Mujeres: derechos, justicia y democracia La Aurora de México
El 8M, como se conoce internacionalmente al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es una fecha para celebrar. Naciones Unidas lo concibe como un momento de memoria, reflexión y rendición de cuentas sobre el cumplimiento real de los derechos.
Este año, el llamado internacional se resume en tres palabras: derechos, justicia y acción. El énfasis está puesto en una de las brechas más profundas de nuestras democracias: el acceso efectivo a la justicia.
Durante décadas, la agenda de igualdad se concentró en el reconocimiento formal de derechos: el derecho al voto y a ser electas, la igualdad ante la ley y, la paridad en la representación política. México ha sido pionero en varias de estas reformas constitucionales y legales. Sin embargo, el reconocimiento jurídico no es suficiente.
La verdadera prueba de una democracia incluyente aparece cuando esos derechos son vulnerados y las instituciones deben protegerlos.
El acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de presentar una denuncia. Implica una cadena completa de obligaciones para el Estado: investigar con debida diligencia, dictar medidas de protección oportunas, sancionar a los responsables, reparar el daño y garantizar la no repetición. Cuando alguno de estos eslabones falla, la igualdad corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo.
Uno de los ámbitos donde esta brecha se ha vuelto más visible es la violencia política contra las mujeres. A medida que la participación femenina en la vida pública ha crecido, también han surgido distintas formas de agresión destinadas a limitarla o castigarla.
El rasgo distintivo de la violencia política contra las mujeres, es precisamente el elemento de género. Se presenta cuando las conductas buscan impedir o restringir el ejercicio de los derechos políticos de una mujer por el hecho de ser mujer, o cuando se apoyan en estereotipos que históricamente han excluido a las mujeres de los espacios de poder.
Las presiones para renunciar a un cargo, las amenazas, las campañas de desprestigio basadas en la vida personal o las descalificaciones sobre la capacidad de las mujeres para ejercer funciones públicas son algunas de las manifestaciones más frecuentes de este fenómeno.
En México, además, existen datos institucionales que permiten dimensionarlo. En el INE, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres reporta 479 registros ordenados por distintas autoridades desde 2020, con 432 personas inscritas, de las cuales 356 son hombres y 76 mujeres. Estos datos reflejan que muchas de estas conductas buscan desacreditar, intimidar o excluir a las mujeres del ejercicio del poder.
Reconocer esta modalidad de violencia ha sido un paso fundamental para proteger los derechos políticos de las mujeres. Pero su efectividad depende, nuevamente, de la capacidad de las instituciones para investigar, sancionar y reparar. El 8 de marzo nos recuerda algo fundamental: la igualdad no se mide solo por lo que dicen las leyes. En democracia, los derechos existen solo cuando pueden hacerse valer.
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