CODHEY, ventanilla decorativa Sol Yucatán

*Mientras la CODHEY acumula cientos de quejas por detenciones arbitrarias, maltrato y abusos de autoridad, su presidenta María Guadalupe Méndez Correa aparece como cabeza de una empresa.

*Creada para hacer “de todo”: desde fraccionamientos y construcción hasta la compra-venta de medicinas, material de curación y suministros para hospitales.

Redacción /Sol Yucatán

María Guadalupe Méndez Correa llegó a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) con el respaldo del Congreso local, que la designó el 28 de mayo de 2024.

En el discurso institucional, su conducción se presenta como una etapa de “compromiso” y “fortalecimiento” de la defensa de derechos; su propia comisión ha difundido informes y alianzas (por ejemplo, investigaciones sobre población LGBTI+ y colaboraciones internacionales). Pero el termómetro duro de cualquier organismo de derechos humanos no es la retórica: son las quejas que recibe, las recomendaciones que emite, el rezago que deja crecer y la capacidad real de incomodar al poder cuando ese poder viola derechos.

Y en ese terreno, los datos públicos exhiben una institución rebasada o, por lo menos, insuficiente. En 2024 se reportaron 245 quejas calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos, con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía entre las dependencias más señaladas. En octubre de 2024, otro reporte cuantifica 678 quejas registradas ese año y admite 314 aún en trámite, una cifra que sugiere carga, rezago y tiempos largos para víctimas que buscan protección o acompañamiento. Para el primer semestre de 2025, se informaron 58 quejas y 138 hechos violatorios documentados, y apenas ocho recomendaciones, cuatro contra la SSP, en un contexto donde las detenciones arbitrarias y retenciones ilegales aparecen como patrones reiterados.

En un estado que se vende como “tranquilo” y “seguro”, esos números son un recordatorio incómodo: la violencia institucional no necesita balas para existir; basta con abusos cotidianos, detenciones sin sustento y maltrato normalizado. El problema es que la CODHEY —la oficina creada para poner límites— parece operar con una palanca corta: muchas quejas, pocas recomendaciones, demasiados expedientes pendientes. Y cuando el organismo que debería presionar a la autoridad aparece, al mismo tiempo, en registros mercantiles e inmobiliarios con intereses privados amplios, el escrutinio deja de ser capricho: se vuelve obligación periodística.

En el Registro Público de la Propiedad de Yucatán aparece un dato concreto: un predio en la Calle 19 número 97, Colonia Yucatán, Mérida, fue transferido a nombre de María Guadalupe Méndez Correa mediante donación en escritura pública de 20 de noviembre de 2015.

El mismo documento describe el inmueble como un solar con casa de mampostería y superficie de 424.85 m².

La adquisición no fue compra-venta: fue una donación que la registra como nuda propietaria.

Traducido al lenguaje del dinero: no hay “precio de operación” que transparentar porque no hubo pago reportado; pero sí hay un movimiento patrimonial que coloca a una funcionaria de alto perfil en una colonia urbana consolidada.

No es una cifra judicial ni una valuación oficial: es un espejo de mercado. Y lo relevante no es el exacto al peso, sino el hecho de que la titular de la CODHEY está asociada, documentalmente, a un activo inmobiliario que se cuenta en millones, no en sueldos mínimos.

El segundo eje es más delicado porque toca directamente dinero público: su empresa. En el Registro Público de Comercio de Mérida, Méndez Correa aparece como accionista y presidenta del consejo de administración de CONSULTORÍA Y DIAGNÓSTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V., una sociedad constituida por instrumento notarial fechado el 13 de mayo de 2015 e ingresada al registro el 23 de junio de 2015 (Folio Mercantil Electrónico 58621).

 En la misma inscripción, se detalla que ella y Luis Felipe Llanes Canché suscriben 25 acciones cada uno (50/50), con capital social mínimo de $50,000 pesos.

El dato clave está en el objeto social: no es un giro acotado, es una navaja suiza. El acta permite desde la compra-venta y desarrollo de inmuebles (edificios, condominios, fraccionamientos, construcción de casas, hoteles y hospitales) hasta la importación, distribución y comercialización de alimentos, embutidos y, de manera explícita, medicinas, productos químicos, material de curación, equipos médicos y clínicos y materiales para hospitales y clínicas. En pocas palabras: una empresa diseñada para poder participar en mercados inmobiliarios y también en cade del sector salud.

Y ahí aparece el tercer punto: los contratos. En fuentes abiertas, la empresa figura como proveedora en compras y contratos vinculados al sector salud. El portal de QuiénEsQuién.Wiki, que compila información de compras públicas, identifica a la empresa con el RFC CDS150513PE5 y la asocia a registros de Compras IMSS y bases de contratos. En ejemplos verificables, se documenta una compra en IMSS Delegación Quintana Roo (almacén delegacional) por $208,936 pesos en 2016 para insumos de tubos de recolección de sangre. También hay registros en IMSS Delegación Yucatán por $13,920.30 pesos en 2016 para reactivos químicos. En el portal oficial de proveedores del IMSS, el RFC aparece asociado a múltiples fichas de compras y procedimientos, con predominio de adjudicación directa.

Aquí conviene subrayarlo: el hecho de ser proveedor del sector público no es ilegal. Lo que vuelve periodísticamente explosivo el cuadro es la suma: una titular de un órgano autónomo que debe presionar al gobierno por violaciones de derechos; un rezago importante de quejas y un volumen de denuncias contra corporaciones de seguridad; y, en paralelo, una estructura empresarial con objeto social lo suficientemente amplio para entrar al juego de contratos e insumos, además de un patrimonio inmobiliario que se mueve en las mismas coordenadas donde la información privilegiada, las relaciones institucionales y los contactos importan.

En Yucatán, la CODHEY no administra presupuesto de obra pública ni asigna contratos de salud; pero su presidenta sí opera en el ecosistema político y burocrático más sensible del estado: el de la legitimidad. Cuando la comisión es percibida como lenta, tibia o atrapada en trámites —cuando las víctimas ven pasar meses con expedientes “en trámite”—, el costo no es solo estadístico: es un permiso tácito para que el abuso continúe.

Y si a eso se agrega que la misma figura pública tiene un pie empresarial en el mundo de “medicinas, material de curación y equipos” y otro pie patrimonial en el ladrillo, el problema deja de ser “vida privada” y se convierte en un asunto de interés público.

Porque el debate real no es moralina: es conflicto estructural. ¿Cómo se evalúa la independencia de una ombudsperson cuando su empresa está habilitada para negocios de hospital y sus registros muestran vínculo con compras del sector salud?

 ¿Con qué fuerza puede incomodar a instituciones estatales si su entorno profesional está construido para convivir con el mismo aparato gubernamental? En un estado donde la seguridad pública concentra quejas año con año, la CODHEY no puede darse el lujo de parecer un actor más del sistema: debe ser el freno.

Hoy, con cifras de quejas que no bajan y expedientes pendientes que se acumulan, la CODHEY bajo Méndez Correa enfrenta el examen más básico: demostrar que no es una ventanilla decorativa. Y mientras ese examen ocurre, el expediente empresarial y patrimonial —documentado en registros públicos— plantea otra exigencia mínima: transparencia total, explicaciones claras y separación nítida entre el cargo, los intereses privados y cualquier relación comercial que pueda rozar al Estado. Porque cuando el organismo que debe vigilar al poder se vuelve incapaz de incomodarlo, el poder entiende el mensaje. Y las víctimas pagan la factura.

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