Un error de la FGR provocó “tambaleo” en el megacaso de huachicol fiscal por error de la FGR, tras caer la vinculación de un empresario en un expediente por 28.7 millones de litros de diésel y 173 millones de pesos El Imparcial
CIUDAD DE MÉXICO.- El que ha sido presentado como uno de los expedientes más grandes de huachicol fiscal en México entró en una fase delicada.
Un tribunal revocó la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra Edgar Marín Meza Moreno, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) omitió notificar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), una falla que ahora pone en riesgo la solidez del caso. La información fue publicada este lunes por Reforma, mientras que el contexto corporativo y operativo de las empresas involucradas fue documentado en una investigación de MCCI difundida en junio de 2025.
El expediente gira alrededor de una importación realizada en octubre de 2019 en el buque Atlantic Bay. Según el reporte de Reforma, se declararon 7.2 millones de litros de diésel, aunque en realidad habrían ingresado 28.7 millones de litros, una diferencia que habría causado un daño fiscal de 173 millones de pesos por derechos e impuestos no cubiertos.
El caso importa no sólo por el monto, sino porque conecta con una red de empresas, contratos de combustible y rutas de distribución que, según MCCI, también rozan operaciones con Pemex, Sedena y compañías señaladas en investigaciones por tráfico ilícito de hidrocarburos.
¿Qué fue lo que pasó en el caso que ahora se ‘tambalea’?
De acuerdo con Reforma, el tribunal revocó la vinculación a proceso porque la FGR no notificó a la ANAM, una omisión procesal que debilitó la acusación por contrabando de combustible contra Marín Meza Moreno. El punto es relevante porque, en delitos vinculados con importaciones y aduanas, la intervención formal de la autoridad competente no es un detalle menor: puede afectar la legalidad del procedimiento y abrir la puerta a que una defensa derribe actos del Ministerio Público.
El caso se refiere a la llegada del buque Atlantic Bay en octubre de 2019. Según la publicación, el importador sólo reportó 7.2 millones de litros de diésel, aunque la carga real habría sido de 28.7 millones de litros. Esa diferencia es la base del señalamiento de contrabando y del presunto daño al fisco.
Te puede interesar: Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas, el contratista de Pemex y padre detrás de la fiesta de XV años de 45 millones de pesos que se volvió viral en redes
¿Por qué este expediente era considerado uno de los más importantes?
La dimensión del caso está en el volumen de combustible y en el impacto fiscal. Reforma reportó que la maniobra habría provocado un perjuicio de 173 millones de pesos, tanto por derechos que no pagó el importador como por IEPS e IVA que tampoco se habrían cubierto en el consumo de combustible colocado en el mercado irregular. En otras palabras, no se trata sólo de una importación mal declarada, sino de un posible esquema con efectos en recaudación, competencia y trazabilidad del combustible.
Además, el nombre de Impulsora de Productos Sustentables ya aparecía en otros trabajos periodísticos sobre redes de comercialización de hidrocarburos. MCCI documentó que esa empresa formaba parte de una estructura empresarial donde también aparece Ecocarburante, y que varios de sus actores compartían cargos, poderes o relaciones financieras.
¿Quién es Edgar Marín Meza Moreno y qué empresas aparecen en el contexto?
MCCI publicó en un artículo en 2025 que Édgar Marín Meza Moreno había sido presidente del consejo de administración tanto de Impulsora de Productos Sustentables como de Ecocarburante. Esa conexión es central para entender por qué el caso no se ve como un hecho aislado, sino como parte de una red empresarial más amplia que ya había sido observada en trabajos de investigación periodística.
La misma investigación señaló que Impulsora de Productos Sustentables llegó a un acuerdo con Pemex Transformación Industrial para actuar como intermediaria en la distribución de turbosina y gasavión para Interjet.
MCCI sostuvo que los detalles quedaron asentados en un acta de asamblea del 3 de julio de 2019, donde se mencionó ese contrato y las expectativas de obtener participación en futuras utilidades derivadas de negocios con Pemex.
¿Qué relación tendría este caso con Ecocarburante, Sedena y el AIFA?
Aquí entra una parte clave del contexto. MCCI reportó que Impulsora de Productos Sustentables mantenía vínculos de negocios con Ecocarburante, a la que identificó como proveedora de combustible de la Sedena.
Según esa investigación, en una asamblea notariada del 10 de diciembre de 2020 quedó constancia de que la primera empresa le adeudaba 175 millones de pesos a la segunda, monto que sería usado para capitalizar a Ecocarburante.
A partir de ese movimiento, MCCI señaló que las acciones de Ecocarburante quedaron concentradas principalmente en Edgar Marín Meza Moreno, con una aportación equivalente al 81%, mientras Eric Daniel Zamora Delgadillo quedó con el 19%.
La relevancia pública de esa operación aumentó porque, según la misma investigación, Ecocarburante mantenía abiertos contratos con la Sedena para abastecer combustible en obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
¿Qué conexión aparece con Teuchitlán y con las investigaciones por huachicol?
MCCI también ligó esta red con empresas relacionadas con la familia del exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago.
En su investigación de junio de 2025 retomó además una declaración del fiscal Alejandro Gertz Manero en la mañanera del 20 de mayo, donde afirmó:
“El expresidente municipal de Teuchitlán -que está ya procesado y en la cárcel-, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, para mover ese combustible, y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.
Ese señalamiento no prueba por sí mismo todas las responsabilidades penales de cada empresa o socio mencionado, pero sí ayuda a entender por qué el caso del Atlantic Bay es seguido con tanta atención: la investigación sobre combustible presuntamente introducido de manera irregular se cruza con decomisos mayores, transportistas señalados y una red mercantil que ya había aparecido en reportes sobre traslado y comercialización de hidrocarburos.
¿Qué pasa con Gunvor Group y por qué ese dato debe manejarse con cuidado?
En la información base se afirma que Gunvor Group, multinacional con sede en Suiza, fue “bloqueada” el año pasado por el Departamento del Tesoro. Con lo revisado, esa formulación no está suficientemente sustentada.
Lo que sí aparece en fuentes verificables es que, en noviembre de 2025, el Tesoro de EEUU se opuso a una operación de Gunvor sobre activos de Lukoil y la describió públicamente en términos severos; posteriormente, la propia compañía rechazó esos señalamientos y retiró su oferta. No encontré, en las fuentes oficiales revisadas aquí, evidencia de una sanción formal presentada exactamente como “bloqueo” de Gunvor Group en ese contexto.
Por eso, en una redacción periodística sólida, lo correcto es decir que Gunvor fue mencionada como vendedora del diésel en el caso reportado por Reforma, pero evitar afirmar como hecho cerrado que la empresa fue “bloqueada” por el Tesoro si no se va a acompañar con un documento oficial que lo acredite de forma precisa.
¿Qué significa para el caso que se haya revocado la vinculación a proceso?
No significa automáticamente que el expediente haya terminado ni que la conducta investigada haya quedado descartada. Lo que sí significa es que la acusación recibió un golpe procesal serio. Cuando un tribunal revoca una vinculación por una falla de procedimiento, el caso puede debilitarse, retrasarse o requerir que la autoridad reconstruya parte de su estrategia jurídica.
En un asunto de esta magnitud, ese tipo de resoluciones suele impactar tanto la posibilidad de judicializar de nuevo como la fortaleza de futuras imputaciones. Esta parte es una inferencia jurídica razonable a partir del efecto procesal reportado, no un anuncio de cierre definitivo del caso.
Qué sigue en el caso y por qué importa
A partir de este punto, hay tres temas que vale la pena vigilar:
- El primero es si la FGR corrige la falla procesal y busca reencauzar el expediente.
- El segundo es si las autoridades amplían o sostienen las líneas de investigación sobre las empresas vinculadas en reportes previos de MCCI.
- Y el tercero es si aparecen nuevas resoluciones judiciales que aclaren hasta dónde llega la responsabilidad penal o administrativa por la importación del Atlantic Bay y por los circuitos de distribución relacionados.
Esta nota se elaboró con base en el reporte de Reforma publicado el 9 de marzo de 2026 sobre la revocación de la vinculación a proceso, la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad difundida el 30 de junio de 2025 sobre la red empresarial ligada al caso, y reportes adicionales sobre las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero y el estatus público de Gunvor Group en fuentes periodísticas y oficiales consultadas.
