Red de engaño inmobiliario Sol Yucatán
- “Las Acacias”: el fraude que operó desde 2023 con brokers, notarías y pagos a cuentas personales. Adelantos millonarios y presión psicológica
- Los lotes vendidos en el proyecto Las Acacias estaban hipotecados desde el origen, por lo que la promesa de escrituras era, en los hechos, una imposibilidad legal.
- Familias yucatecas entregaron sus ahorros por terrenos que jamás podrían ser suyos, mientras intermediarios, empresas y notarios avalaban un esquema con apariencia de legalidad.
Redacción / Sol Yucatán
MÉRIDA, Yucatán.— El caso del fraccionamiento Las Acacias, en Chichí Suárez, no fue un episodio aislado ni un error administrativo. Un nuevo testimonio recabado por Sol Yucatán revela que el presunto fraude inmobiliario operaba desde al menos 2023, con intermediarios, brokers, contratos irregulares, pagos a cuentas personales y una red de actores que generaron confianza a las víctimas mientras el proyecto avanzaba solo en el papel.
El esquema, encabezado por el desarrollador Ángel Santos Moisés, habría captado millones de pesos en preventas sin capacidad real de entrega, dejando a familias con patrimonios devastados y proyectos de vida truncados.
La víctima, una madre de familia que solicitó mantener su identidad en reserva, comenzó a buscar vivienda en 2023, para así tener por fin la tranquilidad de vivir en un lugar “seguro” con su familia. Fue entonces cuando, a través de una amiga, fue contactada por Albania Curí, representante de la inmobiliaria Mexstage, quien la canalizó con el asesor Ricardo Espinosa.
El asesor le mostró diversas opciones hasta que le presentó el desarrollo Las Acacias, en modalidad de preventa, una fórmula que permitía adquirir vivienda sin cubrir el total del costo inicial. El proyecto se ofrecía como una casa completamente equipada, con cocina integral, clósets, aires acondicionados, calentador y selección de acabados a elección del comprador.
“Prácticamente nos dijeron que solo teníamos que llevar nuestra cama y nuestra ropa”, relató la afectada en entrevista telefónica.
ADELANTOS MILLONARIOS Y PRESIÓN PSICOLÓGICA
El esquema incluyó una estrategia de presión para adelantar pagos. La víctima asegura que entregó alrededor más de 1 millón de pesos de forma inicial, que con esfuerzo había ahorrado para dicho fin, y se comprometió a aportar más dinero, acercándose al 90 % del valor de la vivienda, valuada en casi dos millones de pesos.
El propio desarrollador la convenció de que, mientras más dinero entregara, más rápido se construiría su casa. “Entre más dinero den, más rápido se construye”, recuerda que le dijeron.
Incluso se le exigió depositar directamente a una cuenta personal de Ángel Santos Moisés, no a nombre de empresa o fideicomiso, lo que vulnera prácticas básicas de seguridad inmobiliaria.
En agosto de 2023 se firmó el contrato de preventa, con promesas de entrega en el año siguiente. La víctima llegó a planear su mudanza definitiva a Mérida, renunciar a su empleo y cambiar la escuela de sus hijos, convencida de que su patrimonio estaba asegurado.
Sin embargo, con el paso de los meses, la obra no avanzó. Al visitar el terreno, encontró predios sin construcción, sin servicios y sin personal suficiente. Ingenieros y arquitectos reconocieron que no había material ni personal para edificar.
DINERO FANTASMA
Ante los incumplimientos, el desarrollador ofreció una cancelación con devolución del dinero. El documento establecía el reembolso de casi 2 millones de pesos ya con intereses, para antes de finalizar el 2024.
El pago nunca llegó.
La víctima asegura que desde que inició su calvario en 2023 solo ha recibido una fracción mínima frente al daño patrimonial sufrido.
Uno de los elementos más graves del testimonio es el uso de múltiples notarías y supuestos notarios, algunos con irregularidades en los contratos.
La víctima relata que fue llevada a la Notaría 70, donde un supuesto notario presentó documentos con inconsistencias legales. También menciona operaciones vinculadas a la Notaría 93.
Este patrón coincide con el primer reportaje de Sol Yucatán, que documentó que la promesa de compraventa fue protocolizada en la Notaría 20, a cargo de Luis Fernando Pino Barrera, hoy director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán.
ESCRITURAS IMPOSIBLES
De acuerdo con la información revisada por Sol Yucatán y los testimonios recabados, los predios donde se ofrecieron las viviendas del fraccionamiento Las Acacias se encontraban hipotecados y sin plena libertad jurídica al momento de su comercialización, lo que hacía materialmente imposible la escrituración a favor de los compradores. Los terrenos no estaban totalmente a nombre del desarrollador, sino comprometidos como garantía de adeudos financieros y, en algunos casos, registrados a nombre de terceros, una condición que anula cualquier promesa real de entrega patrimonial. Aun así, las preventas continuaron, se firmaron contratos y se recibieron anticipos millonarios, pese a que legalmente ningún comprador podía obtener escrituras mientras subsistieran los gravámenes, evidenciando que el proyecto estaba condenado desde su origen y que las viviendas prometidas nunca pudieron convertirse en propiedad legal para las familias afectadas.
BROKERS SABÍAN QUE ESTABA DESCAPITALIZADO
El testimonio aporta un dato clave: brokers inmobiliarios habrían advertido que Ángel Santos Moisés estaba descapitalizado y debía hasta 10 millones de pesos, aun así el proyecto seguía vendiéndose.
Esto abre la posibilidad de responsabilidad de intermediarios que conocían el riesgo y aun así continuaron promoviendo ventas.
La víctima acusa directamente a:
- Albania Curí, representante de Mexstage, quien la contactó inicialmente y luego se deslindó del caso.
- Ricardo Espinosa, asesor inmobiliario que obtuvo comisión y dejó de responder tras el colapso del proyecto.
- Brokers y notarios que generaron apariencia de legalidad.
“Se llenaron las bolsas y desaparecieron”, declaró la afectada.
PATRÓN SISTEMÁTICO DE FRAUDE
La víctima sostiene que no fue un caso aislado. Asegura que hay múltiples personas afectadas y que el padre del desarrollador incluso pidió retirar publicaciones de denuncia para no afectar las ventas.
Este patrón coincide con el primer reportaje, que documentó al menos 10 víctimas identificadas y hasta 60 potenciales, además de desarrollos adicionales vinculados al mismo promotor, como Privada Las Acacias, Gladiolas y townhouses en Chuburná.
Más allá del dinero, el fraude tuvo consecuencias devastadoras. La víctima vendió propiedades, planeó mudarse a Yucatán con sus hijos y reorganizó su vida profesional.
“Me robó mi paz, mi tranquilidad, mi sueño, el proyecto de vivir con mis hijos”, relató.
El caso muestra cómo el boom inmobiliario en Yucatán ha atraído a inversionistas y familias de otros estados, pero también ha abierto la puerta a desarrolladores sin solvencia o con esquemas fraudulentos.
El testimonio describe un patrón de manipulación emocional: promesas constantes de pago, hospedaje gratuito en propiedades del desarrollador, anuncios de supuestas ventas de inmuebles para cubrir adeudos y depósitos simbólicos que nunca se concretaron.
INDUSTRIA SIN REGULACIÓN SUFICIENTE
El caso de Las Acacias pone en entredicho la supervisión del sector inmobiliario en Yucatán, donde el auge de preventas ha permitido operaciones sin garantías suficientes, fideicomisos, ni avances de obra verificables.
Especialistas consultados por este medio advierten que la falta de controles ha convertido a la preventa en un instrumento de financiamiento sin regulación efectiva, con riesgos elevados para compradores.
En el primer reportaje, la denunciante confirmó que presentó denuncia penal en enero de 2026, con carpeta de investigación FGE/ORIENTE/UNADT-187/2025.
La nueva víctima afirma que también inició acciones legales, aunque reconoce las dificultades económicas para litigar.
El caso revela una red de actores: desarrollador, asesores, inmobiliarias, brokers y notarías que generaron una sensación de seguridad jurídica.
“Todo parecía legal, todo estaba notariado”, dijo una de las víctimas en el primer reportaje.
Los testimonios recabados muestran que Las Acacias no fue un proyecto fallido por mala planeación, sino un esquema de captación de recursos con promesas incumplidas, contratos irregulares y múltiples intermediarios que facilitaron las operaciones.
Mientras las autoridades no esclarezcan el caso, decenas de familias siguen esperando justicia, reembolsos y la recuperación de un patrimonio que nunca existió.
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