La partidocracia veracruzana / Raymundo Jiménez Hora Cero

La partidocracia veracruzana 

Raymundo Jiménez / Al pie de la letra

Al parecer, ningún otro estado tiene entre su gente el hiper activismo político que distingue a los veracruzanos.

¿O acaso en alguna otra entidad sus ciudadanos intentaron hasta finales del año pasado conseguir el registro de 11 nuevos partidos políticos estatales?

Afortunadamente para las apretadas finanzas del Órgano Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, de las 11 asociaciones civiles solicitantes, solamente una –Bienestar y Justicia Social, de Antonio Luna Andrade, exlíder del desaparecido Partido Cardenista– habría logrado cumplir con todos los requisitos de ley para obtener el registro condicionado para participar en las próximas elecciones locales de 2027, en las que únicamente se elegirán diputados a la LXVIII Legislatura del estado.

Hasta principios de noviembre de 2025, según la presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, hubo tres que dejaron de tener actividad –Gente Nueva Ciudadana A.C., encabezada por Susana Fabiola Miranda González; Súmate, Somos Veracruz A.C., promovida por el experredista Fredy Marcos Valor, y Alianza Local por Veracruz A.C., representada por Alejandro y María Isabel Lara Villegas–, y otras cuatro que desistieron formalmente ante el organismo electoral de continuar el procedimiento para constituirse como partidos políticos locales.

Una de estas cuatro asociaciones fue Movimiento Laborista Veracruzano, A.C., encabezada por Enrique Reyes Reyes como presidente y representante legal, junto con Mónica Fernández Vázquez, Nohemí Morales Santos, José Roberto Cortez Martínez y Javier Iván Aros Salcido.

En 2017, Reyes Reyes impulsó el proyecto Movimiento Amigo por un Futuro, dirigido a docentes; Aros Salcido fue dirigente de Encuentro Social en Quintana Roo, y Morales Santos trabajó en el OPLE Poza Rica en 2021.

Otra asociación declinante fue Moci, Justicia, Verdad y Libertad, A.C., representada por Oliver Olmos Cabrera, ex militante priista cercano a la ex alcaldesa del puerto de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, actual secretaria general del CDE del PRI, y José Francisco Ruiz Carmona, (a) “Pepín”, actual diputado local de Morena y ex aspirante a la alcaldía porteña.

Entre quienes integrarían su comité estatal estaban Pilar Báez Zepeda, Guillermo Cinta Garrido, Antonio Dodero Gómez, Cristina Araceli Salas Mora, Gustavo Mendoza Barrón, Aurora de los Ángeles Max Chávez, Karla Yazuri Cortés Hernández, Javier Enrique López Trujillo y Wilians Rafael Morales Lezama.

Una tercera asociación fue Pueblo en Equipo por Veracruz, representada por Lizbeth Lidia de Jesús Castro Morales, Fernando Baños Sánchez y María Iliana Cruz Pastrana.

A Castro Morales, ex candidata plurinominal de Fuerza por México, se le ligaba con el grupo del ex dirigente de la Sección 32 del SNTE, Juan Nicolás Callejas Roldán, actual líder del Equipo Político del sindicato magisterial que recién afilió a miles de maestros a Morena.

Y la cuarta asociación de se desistió fue Organización Nacional y Estatal, A.C. impulsada por Carlos Castro Tinoco, José Alberto Sánchez García y José Francisco Pineda González, con la intención de crear el partido Unión Nacional de Organizaciones (UNO).

Castro Tinoco es docente y ex supervisor escolar en Córdoba; mientras que Pineda González militó en Nueva Alianza y se sumó a Movimiento Ciudadano (MC) en 2015.

Las únicas asociaciones que continuaban realizando sus asambleas constitutivas distritales o municipales eran Esperanza Veracruzana A.C., presidida por Mauricio Iván Aguirre Marín, con registro en Xalapa; Cruzada Ciudadana Alterna A.C., promovida por René Assef Silahua Abirrached, Alma Rosa Landa Rincón y Juan Carlos Mezhua Campos, ex alcalde de Zongolica y ex dirigente estatal del PRD asesinado el 23 de noviembre de 2025; Veracruzana Antipopulismo A.C., representada por Jorge Enrique Romero Elizalde e integrada por personas vinculadas a la asociación civil Alianza Generacional, del diputado local priista Héctor Yunes Landa, aspirante a la gubernatura; y Bienestar y Justicia Social A.C., de Luna Andrade.

Hace una semana, magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) validaron la negativa del OPLE para reprogramar la asamblea estatal de la asociación Veracruzana Antipopulismo, A.C., uno de los requisitos indispensables para solicitar su registro como nuevo partido político local.

El Pleno del TEV declaró infundados los agravios promovidos por la asociación, que impugnó los oficios emitidos por la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz, mediante los cuales se rechazó la reprogramación de la asamblea estatal.

Según publicó la reportera Isabel Ortega, de La Silla Rota Veracruz, en la resolución se estableció que la organización no cumplió con los requisitos necesarios para justificar la reprogramación del evento, además de que no agotó debidamente las instancias y gestiones previas para ejercer el derecho político-electoral que consideró vulnerado.

La periodista reseño que la asociación civil ligada al diputado priista Yunes Landa, convocó a una asamblea el 22 de febrero pasado en Boca del Río; sin embargo, ésta no se realizó debido a la falta de quórum de delegados. En su recurso, los promoventes atribuyeron la ausencia de simpatizantes a hechos de violencia registrados ese mismo día en distintas zonas del estado.

De acuerdo con el expediente, la asociación solicitó inicialmente programar la Asamblea Local para el 22 de febrero a las 16:30 horas; posteriormente pidió cambiar la fecha al 25 de febrero. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos declaró improcedente la solicitud y determinó que la asamblea debía realizarse en la fecha autorizada y, en su caso, reprogramarse conforme al reglamento.

El día previsto para la asamblea, personal del organismo electoral acudió al lugar desde las 15:30 horas para certificar su realización; sin embargo, no se presentó el responsable designado ni representantes de la organización. Tras una espera adicional de más de una hora sin recibir aviso formal, los funcionarios electorales se retiraron a las 16:52 horas, dejando constancia de que la reunión no se efectuó.

Al día siguiente, el 23 de febrero, la asociación civil solicitó nuevamente la reprogramación argumentando que los bloqueos y hechos de violencia del 22 de febrero impidieron el traslado de delegados y responsables, por lo que no se pudo reunir el quórum necesario. También señalaron que intentaron comunicarse con autoridades electorales para informar la situación, sin lograr establecer contacto oportuno.

El OPLE volvió a negar la solicitud al considerar que la asociación conocía los requisitos y plazos para la celebración de la asamblea, por lo que el caso fue impugnado ante el Tribunal Electoral de Veracruz, donde los promoventes argumentaron que se vulneró su derecho a la libre asociación política.

Sin embargo, la determinación del órgano jurisdiccional la podrán impugnar ante la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación y, en caso de serles adversa nuevamente la resolución, todavía podrían recurrir a la Sala Superior del TEPJF, que será la última instancia constitucional.

Ayer, la consejera presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, María Fernanda Sánchez Rubio, confirmó que de las cuatro asociaciones civiles que permanecían en la fase final del proceso para obtener su registro como partido político local, únicamente Bienestar y Justicia Social logró acreditar la totalidad de los requisitos establecidos por la ley, informó.

La funcionaria explicó que el plazo para la realización de asambleas concluyó el pasado 24 de febrero, luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) otorgara una prórroga de 42 días, correspondiente al periodo que estuvo suspendido durante el proceso electoral de 2025.

“Solamente una asociación presentó su escrito de intención y acreditó todas las asambleas distritales y municipales con el quórum requerido, así como la asamblea estatal. En este momento es la única que ha cumplido con todos los requisitos”, precisó.

De un total de once asociaciones que iniciaron el procedimiento, sólo una logró concluirlo satisfactoriamente. Las organizaciones que no cumplieron con los requisitos en la etapa final fueron Asociación Veracruzana Antipopulismo, Alianza Local por Veracruz y Cruzada Ciudadana Alterna. En algunos casos, detalló, realizaron asambleas distritales, pero no concretaron la asamblea estatal. Una de ellas impugnó ante el TEV para solicitar la reprogramación de su asamblea constitutiva, aunque el órgano jurisdiccional resolvió en sentido negativo.

Actualmente, la Comisión de Prerrogativas revisa el cumplimiento formal de los requisitos por parte de Bienestar y Justicia Social, mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización analiza los gastos reportados durante el proceso. De manera paralela, el Instituto Nacional Electoral (INE) verifica que las personas afiliadas no estén registradas simultáneamente en otros partidos políticos.

El Consejo General del OPLE tiene como fecha límite el 29 de mayo para aprobar, en su caso, el dictamen de constitución. De obtener el registro, el nuevo instituto político local podría iniciar actividades formales a partir de julio y participar en el proceso electoral de 2027.

La consejera recordó que para constituirse como partido político local se debían realizar asambleas en al menos 20 de los 30 distritos electorales locales o en 141 de los 212 municipios del estado. Durante esas reuniones debían comprobar la afiliación de al menos 15 mil 823 ciudadanos mayores de edad, que no estuvieran registrados en ningún otro partido político.

Añadió que durante los últimos meses personal del OPLE desplegó operativos en diversos municipios para certificar las asambleas, llegando a programarse hasta 70 u 80 en un solo día, lo que implicó una amplia logística para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, como, por ejemplo, la certificación del número de delegados propietarios o suplentes elegidos en cada sesión distrital o municipal. Además, como parte del proceso de validación previo al dictamen final, debían acreditar la identidad y residencia de los delegados mediante su credencial para votar.

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