Despedidos y endeudados: Juzgadores en espera de justicia Re-evolucion.mx

Tras ser cesados por la reforma judicial y enfrentar retrasos, omisiones y discrecionalidad en el pago de sus liquidaciones, cientos de jueces y magistrados federales quedaron sin ingreso, con deudas y con su carrera truncada. Luego de meses de protestas y gestiones sin respuesta, al menos 500 ex juzgadores llevaron su caso al ámbito internacional. A finales de enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite la queja presentada contra el Estado mexicano, por presuntas violaciones a los derechos de los jueces despedidos.

La mañana del 3 de septiembre de 2025, Marhéc Delgado, ex jueza de distrito en materia mercantil, manejó por carretera de Tabasco a la Ciudad de México tras ser despedida de su encargo. En un tramo del largo trayecto su hija adolescente le preguntó por qué ahora esta desempleada; por respuesta, la mujer de 43 años le dio una explicación sencilla, “acorde a su edad” relata la abogada. En 2021, cuando inició su encargo, no imaginó concluir antes de lo previsto.

«Nuestro nombramiento decía 6 años”, enfatiza. “Esta mudanza es durísima por su contexto y el gasto que estamos pagando de nuestra bolsa; mientras manejaba en carretera venía pensando: no estoy dispuesta aún a procesar mi duelo porque tengo que ver qué hacer con mi familia y conmigo. Si no lo hago así, literalmente, no podré levantarme de la cama. Estoy viviendo en piloto automático».

En octubre de 2024 ella fue parte del grupo de 711 juzgadores (entre jueces de distrito y magistrados de circuito) despedidos como parte de la Reforma Judicial; al declinar participar en la elección popular, fueron emplazados a dejar sus cargo en 2025 con la promesa constitucional de recibir la liquidación correspondiente (tres meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año de servicio y demás prestaciones) en septiembre 2025. Adicional a este grupo, hubo 139 cargos vacantes por jubilación anticipada. En total, 850 cargos.

Aunque se prometió pagar su liquidación a más tardar en septiembre de 2025, la realidad es que un promedio de 500 ex juzgadores recibió este pago hasta el 27 de noviembre; cien más, el 30 de diciembre, y a la fecha otros 122 están en espera de su liquidación.

El avance de estos pagos fue resultado de las medidas que emprendieron para visibilizar sus casos después de confirmar que no fueron incluidos en el Presupuesto de Egresos 2026 que la presidenta Claudia Sheinbaum envío al Congreso en septiembre y de las declaraciones del diputado federal morenista Ricardo Monreal que adelantó en esas fechas que el presupuesto del nuevo Poder Judicial sería recortado.

Para exigir su pago los ex juzgadores bloquearon avenida Revolución el 29 de octubre de 2025; sólo así fueron recibidos por los integrantes del Órgano de Administración, el nuevo nombre de lo que fue el Consejo de la Judicatura. Allí les informaron que, apenas un día antes, se solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por 6 mil 500 millones de pesos para gastos varios, entre ellos, sus liquidaciones.

El 6 de noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos, y tal como dijo el diputado Monreal, se concretó el recorte al Poder Judicial incluido el Órgano de Administración; no obstante, el 10 de noviembre éste informó que el 10 de diciembre se realizarían los pagos. Para exigir precisiones y respuestas más claras, los ex juzgadores marcharon el 12 de noviembre y bloquearon por cinco horas avenida Insurgentes, hasta que llegó la policía capitalina que los replegó para liberar la vialidad. Solo así, el Órgano de Administración les entregó en los días subsecuentes información individual de cada liquidación.

Este proceso de liquidaciones será un precedente para los otros 849 juzgadores que, aunque continúan en funciones con menor sueldo, serán despedidos en 2027 cuando sus sucesores sean electos mediante una segunda elección judicial.

Marlen Ángeles, de 47 años, ex jueza de distrito mixto en amparo pertenece (igual que Delgado) a la última generación de juzgadores que llegaron a su encargo por carrera judicial. Son en promedio 300 nombrados entre 2021 y 2022; y aunque cuentan con carreras judiciales de más de 20 años, no alcanzaron el requisito mínimo (ratificación de su cargo) para tramitar una pensión por jubilación; así que su liquidación será su único capital frente a un futuro incierto.

«Mi nombramiento era por 6 años, fui a la sesión del Senado cuando hicieron la tómbola, fue un shock enterarme que me iba en 2025 ¡Ni siquiera encuentro palabras! ¡Pero si tengo 22 años de carrera! Pasé por nombramiento de intendencia a oficial, secretaria, me especialicé en diversas áreas y no tener horarios afectó mi vida de pareja.

El caso de la magistrada de circuito en retiro Julia García es diferente. Con 52 años de edad -de los cuales 32 fueron de carrera judicial-, tramitó su pensión en los últimos meses del ahora extinto Consejo de la Judicatura. «Yo sí obtuve ratificación en el cargo que era una garantía de inamovilidad judicial; empecé desde abajo, cosí expedientes, puse folios. Los últimos 25 años de mi carrera viví la mejor época de la judicatura federal, los grandes cambios como la reforma en Derechos Humanos de 2011 y la ley de Amparo de 2013».

Julia comprendió que su estabilidad laboral pasó a ser letra muerta el 11 de septiembre de 2024, la madrugada en que el Senado aprobó la reforma al Poder Judicial en la casona de Xicoténcatl con el voto del entonces panista Miguel Ángel Yunes Márquez. “Me quitaron a la mala mi inamovilidad judicial sin haber dado motivo a ello, sin seguir los procesos específicos, de manera unilateral y arbitraria. Estaba en la protesta allí afuera, no creía que esto pudiera pasar. Meses antes, cuando se empezó a hablar de la reforma judicial tuve una etapa de incredulidad, me dije no hay forma de que esto pase; alguien tiene que reaccionar”.
 

En mayo, Azul Aguilar presentó en Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) su libro “Cultura legal, orígenes sociopolíticos y trayectorias profesionales de los jueces en México”. Allí enlistó las cuatro principales conclusiones del estudio, una encuesta de 167 preguntas que aplicó a una muestra de 71 jueces de distrito, magistrados de circuito y magistrados electorales de ocho circuitos judiciales, durante el segundo semestre de 2018:

1.- La gran mayoría ingresó al Poder Judicial tras la reforma de 1994.

2.- El 81.7% estudió licenciatura en escuela pública y el resto en privada.

3.- Ocho de cada 10 tiene maestría y tres de cada 10 doctorado.

4.-  Sólo el 14% llegó a su encargo por recomendación; el resto (86%) fue por solicitud propia, ascenso meritorio y exámenes.

«Me sorprendió el origen social de los juzgadores”, afirmó la académica en aquel evento, “en la encuesta las opciones que tenía eran hijos de abogados, ministros, magistrados, médicos, notarios, digamos profesiones altamente reconocidas. Sin embargo, el resultado arrojó que la mitad de ellos tenía padres que desempeñaron un oficio y la otra mitad padres profesionistas como maestro rural o normalista, algunos abogados, otros profesores universitarios”.

En este contexto Julia García asegura «mucho se dijo con esta reforma que la justicia era elitista y ajena a la gente. Quien hizo ese diagnóstico no entendió la profundidad de nuestro trabajo que era sentarnos a leer horas y resolver expedientes de la mejor manera posible”.

Frente a deudas y gastos del día a día Marhéc Delgado anunció en X la venta de sus casi mil libros de 20 años de carrera judicial, la mayoría especializados, algunos en inglés. 

«Al final tengo que comer y ver por mi familia. Veo en redes sociales despachos de jueces, juezas, magistrados y magistradas: un escritorio y libreros con monitos y dibujitos. No tienen un libro ni por error, me da risa, un poco ya para no llorar. No dudo que puedan ser brillantes, pero no tienen el bagaje ni el respaldo que nosotras teníamos porque muchos son recién egresados y otros sin experiencia». Remató ya cerca de 350, pero necesita mayores ingresos.

-¿Qué sabe hacer además de litigar? La ex jueza escucha la pregunta y por segundos ríe.

-¡Me gusta bailar! No creo que eso venda mucho ¡Pero puedo aprender otra cosa! dice con optimismo.
 

Si en algo coinciden estas tres ex funcionarias judiciales es que desde las redes sociales la polarización política y desinformación los estigmatizó. Aguerrida, la ex jueza Marlen Ángeles refuta «no les interesó conocer una mínima parte de nuestro trabajo”.

«Si hubiéramos participado en la elección, en estos ámbitos donde el oficialismo se mueve, no tenemos los recursos ni las prácticas para sacar a la gente a votar” reconoce Julia García. 

“Si yo hubiera querido popularidad me hubiera dedicado a cantar. Perfiles muy valiosos que se atrevieron a participar, la gran mayoría perdió la elección, entonces quedó la improvisación y la gente que tiene nexos. Lo preocupante es que la gente no ha entendido ¿Qué le ofrecieron al oficialismo para estar en esos acordeones? Algo tuvieron que haber pactado».

La reforma judicial les prohibió litigar durante dos años en las entidades en que trabajaron. Sus opciones laborales son ahora limitadas (docencia, asesorías, consultorías o esperar el pago de quienes alcanzaron pensión). «Se les ocurrió poner ese candado porque estaba ahí en la Constitución para quienes se retiraron después de los 75 años, pero no debía ser para quienes nuestra carrera judicial quedó trunca”, expone Mar de Padilla.

-¿Fue una medida ignorante?

-Fue una medida no planeada y política con el afán de ocupar nuestros espacios. A mí nadie me preguntó, el gobierno en turno no me dijo ‘a ver ¿Qué tienes que decir frente a esta propuesta de reforma? ¿Es verdad que eres corrupta y que no haces tu trabajo?

-¿Tenían que preguntárselo, ex jueza?

-¡Claro! Los artículos 14 y 16 de la Constitución establecen que antes de que alguien afecte tus derechos, tienes derecho a ser escuchado o escuchada
 

Los ausentes

Este grupo considera que faltó solidaridad de un centenar de ex compañeras y ex compañeros que participaron en la elección judicial con dos opciones: perder para luego ser reintegrados en el Poder Judicial con cargos secundarios, o bien, ganar el visto bueno del oficialismo para ser incluidos en los acordeones que se difundieron en mayo, previo a la jornada electoral del 1 de junio.

También comprendieron que la “mañanera judicial” no logró ser un contrapeso mediático contra siete años de conferencias mañaneras presidenciales. «Y es tristísimo” afirma Julia García, “porque mucha gente cree que nunca se verán envueltos en un tema legal: un divorcio, una casa, una pensión, un pleito con un vecino, despido injustificado, un negocio clausurado, temas fiscales con Hacienda o porque nadie les quiere recibir una denuncia por bullying», enlista.

Tras un chequeo médico la ex jueza Marlen Ángeles enmudeció al escuchar el diagnóstico: burnout y estrés postraumático. No es la única, otros ex juzgadores hablan también de padecer episodios de ansiedad, depresión y eligen posponer su duelo frente a la necesidad económica tras entender (sin asimilar aún) que no tendrán una nueva carrera judicial en México. «Ninguna persona merece este trato tan indigno porque a final de cuentas hemos sido trabajadores del Estado, no es de humanistas”.

Lilia Mónica López pasó de ser ex consejera de la Judicatura y magistrada de circuito en retiro a alumna en la Universidad de Georgetown en Washington. Aunque la tómbola legislativa programó su salida en 2027, renunció a su encargo hace una semana con 36 años de carrera judicial. «Aún no hago el trámite de pensión. Empecé mi duelo el 15 de septiembre de 2024 cuando se publicó la reforma. No hay condiciones para una justicia independiente y considere que era momento de poner fin a esto, empezar a ver hacia adelante y poner distancia de por medio»

Hace mes y medio aplicó su examen de admisión y cuando fue aceptada tramitó la visa de estudiante. «Es un curso de inglés orientado a lenguaje jurídico, sé que este conocimiento me abrirá camino porque lo utilizan las organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. No tengo certeza de que vendrá más adelante; ya no podré juzgar, pero me veo haciendo trabajo nacional o internacional en materia de Derechos Humanos y género».

La vía de la negociación

De mayo a agosto (los últimos meses del Consejo de la Judicatura) y en septiembre (con la entrada en funciones del Órgano de Administración Judicial), recibieron dos señales: retraso en el depósito de pensiones además de que se les informó -inexplicablemente- carecer de un censo con nombre, apellido y antigüedad de cada juzgador para calcular su liquidación. En dos semanas el grupo se organizó, realizó este trabajo en cada entidad del país y lo entregó junto con una calculadora en formato Excel para elaborar el cálculo de cada liquidación. 

«No podemos pecar de ingenuidad”, considera la magistrada en retiro Julia García quien es parte del grupo de los 122 sin liquidación. “Las señales que han dado son claras, el componente político está ahí desde el día uno. El tema era apretarnos desde lo político porque desde lo jurídico no pudieron. Nosotros teníamos suspensiones concedidas que violaron abiertamente y, digan lo que digan, eso sigue siendo un delito en este país; que nadie lo está investigando es otra cosa».

Desempleadas, las tres ex juzgadoras se describen resilientes y perfilan un futuro en derecho y activismo judicial en materia de género. El 16 de enero García asumirá la presidencia de la Asociación de Juzgadores. La ex jueza Marlen Ángeles, quien ya recibió su liquidación, advierte “la liquidación de ninguna manera cubre la reparación integral del daño pues éste implica restitución, pero no hay manera de que ninguno regrese a su encargo. Me destruyeron mi proyecto profesional y de vida como juzgadora joven. Tampoco tengo apoyo para rehabilitación psicológica y atención del burnout ¿Cómo restaurar la dignidad de la víctima cuando este grupo ha sido víctima del Estado ante una reforma arbitraria? Y de garantías de no repetición, mejor no hablamos. Lo mínimo que podemos recibir es lo que ellos pusieron en la Constitución: la indemnización».

En este escenario, al menos de 500 de los juzgadores despedidos presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU -ambos, contra el Estado mexicano- para plantear una reparación de daño. Esto, con base en la denuncia que jueces constitucionales salvadoreños interpusieron contra el gobierno de su país por haber sido destituidos en 2021 y que la CIDH admitió el 2 de septiembre.

A finales de enero de 2026, la CIDH admitió la petición a trámite por presuntas violaciones a derechos humanos contra jueces y magistrados por la reforma judicial, y la remitió oficialmente al Gobierno de México para que responda a los planteamientos formulados. 

La Comisión estableció un plazo de tres meses, prorrogable a cuatro, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores presente observaciones.