La actriz Livia Brito volvió a hablar con los medios tras una audiencia celebrada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México sobre el caso legal que enfrenta desde 2020 con el fotógrafo Ernesto Zepeda, a quien agredió junto con su entonces pareja en una playa de Cancún.
El conflicto comenzó hace más de cinco años cuando Zepeda denunciara que Brito y el hombre con el que estaba golpearon al paparazzi y dañaron su equipo de trabajo mientras él tomaba fotografías sin su consentimiento en un lugar no público. Desde entonces, el caso ha transitado entre procesos civiles y penales, incluyendo la acusación por presunta falsedad de declaraciones que pesa sobre la actriz.
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Al salir de la audiencia, Brito ofreció declaraciones a los medios presentes, en las que habló específicamente sobre la obligación de pagar la reparación de daños que estableció la autoridad a favor de Zepeda. La actriz aseguró que sí está dispuesta a cumplir con lo que se determine legalmente aunque recalcó que está a la espera de la notificación formal.
Explicó que considera que su reacción en el momento de los hechos fue “muy humana” y habló de lo que para ella representa el acoso y la invasión a la privacidad. Según la actriz, su problema no es con el trabajo periodístico, sino con las circunstancias en las que se tomaron las fotografías: estaban disfrutando de su vida privada, según ella.
Brito dijo sobre el pago:
“Claro, estoy esperando la notificación. Es una notificación que tiene que llegar y eso lo determinan las autoridades”.
Esto significa que, aunque existe una sentencia que establece la reparación de daños, la ejecución del pago aún no se ha formalizado porque la actriz aún no ha sido notificada oficialmente por el juzgado correspondiente.
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La sentencia a favor de Zepeda fue dictada tras varios años de litigio en el ámbito civil por daño moral y daño material, derivado de la agresión física y la destrucción del equipo fotográfico. Según informes legales previos, la cantidad que se estableció como reparación es más de un millón de pesos, monto que un juez ratificó antes de iniciar el proceso penal actual.
No obstante, aunque esa indemnización ya fue dictada, Zepeda aún no ha recibido el pago porque no se ha efectuado la notificación formal por parte del juzgado civil. En declaraciones de agosto de 2025, el propio fotógrafo explicó que aún no había recibido dicha reparación económica, aunque el fallo ya estaba a su favor.
Además de la cuestión económica, el proceso judicial en su contra avanza en el ámbito penal. En la audiencia celebrada en el Reclusorio Sur, se determinó que Brito será vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones, bajo el argumento de que sus declaraciones ante la autoridad contravienen elementos probatorios que existen en el caso.
Como parte de las medidas cautelares, el juez impuso que tanto Brito como Zepeda no pueden acercarse el uno al otro, una orden que proviene de las medidas preventivas de este proceso penal. En esa comparecencia también se estableció un plazo de dos meses para que ambas partes presenten pruebas adicionales para sus respectivas posiciones.
La vinculación a proceso implica que el caso continuará en tribunales mientras se realiza la investigación complementaria, que podría culminar en una próxima audiencia a finales de marzo de 2026.
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La actriz ha aprovechado las pocas ocasiones en que ha hablado frente a cámaras para dar su perspectiva sobre lo que considera injusto en el caso y expresar su confianza en las autoridades. En una de sus declaraciones, aseguró que el proceso ha sido “muy desgastante” por la duración y la exposición mediática que ha tenido.
Brito también mencionó que no tiene problema con que se le tomen fotografías, siempre que estas se realicen en el marco del trabajo periodístico normal y no con fines de lucro aprovechándose de su vida privada. Esto abre una discusión sobre los límites entre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en figuras públicas, aunque ese tema corresponde al análisis jurídico y no a las declaraciones de la actriz.
El conflicto legal entre Livia Brito y Ernesto Zepeda se remonta a junio de 2020, cuando ocurrió el incidente en Cancún. Desde entonces, ambas partes han tenido enfrentamientos legales en diferentes instancias, incluyendo una contrademanda por parte de Brito alegando invasión de privacidad que no prosperó.
En marzo de 2024, se conoció que Brito había sido sentenciada en un proceso civil a indemnizar al fotógrafo por daños morales, y aunque inicialmente la defensa buscó retrasar la ejecución con amparos, dicha sentencia quedó firme y a favor de Zepeda.
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Ahora que Brito ha confirmado su intención de pagar la reparación de daños, el siguiente paso en este proceso será la notificación oficial por parte de las autoridades para que se cumpla esa obligación establecida en sentencia civil. Paralelamente, el proceso penal por falsedad de declaraciones seguirá su curso con audiencias y la presentación de evidencias por ambas partes.
Mientras tanto, la actriz continúa asistiendo a las audiencias convocadas por el juez y reafirmó a los medios su disposición para colaborar con el marco legal correspondiente.
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