Sembrando vida en Yucatán el fraude verde que nadie quiere investigar Sol Yucatán
Daniel Lee /Sol Yucatán
Lo que nació como el proyecto rural insignia del gobierno federal —el programa Sembrando Vida— se ha convertido en el caso de política pública más costoso, opaco y potencialmente fraudulento del México contemporáneo. Y en ningún lugar esta simulación resulta tan evidente como en #Yucatán, donde el discurso #ambientalista parece esconder una maquinaria de clientelismo, desvío de recursos y control político territorial que podría involucrar a operadores cercanos al gobierno estatal encabezado por Joaquín Díaz Mena.
Se habla de millones de árboles, regeneración ecológica y combate a la pobreza rural. La realidad que emerge desde el territorio apunta a otra cosa: parcelas fantasmas, plantaciones inexistentes, padrones manipulados y dinero público fluyendo sin supervisión real.
No es desarrollo rural. Es simulación institucionalizada.
El gran negocio del “bienestar” rural
Miles de millones de pesos anuales, cientos de miles de beneficiarios y más de un millón de hectáreas intervenidas. Un presupuesto gigantesco con controles mínimos.
Ese tamaño —presentado como fortaleza— es en realidad su principal vulnerabilidad: mientras mayor es el flujo de recursos, mayor es la capacidad de ocultar irregularidades.
En Yucatán, las denuncias de productores y técnicos describen un patrón sistemático: beneficiarios registrados sin trabajar la tierra, árboles reportados que nunca existieron, viveros con producción inflada, supervisión inexistente en campo y recursos entregados sin evaluación productiva.
El programa paga, aunque no se siembre. Registra resultados, aunque no existan. Reporta éxito, aunque el terreno esté abandonado.
Un esquema perfecto para la corrupción.
Padrones manipulables, control político garantizado
El diseño del programa facilita la discrecionalidad. Al operar con beneficiarios individuales —y no con comunidades o ejidos— se eliminan los controles colectivos tradicionales y se abre la puerta al manejo político del padrón.
Esto en definitiva para e gobierno @huachodiazmena facilita asignar apoyos con criterios políticos, excluir a críticos del sistema, condicionar beneficios y un aspecto que no puede dejarse de lado: construir redes de lealtad territorial.
En regiones rurales de Yucatán, donde las comunidades históricamente gestionan la tierra de forma colectiva, este modelo rompe los mecanismos de vigilancia social y concentra el poder en operadores políticos.
El resultado es evidente: un programa social convertido en estructura de control.
La maquinaria territorial del poder
Más allá del discurso ambiental, #SembrandoVida funciona en el terreno como una red organizada de intermediarios: facilitadores, técnicos, coordinadores y operadores territoriales con influencia directa sobre quién recibe el dinero y quién queda fuera.
Las acusaciones que circulan en comunidades rurales son graves: presión política para mantener el beneficio, uso del programa como herramienta electoral, vínculos entre operadores y estructuras partidistas locales y permanencia condicionada a la lealtad política.
Si estas prácticas se confirman, no estaríamos ante fallas administrativas, sino ante la utilización deliberada del gasto social como mecanismo de control político.
El silencio institucional del gobierno estatal
El gobierno de Yucatán ha mantenido una postura que oscila entre la omisión y la complacencia. La falta de auditorías independientes, la ausencia de investigaciones públicas y la inexistencia de mecanismos transparentes de evaluación alimentan la sospecha de una permisividad sistemática.
La pregunta es inevitable:
¿cómo puede operar un programa multimillonario en territorio estatal sin supervisión efectiva ni revisión rigurosa de resultados?
La ausencia de controles no es neutral. Beneficia a alguien.
Si las irregularidades señaladas resultan ciertas, las responsabilidades podrían incluir uso indebido de recursos públicos, simulación de actividades productivas, manipulación de padrones, amén de daño ambiental por proyectos mal ejecutados.
Así es, no se trata de errores técnicos. Se trata de posibles delitos.
El ecologismo como coartada
La mayor ironía es que un programa presentado como proyecto ambiental podría estar generando impactos negativos como la sustitución de vegetación natural, la introducción de especies inapropiadas, así como deterioro de sistemas tradicionales de cultivo y presión sobre ecosistemas frágiles.
El discurso “verde” funciona como escudo político: cualquier crítica puede ser presentada como oposición al bienestar o al cuidado ambiental. Pero la evidencia creciente sugiere que la retórica ecológica sirve más como legitimación que como realidad.
La gran pregunta nacional
El caso de Yucatán expone el dilema central de la política social contemporánea en México: ¿programas para combatir la pobreza o estructuras para administrar poder y recursos sin rendición de cuentas?
Sembrando Vida concentra todos los elementos de riesgo: presupuestos gigantescos, supervisión débil, opacidad administrativa e incentivos clientelares además de control territorial.
Cuando el dinero público fluye sin control y los resultados sólo existen en informes oficiales, la política social deja de ser solución y se convierte en negocio.
El árbol simbólico al fraude estructural
Sembrando Vida prometía regenerar el campo mexicano. En Yucatán, las denuncias sugieren que lo único que ha crecido con certeza es una estructura de simulación financiada con recursos públicos.
Si el Estado no investiga, audita y transparenta el programa con rigor, la sospecha persistirá: que detrás del discurso de justicia social se ha consolidado uno de los mayores esquemas de transferencia opaca de recursos en la historia reciente
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