Narcoviolencia y narcoestado en el México bárbaro y su capitalismo salvaje (I)

Por Román Munguía Huato

“Vamos muy bien en nuestra estrategia porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia, vamos muy bien.”

Andrés Manuel López Obrador (octubre, 2019).

1. La mañana del 22 de febrero en Guadalajara parecía un domingo apacible más para la mayoría de sus habitantes: era un día soleado y agradable; pero un rayo en cielo sereno cayó en la gran urbe causando desasosiego febril. El cielo azul, en algunos puntos del horizonte citadino, se empezaba a nublar por las columnas de las humaredas de los vehículos, locales comerciales y bancos quemados. Aunque hubo enfrentamientos armados entre células del narco y efectivos de la Guardia Nacional y policías, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se apoderó de la ciudad durante todo el día, atemorizando a la población.

La metrópoli de casi 5 millones y medio de habitantes empezó a ser escenario bélico, con el estruendo de balaceras por doquier y, en algunos lugares, se incendiaban locales comerciales y todo tipo de vehículos para provocar narcobloqueos en avenidas importantes. Esta ciudad es la tercera más grande del país después de la zona metropolitana de la Ciudad de México y Monterrey. Su área metropolitana, junto con diversos municipios del estado de Jalisco, registra el mayor número de narcobloqueos en el país desde hace 15 años.

2. La población entera entró en zozobra al conocer por la radio y televisión el operativo del Ejército en Tapalpa (municipio de Jalisco a 133 kilómetros de Guadalajara) en contra de Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, jefe del CJNG, y en cuestión de horas la ciudad se paralizó totalmente, pues la mayoría de la gente buscó resguardo en sus casas. Cierto es que no era la primera vez que en la ciudad sucedía tal calamidad generada por la narcoviolencia–terrorista. Desde 2011 ha habido narcobloqueos y quema de vehículos realizados por el crimen organizado; en agosto de 2012 hubo 16 bloqueos y el 1 de mayo de 2015 aconteció una de las jornadas más violentas perpetradas por el CJNG, incendiando vehículos, autobuses y comercios en diversos lugares, incluyendo el derribo de un helicóptero del Ejército. Otros episodios violentos han ocurrido esporádicamente en años intermedios, caracterizados por el despojo de autos a civiles para prenderles fuego y bloquear vías principales.

3. Los “daños colaterales” por la narcoviolencia–terrorista en Guadalajara y otras ciudades a partir de la captura y muerte de El Mencho fueron: en primer lugar, la muerte de una mujer embarazada frente a sus hijos por balazos de sicarios a un módulo de seguridad policiaco en Zapopan, municipio de Jalisco; desde luego, este hecho es intencional y no un mero accidente en un fuego cruzado, sino un vil asesinato dentro de un contexto generado por la violencia desatada por el CJNG. El recuento de víctimas durante el operativo fue por lo menos de 73 personas, incluida la muerte del propio Mencho: 28 efectivos de las Fuerzas Armadas —3 del Ejército y 25 de la Guardia Nacional— y 34 sicarios del cártel.

Asimismo, se registró el incendio de camiones de carga, autobuses del transporte público y autos particulares para bloquear carreteras en Jalisco y en tres entidades, así como el cierre de avenidas principales de la ciudad (se quemaron cerca de 95 vehículos). Se reportaron 630 vehículos robados en todo el país, de los cuales 400 son de Jalisco; suspensión parcial de corridas de autobuses foráneos de la Ciudad de México a Colima y Monterrey; suspensión casi generalizada del transporte público; aeropuertos cerrados y cancelación parcial de vuelos locales e internacionales en Guadalajara y Puerto Vallarta; más de 200 establecimientos comerciales quemados y vandalizados (88 por ciento de las empresas en Jalisco sufrieron pérdidas económicas por 2 mil millones de pesos); desabasto de alimentos, ocasionando largas filas para adquirir comestibles básicos; incendio de oficinas bancarias públicas (Bancos del Bienestar); y suspensión de clases en todos los niveles educativos.

4. El gobierno de Jalisco activó el Código Rojo a partir de las 9 horas de la mañana del domingo y fue levantado el 24 de febrero de 2026. Dicho Código es la alerta máxima para la seguridad ciudadana e instaron a la población a no salir de sus casas. Aunque las cifras oficiales no coinciden, se dice que en el operativo en Tapalpa para capturar al capo di tutti i capi participaron entre 2 mil 500 y 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas. Cual haya sido la cifra, el hecho es que en Guadalajara hubo poca presencia de fuertes destacamentos militares y policiacos, quedando la ciudad prácticamente a merced de los ataques de los grupos armados de los sicarios del CJNG. Nunca hubo ningún retén militar ni policiaco en las principales carreteras de acceso a Guadalajara para detener el ingreso de estos grupos de sicarios que se desplazaron en autos, camionetas y motos para causar los disturbios. Según el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, hubo 37 enfrentamientos con civiles armados: 22 en el área metropolitana y 15 en otros municipios.

El Gobierno Federal dispone de un Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), presidido por la titular del Poder Ejecutivo (Claudia Sheinbaum), e integrado por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (Omar García Harfuch), Gobernación (Rosa Ícela Rodríguez), Defensa Nacional (general Ricardo Trevilla Trejo), Marina (almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles), la Fiscalía General de la República (Ernestina Godoy Ramos) y gobernadores de las entidades federales, entre los principales miembros.

Este CNSP, creado en 1995 durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce, es una formalidad político–burocrática, pues en los hechos prácticos es totalmente ineficiente; a su vez, el SNSP no tiene ninguna verdadera estrategia para atenuar el gravísimo problema de la inseguridad ciudadana. La hiperviolencia social, con las desapariciones y crímenes, se ha agudizado en las últimas décadas, especialmente durante el pasado sexenio y el actual. Un ejemplo de la ineptitud del CNSP es lo acontecido dramáticamente en Guadalajara, pues a pesar de que conocía la inminente reacción violenta del CJNG con el operativo militar, nunca se estableció ninguna medida preventiva para la protección de la población, especialmente la de la zona metropolitana, epicentro de la narcoviolencia desatada.

¿Por qué se dejaron las manos libres al CJNG, acorde a la política neoliberal gubernamental de dejar hacer y dejar pasar (laissez faire, laissez passer) las actividades criminales de los cárteles de la droga? ¿Hay un propósito perverso de causar deliberadamente un shock a la población para que acepte el proceso de militarización creciente del país a partir de 2019? ¿Por qué tardó el gobierno federal 15 años en realizar el operativo pese a que el líder criminal tenía orden de aprehensión desde 2012 por delincuencia organizada y secuestro?

También surge la pregunta de si hay un cambio radical de estrategia del gobierno federal en su política frente a las organizaciones narcotraficantes con el operativo en Tapalpa. Es decir, ¿“los abrazos y no balazos” se sustituyen por balazos y no abrazos? Consideramos que eso se verá en el futuro inmediato, pues el operativo del Ejército por el momento es un hecho aislado y tendría que haber muchas más acciones antinarco y, sobre todo, configurarse realmente una estrategia de protección ciudadana, cuestión inexistente hasta el momento.

Mañana, miércoles 11 de marzo, se publicará una segunda (y última) parte, en continuación de este texto.