Revés para Consuelo Porras: Fracasa su intento de integrar la Corte de Constitucionalidad guatemalteca Infobae
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sufrió un golpe estratégico en su intento por asegurar su futuro político y judicial. Este martes logró obtener los votos necesarios para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC), el tribunal de mayor jerarquía en el país centroamericano, un cargo que le habría garantizado inmunidad frente a las múltiples investigaciones y sanciones internacionales que pesan en su contra.
Según reportes de la agencia AFP, Porras, cuyo mandato al frente del Ministerio Público (MP) finaliza en mayo, no recibió ni un solo voto en la elección realizada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En su lugar, la CSJ optó por la reelección de Dina Ochoa y Claudia Paniagua como sus representantes ante el tribunal de fallos inapelables.
Este resultado deja a la fiscal en una posición vulnerable. Al no obtener un asiento en la CC, pierde la posibilidad de extender su fuero legal justo cuando su salida del MP parece inminente. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien tiene la facultad constitucional de elegir al próximo fiscal general, ha sido un crítico feroz de Porras, a quien señala de liderar el llamado “pacto de corruptos”.
El peso de las sanciones internacionales
La figura de Consuelo Porras, de 72 años, ha sido el centro de una tormenta diplomática. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea la han sancionado bajo acusaciones de ser un actor “corrupto y antidemocrático”. Estas medidas se intensificaron tras sus intentos judiciales por anular los resultados electorales que le dieron la victoria a Arévalo hace dos años.
Todo ello, además de las críticas por su gestión actual, la fiscal enfrenta sombras del pasado. Expertos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la han vinculado con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas durante el conflicto armado interno en la década de 1980, señalamientos que ella rechaza tajantemente, calificándolos como parte de una “persecución política”.
Candidaturas bajo la lupa y tensiones diplomáticas
El proceso de renovación de las cortes en Guatemala no está exento de polémicas. Mientras el Congreso se prepara para elegir a otros miembros del tribunal constitucional, los nombres en la lista generan alarmas:
- Roberto Molina Barreto: Busca la reelección a pesar de ser cuestionado por fallos que favorecieron a Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, líder de la pandilla Barrio 18.
- Dina Ochoa: Vinculada estrechamente a los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
- Claudia Paniagua: Al igual que Porras, figura en las listas de actores sancionados por Washington.
Ante los rumores de un supuesto respaldo estadounidense a la candidatura de Molina Barreto, el presidente Arévalo anunció que consultará directamente con el Departamento de Estado. Por su parte, el encargado de negocios de la embajada de EE. UU., John Barrett, fue enfático: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en estos procesos.
Arévalo pidió a los encargados de la votación que su decisión apunte a frenar la corrupción y el crimen organizado en el sistema de justicia, y que esté guiada por el compromiso con la ciudadanía y los valores democráticos. “El pueblo de Guatemala nos observa y la historia juzgará nuestras decisiones”, afirmó.
Un sistema de justicia en juego
Guatemala se encuentra en un punto de inflexión. No solo se definirá la integración de la Corte de Constitucionalidad, sino también los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el nuevo jefe de la Contraloría.
Para el gobierno de Arévalo, estas elecciones representan la “oportunidad de desarticular la corrupción” que ha capturado el sistema judicial durante la última década. Para actores como Consuelo Porras, representan el fin de una era de control absoluto sobre la acción penal en el país centroamericano.
