Rancho Izaguirre: el hallazgo del mayor centro de reclutamiento criminal vinculado al CJNG destapó una red de captación de jóvenes mediante engaños y reveló presunta protección de autoridades locales en Teuchitlán, Jalisco El Imparcial
México.- El 5 de marzo de 2025, el hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, reveló lo que autoridades e investigadores consideran uno de los centros de reclutamiento y adiestramiento criminal más grandes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El descubrimiento fue realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó al predio tras recibir una denuncia anónima. Dentro del rancho, ubicado en el ejido La Estanzuela, fueron encontradas más de mil ochocientas prendas de vestir, mochilas, zapatos y restos humanos calcinados, además de estructuras presuntamente utilizadas para entrenamiento físico y militar.
El terreno tiene una extensión de más de 10 mil metros cuadrados, y las evidencias encontradas apuntan a que durante años fue utilizado como centro de captación y entrenamiento de jóvenes reclutados mediante engaños.
Un descubrimiento que destapó el caso
De acuerdo con los colectivos de búsqueda, el predio había sido intervenido previamente por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, tras una denuncia similar.
En ese operativo fueron detenidas diez personas y liberadas dos víctimas, pero en ese momento no se localizaron restos humanos ni la gran cantidad de objetos personales que posteriormente salieron a la luz.
Tras el nuevo hallazgo y la presión social generada por el caso, la investigación pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que asumió el control del expediente.
El gobierno federal anunció posteriormente medidas para fortalecer la identificación de personas desaparecidas, entre ellas la creación de una base única de información forense y la publicación periódica de cifras oficiales.
Presunta protección institucional
Las investigaciones federales señalaron que el funcionamiento del rancho habría contado con la complicidad de autoridades locales.
Entre los principales implicados se encuentra el exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, quien según la acusación de la FGR tenía conocimiento de las actividades que se realizaban en el predio.
De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría utilizado patrullas, armas y elementos de la policía municipal para resguardar el sitio, impedir fugas y garantizar que las operaciones del grupo criminal continuaran sin intervención de las autoridades.
A cambio, presuntamente recibía pagos mensuales cercanos a 70 mil pesos en efectivo, entregados por integrantes del CJNG en zonas rurales cercanas al municipio.
Dentro de la estructura criminal también fueron identificados José Gregorio Armida, señalado como responsable del entrenamiento, y Alma Rosa Rivera Martínez, quien presuntamente coordinaba la captación de jóvenes mediante ofertas laborales falsas.
Reclutamiento mediante engaños
Según testimonios de sobrevivientes y avances de la investigación, el grupo criminal utilizaba redes sociales y anuncios en terminales de autobuses para atraer a jóvenes de distintos estados del país.
Las publicaciones ofrecían supuestos empleos como guardias de seguridad con salarios elevados. Una vez que las personas aceptaban, eran trasladadas al rancho, donde quedaban incomunicadas y bajo control de la organización criminal.
Al llegar al lugar, las víctimas eran despojadas de sus pertenencias, interrogadas y separadas por género. A partir de ese momento comenzaba un proceso de entrenamiento que incluía ejercicios físicos intensivos, vigilancia y manejo de armas.
Disciplina y violencia dentro del predio
Testimonios recopilados por colectivos y periodistas han permitido reconstruir parte del funcionamiento del centro de reclutamiento.
Los reclutas eran sometidos a castigos físicos, privación de alimentos, jornadas de ejercicio forzado y golpizas colectivas. También se les obligaba a realizar tareas de limpieza, cocina y vigilancia dentro del predio.
En algunos casos, los castigos incluían ataques de perros o rituales violentos destinados a reforzar la obediencia dentro del grupo.
Algunos sobrevivientes han señalado que los reclutas también eran obligados a excavar fosas y participar en la eliminación de restos humanos.
El aislamiento era casi total: las personas podían permanecer semanas o meses sin contacto con el exterior. Aquellos considerados aptos eran posteriormente trasladados a casas de seguridad en otros estados, donde operaban células armadas del CJNG.
Procesos judiciales
Tras el hallazgo del rancho, autoridades federales y estatales detuvieron a más de una decena de personas presuntamente vinculadas con la operación del lugar.
Entre los delitos imputados se encuentran:
- Delincuencia organizada
- Desaparición cometida por particulares agravada
- Homicidio calificado
- Portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas
En julio de 2025, un tribunal colegiado de Jalisco condenó a diez implicados a 131 años de prisión por desaparición y homicidio.
Posteriormente, en febrero de 2026, una sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco redujo la sentencia en aproximadamente diez años, tras una apelación, aunque confirmó la responsabilidad penal de los acusados.
Otros presuntos involucrados continúan bajo proceso judicial o sujetos a investigaciones en curso.
Reclamos de las familias de desaparecidos
Uno de los principales reclamos de los familiares de personas desaparecidas ha sido el acceso a las pertenencias encontradas en el rancho.
Muchas madres buscadoras han identificado objetos personales de forma preliminar a través de catálogos digitales elaborados por organizaciones civiles, pero denuncian que aún no se les permite revisar físicamente las pertenencias ni se han realizado todos los análisis genéticos necesarios.
Los colectivos aseguran que la mayoría de los objetos permanece bajo resguardo en instalaciones federales, mientras las familias continúan esperando avances en las investigaciones.
Versiones enfrentadas sobre lo ocurrido
El caso del Rancho Izaguirre ha generado posturas encontradas entre autoridades y colectivos de búsqueda.
La Fiscalía General de la República sostiene que el predio funcionó principalmente como centro de reclutamiento y entrenamiento del CJNG, y afirma que no existen pruebas concluyentes de ejecuciones masivas o crematorios clandestinos.
Por su parte, familiares de víctimas y sobrevivientes consideran que los testimonios y las evidencias encontradas apuntan a la existencia de asesinatos, desapariciones y destrucción sistemática de restos humanos dentro del predio.
Un caso en medio de la crisis de desapariciones en México
El hallazgo del rancho ocurre en medio de una crisis nacional de desapariciones.
Datos oficiales indican que en México hay más de 125 mil personas desaparecidas o no localizadas, mientras que Jalisco concentra cerca de 15 mil casos, la cifra más alta del país.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el descubrimiento como “perturbador” y pidió investigaciones transparentes y exhaustivas.
A un año del hallazgo, el sitio continúa bajo investigación federal, mientras colectivos de búsqueda, familiares de víctimas y organizaciones internacionales siguen exigiendo verdad, justicia e identificación de las posibles víctimas relacionadas con este caso.
