México, la fragmentación de un Estado Infobae
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, marcó un hito en la historia criminal de México: su abatimiento no solo fue un golpe potente al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino un recordatorio brutal de la fragmentación del Estado frente al crimen organizado.
Tras décadas en las que cárteles como el CJNG se expandieron por más de 40 países, diversificaron sus negocios ilícitos e incorporaron tecnologías modernas para sostener su poder de fuego y logística criminal, México vive hoy una crisis de autoridad que trasciende la violencia cotidiana.
El fenómeno no es nuevo, pero su intensidad sí lo es. El CJNG ha sabido explotar las debilidades institucionales, los vacíos de política de seguridad y la fragmentación de capacidades estatales. En varios estados, la violencia se ha convertido en una forma de gobierno paralelo: extorsión, bloqueo de carreteras, ataques contra fuerzas del orden y campañas de desinformación que buscan sembrar pánico y deslegitimar la autoridad estatal.
El reto mexicano, sin embargo, no puede leerse como un caso aislado. En el conjunto regional también han surgido debates sobre cómo crimen organizado y poder político pueden entrelazarse hasta volverse parte de la propia estructura estatal.
En el caso de Venezuela, por ejemplo, el denominado “Cártel de los Soles”, una gran red de narcotráfico enquistada dentro de un Estado petrolero, que facilitar el tránsito y la exportación de cocaína hacia mercados globales. Hoy el propio jefe del cartel está a punto de enfrentar un juicio en Estados Unidos, luego de que el 3 de enero de este año fuera capturado en una operación del ejército americano.
El problema no es solo que existan cárteles poderosos. Es que, tanto en México como en otros países de la región, el crimen organizado ha aprendido a explotar y corromper las debilidades del sistema político y judicial. Esto demanda un replanteamiento de la gobernanza regional, no únicamente a nivel de fuerzas de seguridad, sino también desde una articulación legal, política y diplomática.
Mientras los Estados nacionales actúen de forma aislada, los grupos criminales seguirán moviéndose con ventaja: adaptando rutas, diversificando actividades ilícitas y capitalizando los vacíos en cooperación internacional.
Pero esa relación entre crimen organizado y poder político no es abstracta ni meramente retórica. Tiene expresiones concretas y verificables que atraviesan a varios países de la región. El primer eslabón suele ser el financiamiento de campañas electorales: dinero ilícito que ingresa para asegurar protección futura, acceso privilegiado o simple inacción estatal. No se trata solo de comprar candidatos, sino de invertir en gobernabilidad. El narco no busca necesariamente gobernar; busca que el gobierno no lo gobierne.
El segundo nivel son los acuerdos tácitos de gobernabilidad territorial. El Estado conserva la fachada institucional —elecciones, alcaldías, policías— mientras el crimen administra de facto la vida cotidiana: decide quién puede circular, quién abre un negocio, quién hace política local. A cambio, se ofrece “orden”, reducción selectiva de violencia o incluso apoyo electoral. Es una paz criminal: frágil, excluyente y profundamente antidemocrática.
El tercer componente es la captura progresiva de instituciones. Fiscales que no investigan, jueces que dilatan, fuerzas de seguridad que miran hacia otro lado o participan activamente del negocio. En este punto, la línea entre Estado débil y Estado cómplice se vuelve borrosa. No hace falta que todo el aparato esté corrompido: basta con que los nodos clave lo estén.
Aquí es donde el caso venezolano adquiere relevancia regional. Más allá de las disputas narrativas, lo que preocupa no es solo la existencia de redes criminales, sino su integración en la lógica de poder. Cuando el crimen deja de ser un enemigo externo y pasa a ser un actor funcional del régimen, la gobernanza criminal se institucionaliza. Y ese modelo —basado en lealtades, rentas ilícitas y control territorial— se vuelve exportable.
México enfrenta hoy una versión distinta, pero emparentada, de ese riesgo. No se trata de un narcoestado clásico, sino de un Estado fragmentado, donde la soberanía se negocia por regiones y la legalidad convive con pactos informales. El peligro no es solo la violencia, sino la normalización de esa convivencia: cuando la política aprende a administrar al crimen en lugar de combatirlo, la democracia entra en fase de erosión silenciosa.
Por eso, el desafío no es ideológico, sino institucional y moral. No hay proyecto de izquierda ni de derecha que pueda sobrevivir a largo plazo si acepta que su estabilidad depende de actores criminales. El matrimonio entre política y crimen siempre termina igual: el poder cree usar al narco, pero acaba siendo usado por él.
