quienes fueron traídos a los Estados Unidos para trabajar en la cosecha de frutas, verduras y otros productos agrícolas, según información del diario Reforma.
Villatoro Moreno y sus coacusados operaban la empresa Los Villatoros Harvesting (LVH), que los obligaba a trabajar en condiciones degradantes y con salarios bajos en varios estados de EE.UU.
¿Cómo era la red criminal de Villatoro y su modus operandi?
De acuerdo con los documentos judiciales, Villatoro Moreno y sus coacusados gestionaban Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa de contratación de mano de obra agrícola que operaba como una empresa criminal.
Esta empresa reclutaba fraudulentamente a trabajadores mexicanos para que vinieran a los Estados Unidos con visas H-2A, prometiendo empleo en la cosecha de productos agrícolas, pero luego engañaban a las autoridades estadounidenses para obtener las visas de manera ilegal.
Los trabajadores, que viajaban bajo el engaño de ser empleados en condiciones legales y favorables, se veían obligados a trabajar largas horas bajo condiciones de explotación. Entre las tácticas de abuso utilizadas, se encuentran:
- Cobraban tarifas de reclutamiento exorbitantes.
- Les mentían sobre el salario, las horas de trabajo y las condiciones laborales.
- Los trabajadores eran obligados a trabajar seis o siete días a la semana, por salarios muy bajos.
¿Qué condiciones tenían los mexicanos que se llevaban a Estados Unidos?
Además de las malas condiciones laborales, Villatoro Moreno y sus coacusados utilizaban coacción para obligar a los trabajadores a cumplir con sus demandas. Entre las prácticas coercitivas, se destacan las siguientes:
- Imposición de deudas a los trabajadores.
- Confiscación de pasaportes.
- Condiciones de vida insalubres y aglomeradas.
- Abusos verbales y humillación pública.
- Amenazas de arresto, prisión y deportación.
- Aislamiento social de los trabajadores, impidiéndoles interactuar con personas fuera de los empleados de LVH.
- Amenazas a los familiares de los trabajadores en México si no cumplían las demandas.
Estas acciones formaban parte de un sistema de explotación y control que mantenía a los trabajadores en una situación de miedo y sumisión, sin posibilidad de escapar de las condiciones abusivas.
Obstrucción de la justicia
Cuando las autoridades federales comenzaron la investigación, Villatoro Moreno intentó obstruir la investigación.
Preparó información falsa sobre las nóminas para ocultar los bajos salarios pagados a los trabajadores y distribuyó recibos falsos de reembolsos para hacer parecer que la empresa cumplía con la ley al reembolsar a los trabajadores sus gastos de viaje.
Sentencias y consecuencias para los coacusados
Cuatro de los coacusados de Villatoro Moreno ya se declararon culpables en relación con el esquema de explotación. Bladimir Moreno, hermano de Villatoro, quien era propietario de LVH, se declaró culpable en 2022 y fue condenado a 118 meses de prisión y a pagar más de $175,000 en restitución a las víctimas.
Efraín Cabrera Rodas y Christina Gamez, supervisores de LVH, recibieron sentencias de 41 meses y 37 meses de prisión, respectivamente. Por otro lado, Guadalupe Mendes Mendoza, otro supervisor, fue sentenciado a ocho meses de detención domiciliaria y una multa de $5,500.
Investigación y extradición
La Palm Beach County Human Trafficking Task Force, que incluye al FBI, Immigration and Customs Enforcement Homeland Security Investigations y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, investigó el caso.
Además, el Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), ayudó en la extradición de Villatoro Moreno a los Estados Unidos.
El caso fue procesado por Matthew Thiman, fiscal de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales de la División Criminal, e Ilyssa Spergel, fiscal asistente del Distrito Medio de Florida. También participó Maryan Zhuravitsky, exfiscal y actual fiscal asistente del Distrito de Maryland.
