Ecuador: el diputado del oficialismo, Sergio Peña, irá a juicio por presunta asociación ilícita Infobae
El asambleísta del oficialismo Sergio Peña será juzgado desde el 18 de marzo de 2026 por el presunto delito de asociación ilícita dentro del denominado caso Danubio, una investigación fiscal que apunta a una supuesta red de compra y venta de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). La convocatoria fue fijada por un Tribunal de Garantías Penales de Guayas tras una larga secuencia de diferimientos que ha mantenido el proceso estancado por más de dos años.
Según la información publicada por Ecuavisa, el juicio se ha postergado en al menos diez ocasiones desde 2023 y este constituye el intento número once por instalar la audiencia. La diligencia está prevista para el 18 de marzo y contará con una jornada de continuación el 25 de marzo, conforme al calendario judicial oficializado por el tribunal.
Peña es uno de los ocho procesados en el caso. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el legislador habría liderado una estructura que gestionaba la designación de funcionarios en la Aduana a cambio de sumas millonarias. El expediente fiscal incluye interceptaciones telefónicas, seguimientos, audios periciados y más de 200 testigos y peritos que, según el Ministerio Público, serán evacuados durante la etapa de juzgamiento. Ecuavisa también reporta que la acusación se sustenta en alrededor de 150 documentos, peritajes y otros elementos probatorios.
La investigación se remonta a 2022, cuando la Fiscalía ejecutó operativos que derivaron en la detención de los ahora procesados. Según la reconstrucción recogida en la cobertura de Expreso, la presunta trama comenzó el 18 de agosto de 2021, cuando un dirigente contactó a una asesora de la entonces directora del Senae para ofrecerle USD 3 millones con el objetivo de asegurar la designación de Peña como subdirector general de Operaciones. La teoría fiscal sostiene que la red también pretendía controlar otras direcciones estratégicas, como Huaquillas y Esmeraldas, mediante pagos de USD 500.000 por cada cargo.
En el expediente constan grabaciones de reuniones y ofrecimientos económicos. Una funcionaria de la Aduana habría registrado encuentros en los que se discutieron montos y condiciones, y entregó esos insumos a la Fiscalía, según el reporte de Ecuavisa. Además, las interceptaciones telefónicas revelarían la gestión de “garantías” económicas para concretar nombramientos, bajo la promesa de recuperar la inversión a través del control de operaciones aduaneras.
El delito de asociación ilícita, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona la conformación de estructuras destinadas a cometer delitos. De ser declarado culpable, Peña podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión.
El legislador ha sostenido públicamente su inocencia. Ha afirmado que el audio que la Fiscalía atribuye a su participación correspondería a una entrevista de trabajo para un cargo al que aspiraba en el Senae y no a una negociación ilícita. También ha señalado que es el principal interesado en que el proceso concluya para, eventualmente, demandar al Estado por los perjuicios ocasionados. En sus declaraciones, ha cuestionado la consistencia de los testimonios y ha asegurado que una de las testigos clave habría reconocido en contrainterrogatorio que no lo conocía personalmente.
En el plano político, Peña llegó a la Asamblea Nacional por la lista de la Revolución Ciudadana, pero posteriormente se alineó con el oficialismo y vota junto a la bancada de ADN, lo que motivó su expulsión del correísmo. Su situación judicial se desarrolla en paralelo a esa reconfiguración política y a controversias públicas por sus intervenciones en redes sociales, que han incrementado su exposición mediática.
La jueza a cargo del proceso ha advertido que no permitirá nuevas tácticas dilatorias y que, en caso de ausencia de defensores privados, se instalará la audiencia con la asistencia de la Defensoría Pública.
