‘El pueblo toma en sus manos el destino de México’: Rosa Icela Rodríguez ‘aplaude’ reforma electoral El Financiero
La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum busca fortalecer la vida democrática de México, destacó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, este miércoles 25 de febrero.
Rosa Icela Rodríguez remarcó que el planteamiento de la reforma electoral, que llegará al Congreso de la Unión el lunes 2 de marzo, es que “el pueblo de México tome en sus manos los destinos de la nación”, con cambios que impactarían al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos.
¿Habrá menos senadores con la reforma electoral?
Uno de los cambios planteados es la forma en que se elegirán los legisladores. La iniciativa mantiene el número total de integrantes en la Cámara de Diputados, con 500 curules, pero propone que todos lleguen mediante votación directa.
De acuerdo con el proyecto de reforma electoral, 300 diputados serían electos por mayoría relativa en distritos electorales, mientras que 200 posiciones mantendrían el esquema de representación proporcional, los llamados diputados plurinominales, aunque ya no llegarían a San Lázaro solo por estar en una lista.
La reforma electoral de Sheinbaum plantea que lugares serían ocupados por candidatos a diputados que no ganaron en sus distritos, pero obtuvieron los mejores resultados dentro de sus partidos.
Este cambio fue promovido por la presidenta Sheinbaum, quien remarcó que todos los integrantes del Congreso de la Unión deben salir a buscar el voto del pueblo de México.
En el caso del Senado, la reforma electoral sí elimina los puestos plurinominales, quedando 64 curules de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
Elecciones menos caras
Otro eje central es la disminución del gasto público en elecciones. La propuesta plantea un decremento del 25 por ciento en el costo total del sistema electoral, lo que implicaría recortes en recursos destinados al INE, partidos políticos, órganos electorales locales y tribunales electorales.
Asimismo, se contempla reducir sueldos y bonos de consejeros y altos funcionarios electorales, bajo el principio constitucional de que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta de la República.
La reforma electoral también plantea eliminar duplicidades administrativas en los órganos electorales locales, los famosos OPLE’s, y bajar el número de regidurías municipales.
Mayor fiscalización y regulación tecnológica
La iniciativa de reforma electoral propone fortalecer la supervisión financiera de partidos y candidaturas. Para ello, el INE tendría acceso oportuno a operaciones financieras y se prohibirían aportaciones en efectivo, obligando a que todos los recursos se manejen dentro del sistema financiero formal.
También se prevé el uso de tecnologías para mejorar la fiscalización y regular el uso de inteligencia artificial durante procesos electorales, incluyendo la prohibición de bots y mecanismos artificiales en redes sociales vinculados a campañas.
Democracia participativa y voto en el extranjero
El proyecto busca ampliar los instrumentos de democracia directa en estados y municipios, incorporando figuras como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato en legislaciones locales.
Además, se facilitaría el voto de mexicanos en el extranjero para elegir diputaciones migrantes y se abriría la posibilidad del uso de voto electrónico en ejercicios de participación ciudadana.
Otro cambio relevante es que los cómputos distritales iniciarían al término de la jornada electoral, es decir, se eliminaría el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
No reelección y combate al nepotismo
La propuesta retoma principios ya aprobados en la Constitución, como la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular y la eliminación de la reelección consecutiva.
En este último caso, se plantea que la prohibición de reelección inmediata en todos los cargos de elección popular entre en vigor a partir de 2030.
Con estos cambios, el gobierno federal asegura que la reforma electoral busca fortalecer la democracia y garantizar que la ciudadanía tenga mayor participación en la toma de decisiones públicas.
