Bogotá busca ponerle límites a las protestas que crean disturbios y caos en Transmilenio: “No pueden seguir anulando los derechos de los usuarios” Infobae
El gobierno de Bogotá estudia modificar los protocolos de intervención en protestas, después de registrar un incremento del 20% en el número de manifestaciones que sumaron 1.761 protestas en 2026
La medida prioriza la protección del sistema Transmilenio, “la movilidad urbana y los derechos de quienes no participan en las movilizaciones, en medio de un intenso debate político sobre el equilibrio entre la protesta social y el acceso a servicios públicos esenciales”, según cita Blu Radio del documento oficial.
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El análisis oficial responde a la publicación de estas cifras y a la solicitud formal de información por parte de la concejala Heidy Sánchez, quien consultó sobre posibles cambios en los protocolos establecidos en el decreto 052 y 053 de 2023.
Los documentos oficiales, revisados por Blu Radio, confirman “que la Secretaría de Gobierno considera ajustes legales y operativos para la gestión de protestas y bloqueos en la ciudad”.
El alcalde Carlos Fernando Galán, en dialogos con el medio citado, afirmó que la prioridad es proteger la integridad de la ciudadanía, mantener la operación en rutas estratégicas como el aeropuerto y evitar daños en instalaciones clave, incluyendo Transmilenio, que ha sufrido vandalismo y bloqueos recientes.
El secretario de GobiernoGustavo Quintero declaró a Blu Radio que la revisión de protocolos busca “blindar a quienes resultan afectados por los bloqueos”, en especial quienes dependen del transporte público.
“Consideramos desmedido el bloqueo deliberado, incluso el ataque violento, contra el transporte público en horas pico y en troncales, afectando millones de personas que van a estudiar, trabajar o acudir a una cita médica”, señaló Quintero.
Desde la administración insisten en que cualquier ajuste estará enfocado en garantizar la circulación y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin desconocer el derecho constitucional a la protesta. Galán remarcó que la movilidad es un bien estratégico indispensable para acceder a la salud, la educación y el trabajo.
Sectores del Concejo de Bogotá han expuesto sus críticas a la reforma, advirtiendo sobre el riesgo de que la medida facilite excesos policiales. Según Blu Radio, la concejala Heidy Sánchez sostiene que el ajuste normativo podría favorecer la represión y restringir el ejercicio legítimo de la protesta. “Quieren que el Transmilenio sea intocable y que, cuando alguien ose bloquearlo, se anulen sus derechos y se active inmediatamente la represión violenta”, expresó Sánchez en dialogo con el medio citado.
La concejala propone fortalecer los canales de diálogo entre autoridades y manifestantes en lugar de optar primero por la intervención policial. Asegura que la administración debería analizar las causas del aumento de las movilizaciones, más que centrarse exclusivamente en contenerlas. Sánchez concluyó que percibe en la actual gestión una tendencia a “agudizar la represión” y limitar la libertad de expresión en el espacio público.
Otros sectores políticos respaldan los cambios propuestos por la administración de Carlos Fernando Galán. El concejal Juan David Quintero afirmó al medio mencionado que “defender los derechos es de carácter fundamental” y argumentó: “Bloquear Transmilenio impide que la gente llegue a las clases, a la cita médica, al trabajo… Acciones que concretan derechos fundamentales”.
Quintero sostuvo que intereses particulares no pueden anteponerse a los derechos colectivos e hizo un llamado a que la protesta no implique la suspensión del servicio para quienes dependen diariamente de la movilidad. Agregó: “El derecho a la protesta no puede seguir anulando los derechos de los usuarios del sistema”.
Para la Secretaría de Gobierno, la propuesta responde a la preocupación de trabajadores, estudiantes y familias que dependen del transporte público. El debate se centra en encontrar un equilibrio real entre el derecho a manifestarse y la protección de quienes no participan en protestas.
Como remate, las autoridades distritales recalcan que todas las medidas buscan asegurar que los derechos de los manifestantes y del resto de la ciudadanía reciban el mismo reconocimiento y protección.
