El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años Infobae

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.

Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.

“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.

Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo observó y Villarruel aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pusieron de pie y se hizo silencio.

El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.

Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.

Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.

Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.

La respuesta llegó del bloque libertario, algunos con mayor énfasis que otros, como el caso de Luis Juez que acusó al bloque del peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.

“Si la discusión es la plata que la pongan en las provincias que se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora milita en LLA.

Parte de la mirada que mostró el peronismo también estuvo en la alocución de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios que no iba a habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo no cumplió e hizo entrar a varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.

“Nosotros somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y que hagan una sociedad mejor. Tenemos que actuar con racionalidad y con humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, dijo Corpacci.

Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, hizo un recorrido por diferentes artículos en los que fue explicando la inconstitucionalidad de cada uno de ellos. El ex gobernador además señaló que todo el proyecto va a generar una “litigiosidad. En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.

El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien era diputado cuando comenzó el debate en la Cámara Baja, señaló que “a pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”

Qué dice el proyecto

El proyecto de ley propone la creación de un sistema penal juvenil especializado orientado a adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a su edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y regula que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.

El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el primer momento y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. La propuesta contempla la rápida intervención del aparato judicial y reconoce el derecho de los adolescentes a ser oídos y a que su familia participe activamente en el proceso.

El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por los delitos juveniles. El proyecto garantiza a las víctimas asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y de oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal. La normativa también contempla la participación de las víctimas en instancias restaurativas, como la mediación penal juvenil.

El sistema de sanciones establece un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo será aplicable en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.

Para la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción del joven. La libertad condicional podrá otorgarse solo con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen medidas específicas para responder a problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.

La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé la diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como la capacitación del personal a cargo.

En los casos de menores inimputables, el texto dispone la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, el proyecto estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.