Isabel Perón en Chapadmalal y un gobernador peronista aspirante a convertirse en el presidente civil de una dictadura en gestación Infobae

La Capital Federal y el Conurbano bonaerense empezaron marzo de 1976 pasados por agua y no precisamente por los tradicionales juegos del Carnaval. El lunes 1°, feriado, los vecinos todavía estaban reponiéndose de los efectos del feroz temporal que el domingo se había descargado sobre la región, inundando varios barrios porteños y dejando intransitable durante horas la Ruta Panamericana. Las cifras oficiales daban cuenta de un muerto y de varios heridos, mientras los noticieros informaban que todavía persistían los cortes de luz y de teléfono causados por la tormenta. La mayoría de la sociedad ya estaba de vuelta de las vacaciones y se preparaba para el inminente inicio de las clases de los hijos. Por las calles circulaban los autos más populares de la época: el Renault 12, el vehículo más vendido durante 1975, los Fiat 600 y 128, y los enormes Chevy con motores tan voraces que podían causar una crisis petrolera. Hacía poco que Ford había lanzado el Taunus, pero al Falcon no había con qué darle: sumaba 11.525 unidades vendidas el año anterior y la producción de 1976 amenazaba con superar esa cifra. Los argentinos de mediados de la década de los ’70 sabían distinguir por su uso las tres clases de Falcon que iban y venían: los que utilizaban las familias, que los elegían por su amplitud; los que manejaban los taxistas, que los preferían por su fortaleza y confiabilidad; y los otros, los que recorrían las calles por las noches, a veces de a dos, con hombres de rostros irreconocibles en su interior y armas largas asomando por las ventanillas. Algunos llevaban patentes que comenzaban con C1 031 y pertenecían Coordinación Federal, otros ni siquiera las tenían. Eran los autos de la represión ilegal, del terrorismo estatal.

Ese era el clima –mucho más preocupante que una ocasional tormenta– que se vivía en la Argentina que se encaminaba inexorablemente hacia el golpe de Estado. Ese lunes de Carnaval, María Estela Martínez de Perón descansaba en Chapadmalal, agotada después de mantener febriles reuniones con el equipo que encabezaba el ministro Emilio Mondelli para encontrarle salida a una economía que hacía agua por todas partes. A su regreso, la presidente tenía previsto reunirse con representantes de las 62 Organizaciones que lideraba Lorenzo Miguel en busca de un apoyo sindical que le venía resultando esquivo. Corrían, además, rumores contradictorios sobre una posible Asamblea Legislativa –una sesión conjunta de diputados y senadores– que podía llegar a convocar el presidente provisional del Senado, Ítalo Lúder, para buscar la manera de sostener al gobierno hasta la realización de unas elecciones presidenciales adelantadas.

Desde su despacho en La Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró, seguía con atención todos esos movimientos. Sindicalista metalúrgico alineado siempre con el ala más ultraderechista del peronismo, había llegado a la gobernación bonaerense en enero de 1974, en reemplazo de Oscar Bidegain, cuya renuncia había exigido Juan Domingo Perón, acusándolo de “cómplice o negligente”, después de que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) intentara tomar un regimiento en Azul. Habían pasado más de dos años desde aquel momento y para marzo de 1976 hacía rato que Calabró desarrollaba su propio juego desde la vereda opuesta a la del gobierno nacional.

Se había alineado con un sector de los militares golpistas por un objetivo más que ambicioso: convertirse en presidente, aunque no por la vía de los votos sino por la de las botas. Ese proyecto –que medio siglo después parece quimérico– no era descabellado porque tenía un ideólogo y un sostén de mucho peso, el jefe del Estado Mayor del Ejército y uno de los mayores promotores del golpe en ciernes, el general Roberto Viola.

Calabró y la CNU

Apenas se hizo de la gobernación provincial, Victorio Calabró formó su propia fuerza ilegal de choque para combatir a sus enemigos, que eran los del “ser nacional”: los militantes marxistas y de la izquierda peronista, esos “infiltrados” que Perón había ordenado “depurar” del Movimiento en el documento reservado del 1° de octubre de 1973. En la práctica, Calabró fue mucho más allá. No tuvo dificultades para hacerse de una banda parapolicial propia porque utilizó a un grupo de choque que ya existía, la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una agrupación que ya sumaba en su prontuario criminal el asesinato de la estudiante Silvia Filler en Mar del Plata y la participación de sus miembros en la Masacre de Ezeiza.

Liderada militarmente por el matón Carlos Ernesto Castillo (a) “El Indio” en La Plata y por el abogado Gustavo Demarchi en Mar del Plata, la CNU comenzó a secuestrar y a asesinar a estudiantes, docentes universitarios, sindicalistas combativos y militantes barriales en una escalada de violencia que para marzo de 1976 se había cobrado más de un centenar de víctimas en la capital provincial y casi dos decenas en la ciudad balnearia. Sus grupos operaban con total impunidad en zonas previamente “liberadas” por la policía bonaerense, que tenía la orden de no interferir desde lo más alto del gobierno provincial.

Mientras tanto, Calabró iba tomando distancia de la viuda de Perón. Para abril de 1975 ya tenía una manifiesta posición “antiverticalista”, pero a diferencia de muchos disidentes que criticaban las medidas antipopulares que había comenzado a tomar el gobierno nacional, sobre todo a partir del Rodrigazo, sus cuestionamientos eran desde el extremo de la ultraderecha. Fue en ese momento cuando comenzó a tener fluidos contactos con algunos hombres muy encumbrados en las Fuerzas Armadas.

El posicionamiento de Calabró causó preocupación en los sectores “verticalistas” del peronismo, donde se destacaba la figura del gobernador de La Rioja, Carlos Menem. El riojano no se alineaba con Isabel por convicción sino por conveniencia, porque también tenía un proyecto propio, opuesto al del gobernador bonaerense. Menem quería mantener el orden constitucional y llegar a las elecciones porque acunaba la esperanza de ganarlas y convertirse en el próximo presidente. En ese contexto, comenzó a fogonear la propuesta de intervenir la provincia de Buenos Aires para sacar a Calabró de la cancha.

Un intendente asesinado

Menem tenía el hombre ideal para reemplazarlo, el intendente de La Plata, Rubén Cartier, un hombre que había sido cercano a Bidegain y a los sectores más progresistas del peronismo y que, aunque no compartía el rumbo político de la viuda de Perón, se había alineado con los “verticalistas” para sostener al gobierno y preservar así la vigencia de las instituciones democráticas. “Para Menem la alianza con Cartier no solo representaba enfrentar a Calabró y al golpismo: Menem ya había ido dejando ver que estaba dispuesto a ser candidato si finalmente se decidía adelantar las elecciones. Obviamente, Cartier como interventor de Buenos Aires -en los hechos gobernador- le representaba a Menem un decisivo aliado político: un Buenos Aires con Cartier como gobernador hubiera sido para Menem un muy posible triunfo electoral en los comicios presidenciales. De hecho, dejar de ser un caudillo provinciano era uno de los principales retos políticos que se le presentaban al entonces gobernador de La Rioja y Cartier era el puente perfecto para llegar a Buenos Aires”, explica el historiador Frank García Hernández en su libro, todavía inédito, El socialismo nacional de Rubén Cartier: el intendente de La Plata que asesinó la CNU.

La noche del 14 de julio de 1975, Cartier salió de La Plata acompañado por su secretario privado, Alfredo Otero, y el director de Tránsito de la Comuna, Manuel Balver. Iban hacia la Capital Federal en un Dodge Polara conducido por el chofer Edgardo Villalba. Cartier tenía previsto reunirse con Menem, que lo esperaba en el Hotel República. Nadie se dio cuenta de que el auto del intendente era seguido de cerca por una camioneta Chevrolet último modelo –amarilla, con llamativas rayas rojas- y un Ford Falcon. Cuando, poco antes de las 21, circulaban por la avenida Mitre a la altura de Sarandí, la camioneta se puso a la par y sus tripulantes descargaron una lluvia de balas de Itaka y de ametralladora contra el Dodge. La llamativa camioneta –muy fácil de identificar- y el Ford Falcon en que viajaban los asesinos de la CNU se alejaron del lugar del atentado sin que la policía moviera un dedo para detenerlos: la zona estaba liberada. Cartier murió instantáneamente y Belverde, herido de gravedad, agonizó durante horas en el Hospital de Avellaneda. Otero recibió heridas leves y el chofer Villalba resultó milagrosamente ileso.

Calabró repudió el asesinato del intendente platense, que no podía ser más oportuno para sus intereses: la reunión en el Hotel República tenía como fin ultimar los detalles para que Cartier fuera propuesto a la viuda de Perón como el hombre indicado para intervenir la provincia de Buenos Aires. Con su muerte, la jugada quedó abortada.

El gobernador golpista

Durante los meses siguientes, los vínculos de Calabró con un sector de los militares golpistas se fortalecieron aun más. En octubre de 1975, por decisión del gobernador bonaerense, la CNU pasó a colaborar con Batallón 601 de Inteligencia del Ejército para facilitar su accionar represivo. En La Plata, el grupo liderado por Carlos Ernesto Castillo (a) “El Indio” quedó a las órdenes del coronel Alejandro Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, dependiente del Area Operacional 113, comandada por el coronel Roque Carlos Presti, padre del actual ministro de Defensa. Desde entonces, en muchos operativos, sus miembros se mezclaron con militares de civil para realizar secuestros y asesinatos, tanto en La Plata como en las zonas fabriles de Ensenada y Berisso, como demostraron Alberto Elizalde Leal y el autor de este artículo en su libro La CNU – El terrorismo de Estado antes del golpe.

Su mejor contacto era el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Viola, quien a fines de 1975 propuso a sus pares que, tras el derrocamiento de la viuda de Perón, el nuevo gobierno tuviera un mascarón de proa Civil y no un dictador militar. Se trataba de suavizar la imagen de la dictadura frente a la sociedad argentina, preservar su imagen internacional y cooptar sectores políticos para ponerlos al servicio del régimen. “En 1975, mientras la gestión de Isabel Perón se descomponía aceleradamente, Calabró se soñaba presidente de facto, según cuenta el represor Norberto Cozzani en su libro Yo asumo, de 2006. Viola, secundado por una ‘Mesa de Notables’, propuso que el futuro régimen no estuviera por la Junta Militar sino por un civil de su confianza: Victorio Calabró”, relata Vicente Muleiro en 1976 – el golpe civil.

La propuesta no tuvo aceptación, pero el gobernador bonaerense no perdió las esperanzas. Tenía otras fichas para jugar, como su relación con el comandante en jefe de la Armada, Eduardo Emilio Massera, con quien en más de una oportunidad salió a navegar por el río Paraná. En el marco de esa relación, Calabró nombró al capitán de navío Jorge Sgavetti –que luego sería parte de los grupos de tareas de la Esma– como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense. También fue en vano, porque la enorme mayoría de los golpistas no aceptaba poner a un civil en la Casa Rosada y en el caso de Calabró, tenía enemigos poderosos, como el general Ibérico Saint Jean.

Para el 1° de marzo de 1976, el peronista Victorio Calabró ya sabía que sus chances de ser nombrado presidente por la dictadura que se avecinaba eran casi nulas, pero a la vez tenía la certeza de que su trabajo a favor de los golpistas sería bien recompensado. Por eso, la noche del 23 de marzo, horas antes de que María Estela Martínez de Perón fuera detenida y derrocada, recibió un aviso y se sentó a esperar en su despacho de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estaba allí a las tres de la madrugada del 24 cuando el general Adolfo Sigwald, nombrado interventor militar de la provincia más poblada del país, llegó y le tendió la mano.

“La ceremonia de transmisión del mando fue breve: media hora. Victorio Calabró se convirtió en el único gobernador constitucional que legalizó la sedición con la entrega formal del poder. Aunque la prensa no fue admitida, se filtraron algunos párrafos del sumario discurso de Sigwald: ‘Después de una dramática espera, las Fuerzas Armadas han resuelto interrumpir el orden institucional porque aspiran a jerarquizar el país que jerarquizaron nuestros mayores’”, cuentan María Seoane y Héctor Ruiz Núñez en La noche de los lápices. Después, los dos hombres mantuvieron una reunión a solas. “La conversación se centró en la lucha frontal contra la izquierda, peronista y marxista, los activistas en la universidad y los colegios, y en la colaboración de la CNU en las tareas de represión”, precisan Seoane y Ruiz Núñez.

Eran casi las cuatro de la mañana cuando el militar y el civil cómplice se despidieron y Calabró se fue tranquilamente a su casa, sin que nadie lo molestara. Fue el único gobernador peronista que tuvo ese privilegio. Desde esa misma noche se retiró para siempre de la actividad política y de la vida pública. Murió el 30 de abril de 2011, a los 82 años, sin que ningún medio publicara la noticia.