Iván Cancino asumió la defensa de Katherine Miranda tras la denuncia de Clinaltec ante la Corte Suprema: “Esperamos se nos llame de inmediato” Infobae
La controversia sobre la concentración de remisiones de pacientes oncológicos hacia la clínica Clinaltec de Ibagué llegó a la Corte Suprema de Justicia tras la denuncia penal presentada por este centro médico contra la representante a la Cámara Katherine Miranda, acusada de haber cometido los delitos de injuria y calumnia. Un caso que estalló el martes 3 de marzo de 2026, luego de conocerse los impactantes datos que apuntarían, una vez más, al Ministerio de Salud.
Frente a esto, el abogado Iván Cancino, que asumió la defensa de Miranda, señaló que solicitará ser llamado de inmediato por el alto tribunal para demostrar la veracidad de las afirmaciones formuladas por la congresista y anticipó que, una vez notificados, presentarán a su vez una denuncia por falsa denuncia contra este establecimiento de salud, que opera desde el 2022, convirtiéndose en uno de los de mayor reputación en la región.
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En el último año, la remisión masiva de pacientes para exámenes de alta complejidad en una sola IPS mostró un comportamiento que para Miranda resulta injustificable: de acuerdo con datos presentados, entre 2023 y enero de 2026 la Nueva EPS canalizó 3.374 exámenes PET-CT hacia una sola entidad en Ibagué, desembolsando más de $17.600 millones. Este volumen representa un incremento del 949% frente a lo ocurrido en el 2023, lo que levantó sospechas.
Las directivas de Clinaltec refutaron las acusaciones. En una misiva calificaron las acciones de Miranda como “irresponsables, injuriosas y calumniosas”, y agregaron que “una campaña política nunca justificará la mentira, la calumnia y la ofensa como medio de llegar al Senado de la República”. Por ello, desde la clínica expresaron confianza en que la Corte Suprema restituirá su “derecho a la honra y al buen nombre vulnerado por la representante Miranda”.
El incremento de remisiones y la afectación a pacientes
Y es que, pese a que Clinaltec expresó que los datos aportados por la congresista “carecen de veracidad, aspecto que podemos demostrar en cualquier escenario”, la denuncia sustentada por Miranda indica que en enero de 2026 hubo 221 pacientes remitidos, más que en todo 2023. La información exhibida por la congresista revela una evolución acelerada, pues de 176 pacientes enviados en 2023 pasó 723 en 2024; 1.846 en 2025; y 221 en enero de 2026.
La remisión masiva no fue únicamente financiera, pues testimonios recolectados por la representante a la Cámara darían cuenta del impacto para los pacientes. De las 3.374 remisiones, más de 1.400 pacientes asumieron de su propio bolsillo los costos de traslado y alojamiento y solo 617 recibieron viáticos. “Sí hubo garantía para pagar 17.600 millones a la clínica. No hubo garantía para proteger al paciente”, expresó Miranda en su perfil de X.
“Cuando las cifras crecen 949%, cuando se concentran miles de millones en una sola IPS y cuando pacientes de alta complejidad recorren hasta 900 kilómetros teniendo el servicio más cerca, la pregunta es clara: ¿Estamos frente a un nuevo cartel en la salud? ¿El país repite la historia del cártel de la hemofilia?“, agregó la congresista, que también denunció cómo desde Cúcuta se habría obligado a viajar a 118 pacientes por trayectos de hasta 16 horas por carretera.
Todo esto, pese a la disponibilidad de centros para exámenes PET-CT en Bogotá: ciudad que cuenta con ocho IPS habilitadas. Se identificaron situaciones similares para pacientes remitidos desde Arauca y Risaralda. Frente a esta situación, la representante Miranda también mencionó posibles lazos personales entre el propietario de la clínica y la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que aparecería involucrado en todo este entramado.
Según la congresista, en el departamento es sabida la cercanía de la familia del titular de la cartera con el dueño de la clínica, por lo que instó al funcionario y al centro de atención a esclarecer los criterios técnicos detrás de la concentración de remisiones. Entretanto, el abogado Jaime Lombana, que representa a Clinaltec en la denuncia, dijo que “jamás un incremento en el número de pacientes atendidos puede significar reproche en un estado social de derecho”.
