Nulo el despido de una gerente de Mercadona al ser considerado discriminación por enfermedad: tienen que readmitirla y pagarle 11.000 euros Infobae
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado la nulidad del despido de una gerente de Mercadona y ordenó su reincorporación inmediata, además de una indemnización de 11.000 euros. El conflicto ocurrió en abril de 2024 en el centro de trabajo de Miribilla, Bilbao, y se centra en la alegación de discriminación por enfermedad y vulneración de derechos fundamentales.
La empleada, con seis años de antigüedad, desempeñaba funciones de gerente y había asumido durante un tiempo responsabilidades de mayor rango, pero en septiembre de 2023 decidió renunciar voluntariamente a ese puesto superior. Desde entonces, su situación laboral se fue tensando progresivamente, marcada por un creciente malestar personal y profesional, por la percepción de una falta de atención a sus demandas internas y por un deterioro evidente de su estado anímico.
Ese malestar cristalizó a finales de marzo de 2024, cuando la trabajadora mantuvo dos conversaciones con su coordinador de planta en las que manifestó de forma reiterada su deseo de abandonar la empresa, tanto ella como su marido, también empleado de Mercadona. En esos diálogos, grabados por la propia compañía, la empleada expresó su agotamiento, su descontento con la situación y su voluntad de negociar una salida pactada que incluyera una compensación económica.
La empresa, por su parte, interpretó estas manifestaciones como un intento de presión indebida, mientras que la trabajadora insistía en que no se encontraba bien, que sufría problemas de ansiedad y que necesitaba soluciones que no pasaban por una baja voluntaria sin indemnización.
Baja médica por trastorno de ansiedad
Pocos días después, el 4 de abril, la empleada acudió a urgencias y causó baja médica por un trastorno de ansiedad, situación que venía gestándose desde semanas atrás y que había requerido atención sanitaria previa. Sin embargo, lejos de abrirse un periodo de recuperación y diálogo, la empresa reaccionó con rapidez: apenas nueve días después, el 13 de abril, le comunicó su despido disciplinario con efectos inmediatos.
En la carta, Mercadona le imputó una grave transgresión de la buena fe contractual, acusándola de haber amenazado con coger la baja médica si no se accedía a su petición de una salida indemnizada, y de haber intentado presionar a la compañía para obtener una compensación económica y el acceso a la prestación por desempleo.
La trabajadora negó estas acusaciones y sostuvo que su despido era en realidad una represalia por sus quejas y por su situación de incapacidad temporal. Tras intentar sin éxito una conciliación previa, decidió acudir a los tribunales, reclamando la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales. El Juzgado de lo Social número 12 de Bilbao le dio la razón en primera instancia, al considerar que la empresa había actuado movida por un ánimo represaliador, lesionando la garantía de indemnidad, y condenó a Mercadona a su readmisión inmediata, al abono de los salarios dejados de percibir y al pago de una indemnización por daño moral.
Discriminación por razón de enfermedad
La empresa recurrió la sentencia ante el TSJ del País Vasco, insistiendo en la procedencia del despido y en la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales. La trabajadora, por su parte, solicitó que se reconociera también la discriminación por razón de enfermedad y que se incrementara la indemnización.
La Sala ha desestimado íntegramente el recurso presentado por Mercadona, rechazando uno a uno sus argumentos y avalando la interpretación realizada en primera instancia sobre la vulneración de derechos fundamentales. Al mismo tiempo, ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la trabajadora, al considerar que concurrían no una, sino dos causas autónomas de nulidad: la vulneración de la garantía de indemnidad y la discriminación por razón de enfermedad, esta última a la luz de la Ley 15/2022, que prohíbe expresamente cualquier trato desfavorable motivado por el estado de salud.
Como consecuencia de esta doble vulneración, el tribunal ha confirmado la obligación de la empresa de readmitir de manera inmediata a la empleada en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que regían antes del despido, así como de abonarle la totalidad de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la extinción hasta la efectiva reincorporación.
Además, la Sala ha considerado insuficiente la indemnización fijada inicialmente por el juzgado para reparar el daño moral sufrido, entendiendo que la gravedad de los hechos y la concurrencia de dos derechos fundamentales lesionados exigían una respuesta más intensa, tanto desde una perspectiva reparadora como disuasoria. Por ello, ha elevado la cuantía de la compensación hasta los 11.000 euros reclamados por la trabajadora.
