No ven El Financiero
El miércoles decíamos que el problema que enfrentamos es la debilidad del Estado. Esto no parece comprenderse en su interior. El Estado es una construcción política que acumula y hace uso del poder mediante leyes, estructuras burocráticas y fuerzas armadas profesionales. El poder tiene tres fuentes: la violencia, la legitimidad y los recursos.
El sistema político del siglo XX concentró la fuerza en un proceso muy largo. Solo hasta 1946 regresan los militares a los cuarteles, lejos del poder a cambio de negocios moderados. Vuelven a ser utilizados en los 70, contra revueltas políticas, y poco después contra el crimen organizado. Finalmente, en los últimos años, se distraen en negocios jugosos, con los que se compra una lealtad partidaria.
Las estructuras burocráticas nunca se desarrollaron por completo. No se deseaba utilizar la ley a fondo, de manera que fueron más un espacio de negociación que de aplicación de reglas y, por lo mismo, jamás se institucionalizaron. Desde 1965, los recursos económicos disponibles para el Estado no alcanzaban a financiar todas las obligaciones que éste había contraído. La combinación de ambas falencias, institucional y financiera, fue deteriorando la gestión pública, que en estos últimos siete años ha llegado a niveles de indigencia.
Sin contar con el monopolio de la fuerza y con un déficit de recursos, el Estado enfrenta la mayor amenaza en un siglo. Por un lado, grupos locales con fuerza, legitimidad y recursos propios que han logrado extenderse hasta convertirse en una amenaza de reemplazo del Estado; por el otro, el entorno global más riesgoso en un siglo, encabezado por el país vecino, que concentra buena parte de su agresividad en contra de México.
En esas condiciones, poner en riesgo la legitimidad que le queda al Estado me parece una estupidez suprema. Es lo que está ocurriendo. La reforma judicial destruyó la legitimidad de ese poder, eliminando capital humano y reemplazándolo con ignorantes voraces. La Suprema Corte de Justicia está poniendo en riesgo el cumplimiento mismo de la ley. Sus decisiones van en contra de derechos como el de propiedad o el de acceso a un juicio justo. Si desde el Estado se rompen las reglas, será difícil impedir que cada quien decida actuar por cuenta propia.
Más grave es el intento de la señora Sheinbaum de cambiar las reglas de acceso al poder, es decir, impulsar una reforma electoral que no se ha discutido con nadie. Se entiende que saben que no pueden asegurar su triunfo en 2027 porque no cuentan con los cuatro billones de pesos que López Obrador usó para la elección de 2024. Para no perder, quieren ser ellos los que cuenten los votos.
Pero el movimiento que respalda a la señora, si acaso se mantiene unido, no tiene más de 40% de respaldo, según todas las encuestas que he visto rumbo a dicha elección. Cambiar las reglas para impedir que la voluntad de 60% de los mexicanos pueda reflejarse en las urnas será el clavo definitivo en el ataúd de la legitimidad.
Como sostiene Cipolla en las “Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana”, un estúpido es más peligroso que un malvado, porque con tal de dañar a los demás es capaz de dañarse a sí mismo. Con tal de impedir a otros llegar al poder, dinamitan lo que les queda, porque no pueden creer que el ladrillo en el que se han subido pueda desmoronarse de un día para otro. Así se desintegró la Corona Española y se vino abajo Nueva España; así se perdió la mitad del territorio; así nos hundimos en 25 años de guerras civiles. El Estado mexicano es muy frágil. Una vez iniciado el derrumbe, ya no habrá marcha atrás.
