Partidos en crisis: la democracia mexicana sin pluralismo | Artículo de Mario Luis Fuentes Editorial Aristegui Noticias

Por Mario Luis Fuentes

La democracia mexicana atraviesa una paradoja histórica. Nunca antes, desde la transición política iniciada en las últimas décadas del siglo XX un partido había concentrado tal cantidad de poder institucional como hoy lo hace Morena. La fuerza política que surgió como expresión de un profundo descontento social frente a la corrupción, la desigualdad y el desgaste del sistema de partidos ha logrado una presencia dominante en prácticamente todos los espacios de representación y gobierno. Sin embargo, esa misma concentración de poder revela una fragilidad estructural del sistema político: la crisis profunda de los partidos como mediadores entre la sociedad y el Estado.

El debilitamiento simultáneo de las fuerzas opositoras -PRI, PAN y Movimiento Ciudadano- y la fragilidad orgánica de los propios aliados del partido gobernante -el Partido Verde y el Partido del Trabajo- no puede reducirse a una mera crisis de organizaciones partidistas. Es, por el contrario, y en sentido estricto, una crisis del pluralismo político. En efecto, el hecho de que los partidos políticos hayan perdido la capacidad de representar intereses sociales diferenciados, el sistema democrático ha entrado en una dinámica que puede llevarlo haca la consolidación una estructura de dominación, electoralmente legitimada, pero empobrecida en su diversidad de voces.

Lo anterior obliga a pensar más allá de la tradición liberal que ha imperado en el país; por ejemplo, en la tradición del pensamiento socialdemócrata, los partidos políticos no son meras maquinarias electorales. Constituyen instituciones fundamentales de la democracia porque cumplen una función de mediación: articulan demandas sociales, organizan la competencia por el poder y convierten conflictos potencialmente destructivos en procesos institucionalizados de deliberación pública. Sin esa mediación, la política se desplaza hacia formas personalistas de liderazgo o hacia dinámicas plebiscitarias que debilitan el tejido institucional.

La historia reciente de México permite observar cómo esta mediación institucional fue el resultado de un proceso largo y gradual. Durante gran parte del siglo XX, el sistema político mexicano estuvo dominado por un partido hegemónico que limitaba severamente la competencia electoral. Sin embargo, mediante sucesivas reformas político-electorales, el Estado mexicano fue abriendo progresivamente espacios para la pluralidad. Aquellas reformas no surgieron exclusivamente desde la presión social o desde la oposición política; fueron también decisiones institucionales del propio Estado orientadas a garantizar la estabilidad del régimen mediante la inclusión gradual de nuevas fuerzas políticas.

Este proceso permitió que, hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, México consolidara un sistema competitivo en el que la alternancia en el poder se volvió una posibilidad real. La pluralidad partidista estaba lejos de acercarse a lo deseable, pero sí constituía un mecanismo relativamente eficaz para canalizar la diversidad política del país.

Sin embargo, ese equilibrio comenzó a erosionarse con la profunda crisis de legitimidad que estalló durante la segunda década del siglo XXI. La corrupción gubernamental, el incremento de la violencia y la incapacidad de los gobiernos para reducir las desigualdades sociales minaron aceleradamente la confianza ciudadana en las instituciones existentes. El triunfo de Morena en 2018 fue, en gran medida, la expresión política de esa crisis. La ciudadanía no solamente votó por un nuevo proyecto político; votó también contra un sistema partidista que percibía como incapaz de representar sus demandas.

Pero la transformación política que siguió a ese momento se apoyó en una dinámica ambivalente. Por un lado, amplió el acceso al poder de sectores sociales históricamente excluidos. Por otro, lo hizo mediante liderazgos altamente personalizados que sustituyeron el papel institucional de los partidos. La centralidad de las figuras políticas, antes que el fortalecimiento de las organizaciones partidistas está produciendo una nueva forma de concentración del poder, en un escenario muy peligroso para la democracia, en el que hay una amenaza permanente del crimen organizado y de otros poderes fácticos que están desafiando abiertamente a las autoridades estatales.

En este contexto, la crisis actual de los partidos políticos no puede interpretarse únicamente como el fracaso de ciertas élites partidistas. Se trata de una cuestión estructural del sistema democrático mexicano. En efecto, la aplastante dominancia del partido en el poder, sumada a la carencia de liderazgo social real de los demás partidos, lleva a que nuestro sistema democrático y la competencia política pierdan vitalidad. Y cuando la competencia se debilita, la democracia corre el riesgo de transformarse en una forma de hegemonía electoral.

La paradoja, entonces, es evidente: para preservar la democracia es necesario fortalecer la pluralidad política, pero esa pluralidad no puede surgir espontáneamente en un sistema tan asimétrico. Aquí aparece un principio que el pensamiento socialdemócrata ha defendido históricamente: el Estado democrático no debe ser un actor neutral frente a la desigualdad política. Su responsabilidad es crear las condiciones institucionales para que la competencia sea real y para que todas las corrientes ideológicas puedan organizarse y participar en igualdad de condiciones.

Esto implica reconocer que los partidos políticos, aunque imperfectos, siguen siendo instrumentos indispensables para la representación democrática. Las sociedades contemporáneas son demasiado complejas para que la participación política se organice únicamente a través de liderazgos individuales o movimientos sociales que llegan al poder, pero que una vez en él, siguen actuando en la misma lógica de la competencia electoral. Por el contrario, se requieren estructuras colectivas capaces de formar cuadros, elaborar programas y sostener debates públicos de largo plazo.

La reforma político-electoral que se discute actualmente en el Congreso de la Unión carece de una pregunta: ¿cómo garantizar que el sistema político mexicano siga siendo plural en un contexto de fuerte predominio de un solo partido?

La cuestión de fondo de esta discusión consiste en reconocer que la democracia mexicana necesita reformas orientadas no a la eficiencia administrativa y presupuestal del sistema electoral, sino a la revitalización de la representación política. Entre otras cuestiones, esto implica revisar los mecanismos de financiamiento partidista, fortalecer la democracia interna de los partidos, ampliar las oportunidades para la participación de liderazgos ciudadanos y garantizar condiciones equitativas de competencia electoral.

Pero, sobre todo, implica recuperar una idea fundamental de la tradición democrática: el pluralismo no es un obstáculo para la gobernabilidad; es su condición de posibilidad. Un sistema político donde sólo una voz domina el espacio público puede parecer estable en el corto plazo, pero inevitablemente se vuelve frágil en el largo plazo, porque la diversidad social termina buscando otras formas de expresión. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define al país como una república democrática, representativa y plural. Esa definición no es solamente una declaración jurídica: es una tarea histórica permanente.

La democracia mexicana no se fortalecerá debilitando a los partidos, sino transformándolos en espacios abiertos a la ciudadanía. Y esa transformación, paradójicamente, requiere de un Estado consciente de su responsabilidad histórica: promover las condiciones institucionales para que el pluralismo político pueda prevalecer como la base más sólida que sustente y amplíe permanentemente nuestras libertades.

Investigador del PUED-UNAM