México combate al narcotráfico en una cuerda floja de terror Diario.mx

En la madrugada del domingo, operativos de un cártel de la droga en el estado mexicano de Jalisco comenzaron a tomar camiones, dejarlos transversalmente en caminos y carreteras y prenderles fuego. Los ataques se extendieron muy rápido por todo México, y los agentes del cártel también robaron coches y autobuses para sus narcobloqueos en calles desde la frontera mexicana con Texas hasta sus playas en el Caribe.

Los agentes criminales incendiaron farmacias, supermercados y bancos. Hombres armados emboscaron a fuerzas de seguridad y dejaron sus cuerpos acribillados en las calles. Los residentes se refugiaron en sus casas, las embajadas emitieron advertencias y las compañías aéreas cancelaron vuelos. En un aeropuerto de Guadalajara la gente corrió a guarecerse ante una falsa alarma de que hombres armados estaban irrumpiendo en el lugar.

Detrás de esta oleada de terror estaba el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido con sus iniciales CJNG, una organización criminal en expansión que trafica con cocaína, metanfetamina y fentanilo, y que además opera otra actividades ilícitas como el robo de combustible y la extorsión. Después de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataran el domingo al líder del cártel, Nemesio Oseguera, los operativos de la organización desataron narcobloqueos en 20 de los 32 estados de México. Sus atacantes cerraron de facto enormes áreas del país, mataron al menos a 25 miembros de la Guardia Nacional y mostraron al mundo que los cárteles de México no son solo un problema de seguridad pública, sino una amenaza debilitante para la seguridad nacional.

En muchos sentidos la muerte de Oseguera fue una clara victoria para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El delincuente, conocido como ‘El Mencho’, fue sin duda el cerebro detrás de muchas de las fosas clandestinas, desapariciones y extorsiones en México. Madres de niños asesinados y comerciantes víctimas de extorsión han pedido a Sheinbaum que haga más. La muerte del Mencho también pudo haberle dado margen con el presidente Trump, quien amenaza con ordenar ataques militares unilaterales contra objetivos del narcotráfico en territorio mexicano desde su regreso al poder (los servicios de inteligencia estadounidenses fueron decisivos para localizar a Oseguera antes de la intervención de los soldados mexicanos).

Pero ese logro quedó eclipsado por los brutales atentados que siguieron, mientras imágenes de violencia y caos se difundían por el mundo apenas unos meses antes de que México albergue partidos del Mundial de Futbol este verano. La violencia reveló un dilema central al que se enfrenta el Gobierno mexicano: permitir que capos como Oseguera sigan libres fomenta la impunidad, pero abatirlos puede desatar más violencia, ya que los cárteles atrincherados contraatacan a soldados y civiles y sus lugartenientes se enfrentan entre sí por repartirse los despojos de sus imperios.

El término “narcobloqueo” entró en el vocabulario de los mexicanos a mediados de la década de 2000, como parte de un léxico sombrío que surgió para describir la creciente violencia de los cárteles, junto con otras palabras como “narcofosas” y “narcopolíticos”.

En ese momento, varios cárteles habían empezado a organizar bloqueos —interrumpiendo el tráfico y sembrando miedo— en lugares como Monterrey y el estado de Michoacán, que usaban además de incendiar negocios y enfrentarse a las fuerzas de seguridad para impedir detenciones. Con el paso de los años, los ataques se hicieron más grandes y sangrientos. El 1 de mayo de 2015, el CJNG levantó 39 narcobloqueos en el estado de Jalisco y derribó un helicóptero militar, frustrando un intento de las fuerzas de seguridad mexicanas de detener a Oseguera. En 2019, el Cártel de Sinaloa estableció bloqueos que paralizaron la ciudad de Culiacán hasta que las fuerzas militares mexicanas liberaron a Ovidio Guzmán López, traficante de fentanilo e hijo del Chapo.

Los narcobloqueos siempre han tenido una finalidad práctica para los cárteles: interrumpen las operaciones de seguridad y dan a los delincuentes la oportunidad de escapar, ayudando en última instancia a proteger el negocio criminal. También ayudan a movilizar a las fuerzas del cártel, dicen los analistas. Los narcobloqueos “funcionan como mecanismo de cohesión interna”, escribe Carlos A. Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. “Movilizan recursos, prueban lealtades, reafirman jerarquías”.

Cada vez más, también cumplen otra función. A medida que los cárteles se han arraigado en la sociedad mexicana, los bloqueos se han convertido en una forma de reafirmar visiblemente su poder. El politólogo Benjamin Lessing denomina a esta estrategia “cabildeo violento”: los criminales presionan a un gobierno nacional con violencia para que ceda a sus exigencias, o, como en los ataques más recientes, para advertir a las autoridades de que no vuelvan a perseguir a sus líderes.

Todo esto plantea la pregunta: ¿quién gobierna realmente México? A pesar de que el Gobierno de Trump ha designado al Cártel de Jalisco y a otros grupos criminales de América Latina como organizaciones terroristas extranjeras, no cabe duda de que los cárteles no controlan el territorio como lo hizo el Estado Islámico en Siria e Irak; las fuerzas de seguridad mexicanas siguen entrando en los bastiones del crimen organizado, y el Gobierno sigue enviando maestros a las escuelas, manteniendo el suministro eléctrico y recogiendo la basura.

Pero los cárteles sí quieren un Estado débil y corrupto al que puedan intimidar. Y durante muchos años, trágicamente, lo han tenido en México. En 2006, el presidente del país, Felipe Calderón, lanzó una ofensiva militar contra los cárteles, pero resultó que su propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, colaboraba con el Cártel de Sinaloa para eliminar a sus rivales (García Luna fue posteriormente condenado por tráfico de cocaína en Nueva York). Más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto intentó cambiar el relato y sacar a los narcos de los titulares, pero en 2014 sicarios del cártel, en connivencia con policías corruptos, desaparecieron a 43 estudiantes, lo que atrajo la atención y la condena mundial. El predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, fue acusado de ser demasiado indulgente con los cárteles; dijo durante su campaña que el Gobierno debía aplicar una política de “abrazos, no balazos”. Presidió el período más violento en México en décadas.

Sheinbaum asumió la Presidencia diciendo que no quería una guerra contra los cárteles, pero parece que la presión de Trump ha obligado a su Gobierno a actuar. Su Gobierno ha trasladado a Estados Unidos a personas consideradas líderes del narco al margen del proceso habitual de extradición, argumentando que representan una amenaza para la seguridad nacional. El extraordinario abatimiento de Oseguera ha sido su medida más audaz hasta el momento, una decisión tomada pese al historial de represalias violentas de su cártel.

Podría ser el inicio de un cambio más amplio en las autoridades mexicanas para hacer frente a los sicarios y agresores que han devastado México durante tanto tiempo y abrir paso a políticas más ambiciosas para reducir la impunidad y la violencia. Un verdadero cambio requeriría que Estados Unidos también actúe. No con ataques militares ilegales en territorio mexicano, como ha amenazado Trump, sino trabajando para reducir la demanda estadounidense de drogas mediante la transformación de su sistema de rehabilitación y deteniendo el flujo de armas al sur de la frontera.

Enfrentar a los cárteles pese a su cabildeo violento es un primer paso. Una nación no puede ceder su futuro a las amenazas de figuras del crimen como Oseguera para siempre.

*Ioan Grillo es un colaborador de Opinión que lleva dos décadas cubriendo la violencia de las pandillas y el crimen organizado en México y en otros lugares de América Latina.