Diputados en Panamá amplían recorridos por albergues en medio de cambios en la Senniaf Infobae
La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional continúa esta semana con recorridos de inspección en centros de atención integral y albergues bajo supervisión del Estado, como parte de las investigaciones que adelanta el Legislativo tras las denuncias de presuntas irregularidades en instalaciones del sistema de protección infantil en Panamá.
Las visitas forman parte de una serie de fiscalizaciones impulsadas por la comisión que preside la diputada Alexandra Brenes. De acuerdo con el cronograma de trabajo, los diputados han realizado inspecciones en instalaciones ubicadas en la provincia de Colón y este miércoles tienen previsto recorrer otros centros de atención en distintos puntos de la ciudad de Panamá y áreas cercanas al centro de la capital.
Las giras buscan verificar directamente las condiciones en las que operan los albergues y centros de atención integral que funcionan bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad encargada de la protección de menores que se encuentran bajo custodia del Estado.
Durante las visitas, los diputados revisan aspectos relacionados con la infraestructura, la presencia de personal especializado, los protocolos de atención y las condiciones de convivencia dentro de los centros donde residen menores de edad. De acuerdo con Brenes lo encontrado deja mucho que decir.
“En la visita a los albergues en Colón, evidenciamos decisiones apresuradas y falta de protocolos para la entrega de un menor. Esto daña la estabilidad emocional de un niño. Sigo sin entender qué ha hecho la Dirección del SENNIAF en todo este tiempo en el cargo. ¡Humanidad por Dios!”, escribió Brenes en sus redes sociales.
El proceso de inspección se da en medio de la crisis institucional que atraviesa la Senniaf tras la renuncia de su directora, Ana Melinda Fábrega. La dimisión fue presentada el martes 3 de marzo y posteriormente aceptada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.
La renuncia se produjo en un contexto de creciente presión política y social derivada de denuncias sobre presuntas irregularidades en algunos albergues administrados o supervisados por el sistema estatal de protección infantil.
Horas antes de conocerse su salida del cargo, Fábrega debía comparecer ante la Asamblea Nacional para sustentar la memoria anual de la institución. Sin embargo, no acudió a la citación y presentó un certificado de incapacidad médica.
Posteriormente se confirmó que la funcionaria había presentado su renuncia al Ejecutivo, en momentos en que aumentaban las solicitudes de explicaciones por parte de diputados y organizaciones civiles sobre el funcionamiento de los albergues
Tras la salida de Fábrega, el presidente Mulino designó como directora encargada de la Senniaf a Otilia Rodríguez Domínguez, quien previamente se desempeñaba como directora de Protección Especial de Derechos dentro de la misma institución que está bajo el esquema del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La designación generó nuevas reacciones dentro de la Asamblea Nacional. La diputada Alexandra Brenes señaló en sus redes sociales que Rodríguez Domínguez también enfrenta una denuncia por presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual, omisión de deberes de servidor público y por la supuesta entrega de menores sin cumplir con el debido proceso.
Brenes sostuvo que las acciones de fiscalización realizadas por la comisión responden a las denuncias ciudadanas y a la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de protección infantil en el país.
“La presión ciudadana y la fiscalización sí funcionan. Pero la niñez sigue siendo vulnerable bajo la tutela del Estado; es prioridad actuar para evitar que haya un caso más”, expresó la diputada en una publicación difundida en sus redes sociales.
En el mismo mensaje, la parlamentaria también pidió respuestas a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, quien preside la junta directiva de la Senniaf.
“Ministra Carles, necesitamos soluciones estructurales, no más improvisación”, señaló Brenes, al tiempo que reiteró que la comisión se mantiene a la espera de la citación aprobada por el pleno legislativo.
El origen de la crisis institucional se remonta a una visita de inspección realizada por la comisión legislativa al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se reportaron presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de infraestructura, la falta de personal especializado y la convivencia de menores con adultos dentro del mismo espacio.
Las denuncias derivaron en una investigación del Ministerio Público y en una serie de inspecciones institucionales para determinar si existieron violaciones a los protocolos de protección infantil o posibles responsabilidades penales.
Como parte de las medidas adoptadas tras estas inspecciones, las autoridades ordenaron el traslado de varios jóvenes que permanecían en ese centro hacia otras instalaciones del sistema de atención estatal, aunque esto generó nuevas críticas, ya que afectaría a otros estudiantes que reciben atención en dichas instalaciones.
Luego de dos intentos, la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con el funcionamiento de los albergues y los mecanismos de supervisión del sistema de protección de menores.
Entre los puntos que los diputados buscan esclarecer se encuentran el número de albergues que operan en el país, la cantidad de menores bajo custodia del Estado y los protocolos existentes para prevenir abusos o situaciones de maltrato dentro de estas instalaciones.
Mientras continúan las investigaciones y las inspecciones legislativas, la nueva dirección de la Senniaf deberá enfrentar uno de los momentos más complejos para el sistema de protección infantil en Panamá, en medio de cuestionamientos sobre la gestión institucional y demandas de reformas estructurales para garantizar la protección de los menores bajo tutela estatal.
