Sindicato de la Electrificadora de Santander denunció la suspensión de más de 250 contratos en medio de la huelga que completa nueve días Infobae
La huelga que afecta a la Electrificadora de Santander cumple hoy nueve días sin que se registren avances en la negociación entre los trabajadores y la compañía.
Aunque el suministro de energía no ha sido interrumpido, la incertidumbre se mantiene para usuarios y empleados, mientras crecen las presiones para que las autoridades garanticen tanto la continuidad del servicio público como la protección de los derechos laborales.
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El Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) denunció que la Electrificadora de Santander (Essa), filial del Grupo EPM, canceló de forma unilateral más de 250 contratos de trabajadores involucrados en la huelga desde el 20 de febrero.
Juan Carlos Terán, presidente de Sintraelecol Bucaramanga, advirtió que la mayoría de las personas afectadas estaban próximas a pensionarse o eran mujeres cabeza de familia. Terán señaló que esta decisión incrementa el impacto social y agrava la tensión dentro del conflicto laboral.
“Han sido suspendidos más de 250 contratos de forma irregular sin un sustento jurídico los cuales a los trabajadores que estamos suspendidos, nos han reemplazado con compañeros de otras áreas de trabajo para hacer y realizar las labores correspondientes a nuestros puestos de trabajo”, afirmó Teherán.
Las cancelaciones se realizaron sin previo acuerdo y son, a criterio de Sintraelecol, una represalia directa contra quienes ejercen su derecho a la protesta.
El sindicato sostiene que estas decisiones administrativas profundizan la crisis y dificultan cualquier avance hacia una solución negociada.
“Rechazamos lo que está sucediendo en este momento, la cancelación o congelación de contratos a personal de término indefinido, a personas que están para prepensionarse, a madres cabeza de familia, mujeres embarazadas; ya aquí se muestra un entorno de preocupación, ya hay personas que demuestran afectación psicológica por la arbitrariedad de la Electrificadora de Santander”, expresó uno de los trabajadores afectados.
A pesar de la protesta y el paro laboral, la Essa ha mantenido en funcionamiento el servicio de energía en todo el territorio de Santander. Voceros sindicales aclararon que los servicios esenciales a los usuarios continúan operando con normalidad.
“Se van a respetar los mínimos esenciales con lo cual la ciudadanía debe estar tranquila, que estos trabajadores están luchando no solamente por sus derechos, sino también porque el servicio de energía le llegue a sus hogares con toda eficiencia”, dijo uno de los voceros del sindicato.
No obstante, los representantes de los trabajadores alertaron que la compañía estaría programando mantenimientos preventivos que podrían derivar en suspensiones del suministro eléctrico en distintos sectores.
El sindicato considera que esta medida contradice lo pactado en las mesas técnicas con los Ministerios de Minas y Trabajo, ya que acordaron que durante la huelga sólo se ejecutarían mantenimientos correctivos, con el objetivo de asegurar el suministro constante de energía.
El sindicato Sintraelecol presentó un derecho de petición a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, solicitando su inspección y vigilancia. Exigen que estas entidades verifiquen el cumplimiento de los compromisos asumidos, resguarden los derechos laborales de los empleados y aseguren el acceso de la ciudadanía a un servicio público esencial.
Afirman que la programación de actividades preventivas impacta negativamente a los usuarios y genera hostilidad hacia quienes legítimamente ejercen su derecho a la protesta.
El conflicto actual se origina en desacuerdos profundos sobre garantías laborales, estabilidad en el empleo, mejoras en las condiciones contractuales y respeto a los derechos sindicales. Los trabajadores exigen mayor seguridad jurídica en sus vínculos laborales, mientras la Essa justifica las decisiones adoptadas en la necesidad de atender criterios operativos y financieros para la sostenibilidad de la empresa.
El estancamiento en la mesa de negociación mantiene un ambiente de incertidumbre para los empleados y para la comunidad usuaria del servicio eléctrico en Santander.
Frente a la imposibilidad de alcanzar consensos, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, pidió públicamente a ambas partes que flexibilicen sus posiciones y permitan una solución negociada.
“El Ministerio de Minas y Energía y el de Trabajo buscaron mediar, intervenir y convocaron reuniones para acercar a las partes. Sin embargo, acaba de finalizar la última sesión y definitivamente no se logró acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia- Sintraelecol y la empresa filial del Grupo EPM”, dice un comunicado emitido por el sindicato previo al inicio de la huelga el viernes 20 de febrero.
Así mismo, el jefe de la cartera de Minas planteó la posibilidad de que, en ausencia de acuerdo directo, el conflicto sea dirimido por un tribunal de arbitramento, un mecanismo institucional previsto por el Gobierno para resolver disputas laborales complejas.
Antes de que se produjeran las cancelaciones y las denuncias actuales, en mesas técnicas con la intervención de los ministerios competentes, se habían establecido lineamientos específicos para proteger tanto la prestación continua del servicio público como los derechos de los trabajadores involucrados en la huelga.
