Trib.El instructor del caso "Ignis": "El cambiazo de ataúdes no pudo hacerlo una persona y precisaba de infraestructura" Infobae

El instructor de la Policía Nacional en el denominado "Caso Ignis", relativo al cambiazo de ataúdes entre 1995 y 2015 en el seno de la Funeraria El Salvador de Valladolid, ha asegurado este lunes que la actividad delictiva no la pudo llevar a cabo en solitario el empleado Justo Martín Garrido sino que la operativa exigía de una infraestructura y, sobre todo, del concurso de más trabajadores del grupo funerario.

El testimonio del jefe del Grupo de Homicidios en Valladolid abría este lunes la fase de testificales--por la sala "desfilarán" más de doscientos hasta junio--en el juicio iniciado la pasada semana en la Audiencia de Valladolid, donde el instructor ha apuntado que el citado operario, Justo Martín, ya fallecido, atesoró entre 1995 y 2015 una ingente cantidad de pruebas sobre la actividad delictiva desarrollada durante dicho periodo, fundamentalmente compuesta por 26 libretas, carpesanos con certificados de defunción, tres pendrive, numerosas fotografías de ataúdes y cadáveres y carretes con más instantáneas aún sin revelar.

El material atestiguaba que en el periodo investigado el grupo funerario habría realizado un total de 5.984 cambiazos de ataúdes y la reutilización de más de 900 motivos florales, todo ello recogido por Justo Martín, a la postre principal prueba de cargo contra las veintitrés personas ocupantes del banquillo.

El autor de este ingente reportaje fue detenido en agosto de 2017, a raíz de la denuncia que entonces presentó contra él Ignacio Morchón Vaquero, gerente del grupo funerario, al acudir a la policía al sentirse sometido una "extorsión de manual", como así ha destacado el instructor al recordar el intento del trabajador de presionar para que le subiesen las bases de cotización para que le quedara una jubilación más ventajosa.

"Ignacio Morchón Vaquero y su abogado nos contaron lo sucedido y nos entregaron dos cartas manuscritas por el trabajador dirigidas al padre del primero en las que amenazaba con contar todo lo que sabía de los últimos veinte años", ha explicado el instructor, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha indicado que a partir de esa información se detuvo al presunto extorsionador y se registró su vivienda donde se ocupó un tercer manuscrito del mismo tenor.

"El material representa la base de la extorsión y ya entonces tuvimos claro de que estábamos ante otro tipo de hechos en los que el propio Justo Martín había tenido participación, como él mismo reconoció", de ahí que la policía inició una investigación para corrobarar la veracidad del material incautado y las fotos en las que se hacía contar la inscripción "CSI" y "CNO", en alusión en el primer caso a féretros a los que se había dado el cambiazo y en el segundo a aquellas cajas originales con las que se había incinerado a los fallecidos.

TAMBIÉN NIÑOS AFECTADOS

En el transcurso de esas pesquisas, el testigo ha indicado que se pudo constatar que la mecánica consistía en simular la incineración en el tanatorio situado en Valladolid para luego realizar la cremación en el cementerio de Santovenia, donde, supuestamente, se producía el cambiazo del ataúd por otro de mucho inferior valor o incluso por una palé. El agente incluso ha asegurado que a partir de 2000 esa dinámica se extendió también a las cremaciones infantiles.

A través de las entrevistas realizadas a los familiares de los afectados, éstos aseguraron que en todo momento entendían que la inicineración se realizaba en el tanatorio, que no se les dejó presenciar ese duro momento y, además, reconocieron fotos de sus fallecidos en los que aparecían en cajas que no habían contratado.

Pero para esta operativa, el instructor asegura que es imposible que la llevara en solitario Justo Martín y que tuvo que contar, necesariamente, con el apoyo de otros trabajadores.

"Es imposible que una persona pudiera trasladar el cadáver desde el tanatorio hasta el cementerio y, una vez allí, colocarlo en un soporte e introducirlo en el horno crematorio. Son tareas en las que se coloca a pulso la caja, no estamos hablando de un pendrive, y esa tarea es imposible que la haga una sola persona", ha afirmado, categórico, el funcionario policial, en referencia al auxilio de otros compañeros con que tuvo que contar Justo Martín.

La investigación, ha añadido el instructor, detectó también un "desfase" entre los ataúdes adquiridos y los que se habrían necesitado para realizar los servicios, lo que, en su opinión, revela la existencia de "operaciones ficticias" para tratar de justificar la adquisición de ese material en las que habría participado la empresa de la familia Senovilla, también encausada y encargada del suministro de cajas.

"ESTO ES UNA PILLADA"

Todos esos indicios llevaron a la policía a la detención de los presuntos implicados, inicialmente quince en una primera fase, y para ello se contó con el "pinchazo" de los teléfonos de los principales sospechosos, actuación que el funcionario ha justificado en la necesidad de "tener localizados a todos y evitar entre ellos posibles filtraciones.

De hecho, el testigo ha sostenido que el tenor de esas conversaciones fue "revelador" para la investigación. Entre esas interlocuciones, el funcionario ha puesto el énfasis en una conversación mantenida por un miembro de los Morchón, tras explotar la operación en enero de 2019, en la que ya mostraba la trascendencia de la misma. "¡Esto es una pillada!", es la frase que el testigo ha puesto en boca de dicha persona que comparte banquillo con los otros veintidós encausados.

El máximo responsable de Homicidios de la Policía Nacional en Valladolid también ha recordado que tras producirse las primeras detenciones, una antigua trabajadora del grupo se puso en contacto con ellos para denunciar que estaba al corriente de los hechos denunciados que había mantenido en silencio hasta entonces por miedo a perder su trabajo. "Nos contó que los ataúdes que se quemaban los llamaban de reciclaje y que los buenos los llevaban a un garaje y luego los volvían a llevar al tanatorio para venderlos de nuevo", ha sentenciado.

La jornada se ha abierto con una agria discusión entre el letrado de la familia Morchón y el magistrado presidente de la sala cuando el primero ha expresado su protesta por una serie de decisiones adoptadas en la primera sesión y ha pretendido desarrollar sus motivos, sin que el magistrado se lo autorizara, momento en el que el abogado ha mostrado su malestar y ha tratado de continuar con su exposición.

"¡Soy el principal defensor y no he conseguido completar mi alegato!", ha recriminado el abogado, para acto seguido enzarzarse con el presidente del tribunal, cada vez en tono más elevado, hasta que el magistrado le ha retirado la palabra. "Yo ni en broma esperaba esto", ha respondido el defensor, poniendo así fin al tenso momento vivido en los prolegómenos de la primera sesión con la que comenzaban las testificales.

Tras la exposición realizada por el instructor, la jornada ha contado también con el testimonio de otros siete agentes, dos de ellos municipales, que intervinieron en los distintos registros.

El juicio continúa mañana. El Ministerio Público dirige su acusación contra un total de 23 personas físicas, entre ellas la viuda y los tres hijos del fundador, para quienes solicita las penas más elevadas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios figuran las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L..