Un informe alemán reveló 16 denuncias por abuso sexual contra un ex obispo en Ecuador y desató el pedido de retirar sus honores

La estatua de Emil Lorenzo Stehle sigue elevándose seis metros sobre el tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas, una provincia del centro norte del país. Para muchos habitantes, su nombre continúa asociado a carreteras, puentes, escuelas y obras sociales. Pero desde 2021 esa imagen convive con un informe oficial de la Conferencia Episcopal Alemana que documenta denuncias de abusos sexuales y posibles actos de encubrimiento vinculados al obispo alemán, fallecido en 2017.

El “Informe final” elaborado por la abogada Bettina Janssen en julio de 2022 examinó los archivos de la Oficina de Coordinación de Fidei Donum y de la organización Adveniat, que Stehle dirigió entre 1977 y 1988. El mandato fue claro: analizar de forma sistemática los expedientes en busca de “indicios de abusos sexuales y actos dirigidos al encubrimiento” relacionados con Emil Stehle y con sacerdotes enviados a América Latina bajo el programa Fidei Donum.

En la sección dedicada a su persona, el informe detalla que existieron denuncias ante la Conferencia Episcopal Alemana desde 2003/2004, ante el Arzobispado de Friburgo desde 2005 y nuevas denuncias ante Adveniat desde septiembre de 2021. Solo en el apartado de denuncias registradas por Adveniat en 2021 se enumeran cinco mujeres identificadas como Sra. A, Sra. B, Sra. C, Sra. D y Sra. E (esta última con dos denuncias). El informe incluye, además, hasta 16 denuncias individuales y referencias a otros testigos de la época.

Según el informe, los hechos denunciados se habrían producido en distintas etapas de su trayectoria eclesiástica: primero cuando ejercía como sacerdote en Bogotá, Colombia, en la década de 1950; luego durante su gestión como director general de Adveniat en Essen, entre 1972 y 1984; y posteriormente en Ecuador, tanto en su período como obispo auxiliar de Quito (1983-1986) como durante su ejercicio como obispo de Santo Domingo, entre 1987 y 2002.

El documento también recoge que, tras la publicación del estudio de Hildesheim en 2021, la directora Antje Niewisch-Lennartz informó que, en total, se hablaba ya de “seis denuncias” contra Stehle. A raíz de esa publicación, cinco mujeres afectadas se pusieron en contacto con Adveniat para denunciar abusos sexuales por parte del obispo. El informe agradece expresamente a las personas afectadas por haber contribuido “a una mayor concreción de la imagen emergente de los archivos”.

Pero la investigación alemana se limitó a los archivos bajo su jurisdicción. “Solo hemos evaluado nuestros archivos”, explica la directora de Adveniat en el reportaje de Frank Brassel, donde también se subraya que la búsqueda activa de víctimas se realizó en Alemania. En el propio informe, Janssen recomienda que, “en la medida de lo posible”, se hagan “esfuerzos delicados para llegar a las posibles víctimas, en colaboración con las diócesis latinoamericanas competentes”.

En Santo Domingo, ese llamado fue recogido por organizaciones de mujeres. Nalda Bustamante, del Movimiento de Mujeres de Santo Domingo, relata que varias agrupaciones locales decidieron estudiar el informe y hacerlo público en la ciudad. “Nos hemos juntado varias organizaciones de mujeres de Santo Domingo… con el objetivo de hacer público el informe”, afirma.

El colectivo organizó una rueda de prensa junto a Ulrike Bey —sobrina de Stehle y una de sus víctimas— para que la ciudadanía conociera el contenido del documento y para “hacer un llamado también al obispado de Santo Domingo y a la Conferencia Episcopal del Ecuador para que en función de este informe también pues se abran las puertas para que las posibles víctimas que hayan también en Santo Domingo y en el Ecuador puedan presentar estas denuncias”.

Para Bustamante, el problema no es solo la memoria simbólica. “Resultan todos estos reconocimientos contradictorios cuando nosotros nos enterábamos de que han habido múltiples víctimas que han presentado las denuncias… incluso que han sido indemnizadas en Alemania”, sostiene. Según su lectura del informe, parte de los hechos ocurrieron en Ecuador, en el contexto del obispado de Santo Domingo, cuando jóvenes viajaban al país en actividades eclesiales.

El cuestionamiento se extiende al ámbito académico. En 1992, el Consejo Universitario de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) resolvió otorgar a Stehle el título de Doctor Honoris Causa, según consta en la “Resolución No. 16-C.U./UTE” del 20 de abril de ese año. En el documento se señala expresamente: “Otorgar a Monseñor Emil L. Stehle, Obispo Prelado de Santo Domingo de los Colorados, el título de DOCTOR HONORIS CAUSA de la Universidad Tecnológica Equinoccial”.

Tras la difusión del informe alemán, la UTE abrió un proceso de revisión interna. Bustamante relató que fueron convocadas a una reunión del Consejo Académico para discutir la propuesta de retirar ese reconocimiento. Para las organizaciones, la revocatoria del doctorado honoris causa sería una señal institucional relevante en el reconocimiento de las denuncias.

El informe no solo aborda denuncias directas contra Stehle, sino también su papel como director de la Oficina de Coordinación de Fidei Donum. Allí se examinan casos en los que intervino en situaciones de sacerdotes acusados de abusos sexuales, facilitando apoyos o traslados hacia América Latina. El estudio de Hildesheim ya había señalado que Stehle sustrajo “de forma demostrable” a un sacerdote acusado de abusos de la persecución penal en Alemania, ayudándole a mantenerse en América Latina.

Para las organizaciones de mujeres, este patrón agrava la situación. Bustamante lo resume así: Stehle “aprovechó también los cargos importantes que tenía como presidente de la organización Adveniat… aprovechando estos cargos y los recursos que tenía a disposición… él trajo sacerdotes europeos alemanes que habían estado siendo procesados investigados y con denuncias por abuso sexual”. En su testimonio, sostiene que estos traslados habrían permitido que algunos evitaran enfrentar procesos judiciales en sus países de origen.

La reacción ciudadana, según Bustamante, ha sido diversa pero significativa. “Se ha generado un debate público que para nosotros es fundamental… la gente comenzó a hablar del tema”, afirma. Para las organizaciones, desmitificar la figura no implica negar las obras sociales realizadas, sino reconocer que “no hay ninguna obra por monumental que haya hecho que justifique el daño generado a través del abuso sexual a una niña a una mujer”.

Mientras tanto, en la página web de la diócesis de Santo Domingo, Stehle continúa presentado como figura ejemplar, sin referencias a las acusaciones ni pedidos de perdón a las víctimas, según el reportaje de Brassel.

Frente a estas exigencias, el obispo de Santo Domingo de los Tsáchilas, Bertram Wick, emitió un pronunciamiento por escrito recogido por Ecuavisa. En su respuesta, Wick puntualizó: “Tengo que constatar que Mons. Emilio no fue condenado por un tribunal. El motivo por esto no me es conocido”. Aclaró que, aunque la Iglesia condena cualquier tipo de abuso o mal uso de poder espiritual, no existe una sentencia penal que determine culpabilidad, y subrayó que, sin denuncias formales en Ecuador, no puede iniciarse un proceso local de investigación.

Wick también afirmó que la diócesis intervino en prevención, contratando profesionales y organizando jornadas de formación para detectar y abordar posibles casos de abuso, y señaló que la retirada de homenajes solo puede hacerse por las instituciones que los otorgaron. “Como obispo, respeto los deseos de las instancias que otorgaron los honores. No me opongo a que los quiten si así lo determinan”, agregó.

El informe alemán revisó 474 expedientes de acompañamiento de misioneros Fidei Donum y documentación histórica acumulada durante décadas. Sus conclusiones no sustituyen investigaciones penales en Ecuador, pero sí establecen que existieron denuncias múltiples, testimonios consistentes y decisiones institucionales que merecen esclarecimiento adicional.

Para los colectivos de mujeres en Santo Domingo, el siguiente paso es claro: abrir archivos en Ecuador, habilitar mecanismos de denuncia con garantías para sobrevivientes y revisar los homenajes públicos a la luz de los estándares actuales de protección de derechos. “Queremos que la gente entienda que no hay ninguna obra que borre eso”, insiste Bustamante.