Rechaza la CNDH integrarse a comisión del caso Ayotzinapa; no es “jurídicamente viable”, dice El Sur de Acapulco

En respuesta el señor Mario González, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos informó que van a defender a la comisión porque no ven que el actual gobierno vaya a investigar al Ejército

Chilpancingo, Guerrero, 25 de febrero de 2026. A casi ocho años de que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de Tamaulipas, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa por las irregularidades del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, así como la creación de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó integrarse a ésta, como lo ordenó ese Tribunal, pues argumentó que “no resulta jurídicamente viable”.

La reposición de la investigación del caso Ayotzinapa y la integración de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, se dictaminó por dicho Tribunal al resolver el 4 de junio del 2018, los amparos 203/2017 y 206/2017, presentados por algunos acusados que se dijeron víctimas de tortura.

En respuesta a la decisión de la CNDH, el señor Mario González, padre del estudiante César Manuel González Hernández, adelantó ayer por teléfono que van a defender esa resolución y a la propia Comisión que se propone integrar, porque dijo que no ven que el actual Gobierno quiera llegar a investigar al Ejército.

En un comunicado difundido el lunes, la CNDH informa que en diciembre recibió un proveído, dictado en el Toca Penal 10/2022, de la Secretaría del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en el que le informa que ese organismo forma parte de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala, “cuya formación fue ordenada en la ejecutora del ampro (sic) en revisión 203/2017, emitida por ese Tribunal”.

De acuerdo con la resolución, dicha Comisión debe ser integrada, además, por dos representantes de las víctimas, el del Ministerio Público Federal, además de la CNDH.

La resolución indica que las nuevas líneas de investigación y pruebas a practicarse serán determinadas por los representantes de esa Comisión, incluso las diligencias podrán ser practicadas en las instalaciones de la CNDH, y añade que “el orden para examinar personas, será determinado por la representación de las víctimas”.

Propone que para la práctica de “experticiales” (trabajos periciales), deberá preferirse la designación de peritos independientes, ya sea que pertenezcan a instituciones públicas o privadas.

También se establece que los miembros de esa Comisión tendrán “libre e inmediato” acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, “en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”.

En otro de los puntos se establece que en las situaciones en que exista duda sobre el funcionamiento de la Comisión, deberá acudirse al Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, conocido como Protocolo de Minnesota.

La CNDH informa en su comunicado que respondió el 6 de febrero pasado al Tribunal Colegiado de Apelación, que “existe imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a su ejecutoria”, y se excusa de pertenecer y participar en la Comisión que se propone.

Entre sus argumentos destaca que cuando se emitió la ejecutoria, “prevalecía un contexto jurídico distinto” y que de entonces a la fecha, “la situación jurídica se ha modificado de manera sustancial, toda vez que la CNDH llevó a cabo una investigación “formal y autónoma sobre los hechos, la cual concluyó, en noviembre de 2018, con la emisión de la Recomendación 15VG/2018, que actualmente se encuentra en etapa de seguimiento”.

Asimismo, refiere que actualmente se encuentra en proceso de conclusión un nuevo expediente de queja sobre los mismos hechos, derivado de la inconformidad de los familiares de los estudiantes desaparecidos y de los normalistas sobrevivientes respecto del contenido de la Recomendación 15VG/2018; “expediente que se trabaja de manera puntual desde la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, y del cual se tiene ya un proyecto de recomendación en vías de publicación”.

Otro argumento de la CNDH es que el 3 de diciembre de 2018 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa), con el objetivo de establecer la colaboración entre las dependencias gubernamentales para la investigación de los posibles sitios en los que podrían encontrarse los normalistas.

Añade que el 26 de junio de 2019 fue creada mediante acuerdo del entonces titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), a solicitud de las víctimas indirectas, “misma que fue constituida con el propósito específico de investigar los hechos, perseguir los delitos y concluir los procesos penales vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas”.

“De lo expuesto se desprende que desde el 3 de diciembre de 2018 se encuentra ya constituida una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa), la cual persigue objetivos sustancialmente coincidentes con los establecidos en la ejecutoria antes señalada, y para junio de 2019 se tenía, además, una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), para trabajar con independencia, acompañada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las familias y organizaciones civiles representantes de éstas”.

La CNDH agrega que su participación en la integración de una nueva Comisión de Investigación sobre hechos que ya fueron objeto de un análisis institucional y que dieron lugar hace 8 años a la emisión de la Recomendación 15VG/2018, y desde hace 4 años a su revisión en un contexto jurídico distinto, de la cual derivará una nueva recomendación, “plantea un conflicto de interés directo y jurídicamente insalvable”.

Por tanto, destaca que “no resulta jurídicamente viable que esta Comisión Nacional asuma de forma concurrente y/o simultánea el papel de órgano supervisor y de control, y de autoridad encargada de investigar y vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones, pues dicha superposición de funciones genera una incompatibilidad institucional que impide una actuación objetiva y plenamente confiable”.

Advierte que su participación, “afectaría muy gravemente con el pretendido mandato que se nos quiere imponer, porque únicamente el Ministerio Público es el ente técnico jurídico facultado para investigar hechos con apariencia de delitos”, como se establece en el artículo 21 Constitucional.

La CNDH objeta que no cuenta con las facultades necesarias para fijar y mucho menos aprobar las líneas de investigación a seguir dentro de una investigación de índole penal, “pues eso corresponde exclusivamente a la FGR, en los términos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Considera que la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala”, que le exige fijar líneas de investigación, ordenar diligencias, practicar peritajes y dirigir actos propios de la investigación penal, “implica trastocar el espíritu de las facultades que tenemos”, como se plantea en la Constitución, “y una intervención directa en atribuciones que la Constitución reserva al Ministerio Público”.

Concluye que, conforme a la Constitución, las facultades del Ministerio Público en materia de investigación y ejercicio de la acción penal son exclusivas, “y están sujetas a controles legales que no puede trastocar un Tribunal Colegiado de Apelaciones”.

Derivado de ello, la CNDH solicita al Tribunal Colegiado que requiera al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “ejercer la facultad de atracción para conocer del cumplimiento del amparo en revisión 203/2017, toda vez que el asunto que se ventila en dicho cumplimiento es de interés y trascendencia nacional”.

Cuestiona que se pretenda revivir un amparo “que mucho daño ha hecho a la causa de la investigación del Caso Ayotzinapa, entre otras cosas, porque permitió la liberación de más de 60 presuntos perpetradores que se determinó habían sido torturados, sin que mediara ningún dictamen o prueba científica, y desde luego sin protocolos de Estambul”.

Finalmente, la CNDH reprocha: “Ya nada más faltaría que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) salga en defensa de los perpetradores, que es lo que parece anunciarse con sendas peticiones de información sobre beneficiarios de los amparos del 2017 que hemos venido recibiendo en las últimas semanas, caracterizando de ‘víctimas’ a quienes se tienen muchos elementos para determinar que son en realidad victimarios”.

Los funcionarios del actual Gobierno no quieren llegar a la verdad

Por su parte, don Mario González, advirtió que los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, “vamos a luchar por la nueva Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala”.

Consultado por teléfono, indicó que tienen que luchar “por todos los hilos que nos lleven a saber a dónde están nuestros hijos”.

Declaró que los funcionarios del actual Gobierno no quieren llegar a la verdad porque saben la culpabilidad que tiene el Ejército, “ese es el problema, si no fuera por eso ya hubieran dado todos los expedientes, desafortunadamente como se tocan intereses políticos y gubernamentales, no quieren avanzar”.

Informó que este 26 de febrero se van a reunir con los abogados para emitir una postura con respecto a esta resolución.

Exigió que ya se dé solución de una o de otra manera al caso Ayotzinapa, “desafortunadamente esa resolución se emitió desde hace más de ocho años cuando todavía estaba el presidente Enrique Peña Nieto y presentaron demasiados recursos para que no avanzara”.

Zacarías Cervantes/Foto: Archivo

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