REFORMA LABORAL avanza en MÉXICO; mientras que en ARGENTINA genera MANIFESTACIONES Punto Por Punto

América Latina vive una semana de definiciones legislativas cruciales en materia de empleo, aunque con brújulas apuntando en direcciones contrarias. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum en México logró consolidar en el Senado una reforma constitucional que amplía los derechos de descanso de la fuerza laboral, la administración de Javier Milei en Argentina avanzó en la Cámara Alta con un paquete de medidas de «modernización» que flexibiliza las condiciones de contratación y despido para el sector privado.

Ambas iniciativas, aprobadas en sus respectivas cámaras de senadores, reflejan los modelos económicos de cada administración: uno centrado en la calidad de vida del trabajador y el otro en la competitividad y reducción de costos del empresario.

Cámara de Diputados en México aprueba en comisiones la reforma laboral

La Cámara de Diputados dio el primer paso para concretar la reducción de la jornada laboral en México.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social aprobaron por unanimidad la minuta que establece un máximo de 40 horas de trabajo semanales, con 61 votos a favor y ninguno en contra. El dictamen será discutido en el pleno en los próximos días.

La propuesta, enviada por el Senado, modifica el artículo 123 constitucional para reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales.

El documento no sufrió cambios y contempla una implementación gradual hasta el año 2030, sin disminución de salario ni de prestaciones laborales.

Reforma laboral 2026: reducción de 48 a 40 horas semanales

El dictamen establece que la transición será progresiva para permitir ajustes tanto en el sector público como en el privado.

Además, fija un nuevo límite al tiempo extraordinario y prohíbe que menores de 18 años laboren horas extra.

La reforma mantiene el máximo de ocho horas por día y prevé hasta 12 horas extra semanales como tope, bajo las condiciones que marque la ley.

• El objetivo central es garantizar mayor tiempo de descanso y equilibrio entre la vida personal y laboral.
• Antes de la discusión en comisiones, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, sostuvo un encuentro con legisladores para solicitar su respaldo.
• Señaló que la gradualidad permitirá a las empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas, ajustar sus plantillas sin afectaciones abruptas.

Implementación gradual y sin reducción salarial

De acuerdo con lo aprobado, la reducción de la jornada no implicará recortes salariales ni pérdida de prestaciones.

La aplicación escalonada busca evitar impactos negativos en costos laborales y facilitar la adaptación operativa de los centros de trabajo.

Desde la presidencia de la Comisión de Trabajo, se afirmó que el dictamen representa un cambio de fondo para millones de trabajadores.

En el mismo sentido, la Comisión de Puntos Constitucionales destacó que se trata de una demanda histórica en materia de derechos laborales.

El secretario del Trabajo comparó la estrategia con el incremento paulatino del salario mínimo en años recientes, al señalar que los cambios estructurales requieren implementación progresiva para consolidarse sin generar resistencias.

Oposición pide dos días obligatorios de descanso y apoyos fiscales

Aunque todas las fuerzas políticas votaron a favor en comisiones, legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN anunciaron que presentarán reservas durante la discusión en el pleno.

Entre los principales planteamientos se encuentran:

• Establecer explícitamente dos días obligatorios de descanso por cada cinco trabajados.
• Incorporar incentivos fiscales temporales para pymes.
• Diseñar programas diferenciados de productividad.
• Precisar con mayor claridad la regulación del segundo día de descanso.

Desde Movimiento Ciudadano se advirtió que dejar el segundo día sujeto a acuerdos podría generar negociaciones desiguales entre empleadores y trabajadores.

En tanto, legisladores del PRI señalaron que sectores empresariales estiman posibles incrementos en costos laborales de entre 15 y 25 por ciento, por lo que consideran necesario un esquema de apoyos fiscales.

Por su parte, el PAN expresó respaldo a la reducción de la jornada, aunque insistió en que la implementación debe realizarse con responsabilidad y equilibrio para no afectar la viabilidad de las empresas.

Debate político y respaldo oficialista a las 40 horas

Durante la discusión, diputadas del oficialismo defendieron la reforma como una deuda histórica con la clase trabajadora y criticaron que en administraciones anteriores no se impulsaran cambios estructurales en materia laboral.

• El argumento central del bloque mayoritario es que la reducción de la jornada contribuirá no sólo al bienestar individual, sino también al desarrollo económico y social del país, al fomentar mayor productividad y calidad de vida.

Con la aprobación en comisiones, la Cámara de Diputados se encamina a discutir en el pleno una de las reformas laborales más relevantes de las últimas décadas.

De avalarse sin modificaciones sustanciales, México iniciará una transición gradual hacia una semana laboral de 40 horas, en un proceso que se extenderá hasta 2030 y que marcará un nuevo capítulo en la regulación del trabajo en el país.

Diputados de Argentina aprueban polémica reforma laboral de Milei

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada de este viernes una reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei que pretende mejorar el clima inversor, pero que ha despertado una férrea resistencia de los sindicatos.

• El proyecto, que había sido votado la semana pasada en el Senado, fue aprobado por 135 votos a favor y 115 en contra, aunque al sufrir modificaciones -se quitó un artículo que restaba beneficios por enfermedades a los empleados- deberá ser ratificado por la Cámara alta para convertirse en ley.

El gobierno ha destacado que la norma abaratará costos laborales al reducir indemnizaciones y juicios por despidos, entre otros puntos, e incentivará el trabajo formal -la informalidad supera actualmente el 40 por ciento en el país-, aunque los sindicatos aducen que recortará derechos a los trabajadores.

«Con esta reforma se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse», afirmó el gobierno a través de un comunicado tras la sesión parlamentaria.

La norma crea un fondo opcional para el pago de indemnizaciones por despidos que se financiará con aportes hasta ahora destinados al sistema previsional argentino, lo que abaratará los costos para las empresas, pero podría afectar los recursos del sistema de pensiones.

Expertos calculan que el fondo alcanzaría anualmente alrededor de 0.5 por ciento del PIB, aproximadamente entre 3 mil y 4 mil millones de dólares.

Según los poderosos gremios argentinos, el proyecto de ley restringe el derecho a huelga, reduce las indemnizaciones por despidos y autoriza la extensión de la jornada laboral hasta las 12 horas sin recibir un pago «extra» a cambio, entre otros aspectos.

En un intento por evitar su aprobación, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó el jueves una huelga que paralizó parcialmente el país, ya que se sumaron los trabajadores del transporte, estatales y bancarios, entre otros.

«No hay (en el proyecto) una sola letra ni una sola línea que favorezca a los trabajadores en absoluto, y cuando hay algún tipo de beneficios, es hacia los sectores empresarios», destacó el diputado del peronismo opositor Sergio Palazzo.

Se prevé que el Senado convierta el proyecto en ley la semana próxima, ya que el presidente Milei pretende contar con la norma aprobada cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.

Las claves para entender la reforma laboral en México

Una transición escalonada (2027-2030)

Uno de los puntos fundamentales de la reforma es su aplicación progresiva. El Gobierno Federal, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha optado por un camino gradual para permitir que las empresas ajusten sus procesos operativos y costos sin comprometer la economía. El calendario oficial establece que la reducción comenzará el 1 de enero de 2027:

• 2027: La jornada bajará de 48 a 46 horas semanales.
• 2028: Reducción a 44 horas.
• 2029: Disminución a 42 horas.
• 2030: Entrada en vigor plena de la jornada de 40 horas.

El descanso obligatorio

A pesar del avance hacia las 40 horas, la reforma ha generado controversia por lo que dejó fuera. Actualmente, el texto aprobado no modifica el precepto constitucional de un solo día de descanso por cada seis de trabajo. Aunque organizaciones civiles y sindicatos exigían garantizar por ley los dos días de descanso consecutivos, el dictamen final otorga flexibilidad para que empleadores y trabajadores definan cómo distribuir las horas, dejando la puerta abierta a jornadas de cinco días, pero sin hacerlo obligatorio a nivel constitucional.

Horas extra y registro electrónico

Para equilibrar la reducción del tiempo ordinario, la reforma eleva el límite de horas extraordinarias permitidas de 9 a 12 horas semanales, las cuales podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días. Es importante destacar que se prohíbe terminantemente que menores de 18 años realicen este tiempo excedente.

• Para garantizar que estos cambios se cumplan, se creará un registro electrónico obligatorio donde las empresas deberán asentar las jornadas reales, facilitando la fiscalización por parte de la Secretaría del Trabajo.

En conclusión, la reforma de las 40 horas representa un paso decisivo hacia la modernización laboral en México, alineando al país con los estándares de la OCDE, aunque su éxito dependerá de la reglamentación secundaria y de la capacidad de adaptación de los sectores productivos en los próximos cuatro años.

La reforma contempla también ampliar el tiempo extraordinario permitido de 9 a 12 horas por semana. Este incremento se realizaría también de manera gradual, a partir del 1 de enero del año que corresponda, conforme al siguiente calendario:

• 9 horas en 2026
• 9 horas en 2027
• 10 horas en 2028
• 11 horas en 2029
• 12 horas en 2030

Esto no significa que las horas extras se puedan usar de forma permanente para compensar el tiempo ordinario que se reducirá. La reforma conserva en la Ley Federal del Trabajo el criterio de que la jornada laboral sólo se prolongue por circunstancias extraordinarias y en acuerdo con el trabajador.

Con este cambio, las personas podrán laborar cuatro horas extra por día y hasta en tres ocasiones por semana.

El proyecto también plantea topar las horas triple a 4 horas por semana, esto para dar mayor claridad con la reforma a la Ley para Prevenir la Trata de Personas del 2024, la cual tipificó como delito de explotación laboral las jornadas que exceden los límites de tiempo extraordinario permitido.

Reloj checador, nueva obligación en puerta

Con la reducción de la jornada laboral, los empleadores tendrían una nueva obligación: contar con registros electrónicos de los horarios de trabajo. La información de estos registros podrá ser requerida por la autoridad.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encargará de definir las disposiciones para la aplicación y las excepciones de los registros electrónicos.

40 horas, pero con un día de descanso

Si bien la reforma plantea una reducción de jornada laboral a 40 horas por semana, no aumenta los días de descanso; es decir, mantiene un día de descanso por cada seis de trabajo.

Hasta ahora, la mayoría de las propuestas que se habían presentado en el Congreso de la Unión, incluyendo el proyecto que se dictaminó en comisiones de la Cámara de Diputados en 2023, planteaban una jornada laboral de cinco días de trabajo por dos de descanso, lo que se traducía en una reducción de 48 a 40 horas en el límite semanal.

Milei fuerza una reforma laboral que Argentina resistió a otros gobiernos

Javier Milei prometió derribar los pilares de la Argentina que heredó del peronismo para levantar un nuevo país desde sus cimientos. Uno de ellos, que resistió las embestidas de otros gobiernos de derechas previos, es la legislación laboral, cuyas bases se remontan a 1974.

El Senado se apresta a sancionar esta semana una reforma laboral que modifica 200 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y la deja irreconocible. A diferencia de los intentos realizados por Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, Milei tiene enfrente unos sindicatos debilitados y desprestigiados. Se apoya, además, en un mercado laboral que se fragmentó y se transformó de facto por los cambios tecnológicos y el estancamiento económico que Argentina arrastra desde hace más de una década.

La reforma recoge demandas históricas del empresariado argentino. Abarata los despidos, reduce cargas patronales, limita el poder de negociación gremial y el derecho a huelga, flexibiliza la jornada laboral y elimina la obligatoriedad de pagar horas extras. Otras ideas fueron guardadas de vuelta en el cajón, a la espera de tiempos mejores, como el artículo 44, que reducía hasta el 50% el salario de los trabajadores de baja por enfermedad o accidente.

• Sindicatos y partidos opositores critican que se trata de una ley que no ha sido negociada con las partes y que no contiene ni un solo artículo que beneficie a los trabajadores. En su opinión, la Ley de modernización no se adapta a los nuevos tiempos sino que atrasa cien años.

A contramano de otros debates internacionales sobre la reducción de las horas de trabajo, como ocurre en el vecino Brasil, la nueva legislación argentina extiende de 8 a 12 horas el máximo de la jornada laboral, siempre que en la semana no se superen las 48 horas. El pago de las horas extras, del que dependen muchos trabajadores, dejará de ser obligatorio, y podrá ser reemplazado por un día libre en otro momento.

Los sindicatos han intentado frenar la reforma con protestas en las calles y una huelga general. “Los dirigentes políticos nos dicen cómo tenemos que trabajar y cuánto tenemos que ganar, pero ninguno de ellos se levanta a las 3 o a las 4 de la mañana, deja a su familia y recorre 3.000 kilómetros”, decía el sindicalista Pablo Osuna a choferes de camiones el pasado jueves.

Osuna advierte que el Gobierno quiera despojar a los trabajadores del derecho a huelga al forzar el cumplimiento de servicios mínimos del 75% en el transporte, la salud, la educación, la energía y el agua por considerarlos sectores esenciales.

Escándalos y protestas masivas

Algunas medidas incluidas en la reforma quisieron sancionarse muchos antes, con escaso éxito. Menem aprobó en 1991 una ley de empleo que dejó intacto el poder de los sindicatos. De la Rúa, en el año 2000, promovió una reforma laboral que pasó a la historia como la Ley Banelco por el escándalo de compra de votos en el Senado para su aprobación. Esa ley fue el principio del fin de su Gobierno un año después. Macri, que gobernó entre 2015 y 2019, buscó acuerdos graduales que nunca llegaron a concretarse. Promovió otros, tan resistidos en las calles que agrandaron la imagen de Argentina como un país en el que era muy difícil aprobar reformas impopulares.

• Milei, en cambio, está a un paso de la victoria legislativa y celebra por anticipado. “El pasado fue”, escribió en las redes su ministro de Economía, Luis Caputo, tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el pasado viernes.
• “Hay momentos en la historia, en que la historia cambia. Finalmente, lo estamos viviendo”, agregó Caputo. El Gobierno cuenta con los votos para la aprobación definitiva en el Senado el próximo 27 de febrero.

La voluntad política se beneficia del contexto económico y social. La economía local no crece desde 2012 y ese estancamiento ha sido letal para el mercado de trabajo. En ese tiempo, el empleo formal privado creció poco más del 2%, mientras que el informal se disparó un 22% y el monotributo —similar a la figura del autónomo en España— creció más del 50%. “Eso muestra que la economía ya generó mecanismos alternativos, muchas veces para evitar los costos y riesgos de la legislación vigente”, dice el consultor económico Iván Carrino.

Según datos oficiales, de los cerca de 21 millones de trabajadores, los asalariados registrados son minoría: el sector privado emplea a 6,2 millones y el público, a 3,4 millones. En cambio, casi 10,5 millones de personas tienen otros tipos de relaciones laborales: 5,7 millones trabajan para otro pero sin contrato y 4,7 millones son monotributistas. El 6,3% del total, equivalente a 1,3 millones, están desempleados.

• El sueldo bruto promedio de los trabajadores asalariados en Argentina, de 1,6 millones de pesos o 1.150 dólares por mes, es el triple que el de los trabajadores informales. Por eso, tener un empleo a menudo no es suficiente y muchos compaginan hasta tres y cuatro para llegar a fin de mes. El 92% de los argentinos dice sentir estrés y agotamiento extremo por causas laborales, el valor más alto de todo el continente, según el estudio Burnout de la consultora Bumeran.

El mapa laboral empeoró con Milei. Desde fines de 2023 se destruyeron casi 300.000 puestos de trabajo, de los que dos de cada tres eran asalariados formales de sectores como la industria, la construcción y el comercio. A diferencia de los noventa, cuando el cierre de fábricas y empresas hizo que la tasa de desempleo se triplicase, ahora gran parte de los expulsados del mercado laboral formal son reabsorbidos de forma precaria. El ejemplo más claro son las plataformas de servicios como Uber, Cabify o Rappi. Trabajar para ellas es una forma de amortiguar el golpe de quedarse sin trabajo o de redondear unos ingresos insuficientes en un país donde una de cada tres personas es pobre.

Reducción de los juicios laborales

El Gobierno de ultraderecha critica que el modelo laboral actual es obsoleto porque fue concebido para una sociedad con empleo asalariado masivo que ya no existe. Promete que la nueva normativa creará empleo registrado y reducirá la informalidad. La mejora, según el Gobierno, ocurrirá porque los empresarios dejan de tener miedo a que su negocio quiebre si enfrentan un juicio laboral.

Es un temor que repiten desde dueños de modestas cafeterías hasta empresarios pymes y que tiene números que lo avalan. En 2025, se iniciaron 350 nuevas demandas por riesgos laborales por día y la mayoría se saldaron a favor de los empleados, con elevadas compensaciones. La reforma de Milei pone fin a esa realidad: para la indemnización se contará sólo un sueldo base por año trabajado —sin contemplar aguinaldo, vacaciones ni extras— y el pago podrá ser fraccionado en hasta 12 plazos.

Economistas afines a las ideas de Milei, como Carrino, admiten que pese a los cambios que introduce la ley, “la condición necesaria para que se genere empleo es que la economía empiece a crecer”.

Carrino compara la reforma actual con la flexibilización del mercado laboral que hizo Menem en los noventa, que lejos de generar empleo aceleró su destrucción y más todavía cuando estalló la crisis de 2001-2002 y el desempleo superó el 20%: “Si la macroeconomía funciona de forma desastrosa, no hay nada que pueda generar empleo, como pasó a fines de los noventa. El trasfondo ahora es una economía que se está recuperando y hay que ir mirando trabas específicas, como la legislación laboral, que hace las cosas muy difíciles para las empresas”, agrega Carrino, investigador asociado de Faro, de la Universidad del Desarrollo de Chile.

Para la economista Marina Dal Poggetto, es urgente introducir cambios porque “en la medida en que hay cada vez más gente fuera del empleo formal, el sistema tal y como está se vuelve fiscalmente difícil de sostener”. Los trabajadores informales no cotizan y los monotributistas lo hacen de forma mínima.

“Se necesitan aproximadamente 25 monotributistas para financiar una jubilación mínima”, advierte Dal Poggetto, quien califica esta modalidad laboral como un “agujero fiscal a mediano plazo”.

La necesidad de cambios es aceptada también por detractores de la ley, como el especialista en derecho del trabajo Mario Ackerman. Cree que la reforma de Milei no arregla los problemas actuales sino que los agrava porque “expulsa del derecho laboral a amplios sectores, sobre todo a las nuevas formas de trabajo, en lugar de regularlas y reconocerles derechos mínimos”.

Es el caso de los trabajadores de las aplicaciones de reparto de comida o transporte de pasajeros. Al mismo tiempo, agrega Ackerman, “a quienes siguen siendo empleados formales se les reducen derechos históricos”.

“Transferencia del miedo”

Ackerman recuerda que durante la campaña electoral de 2023, Milei definió como “un cáncer” el artículo 14 bis de la Constitución argentina que garantiza los derechos laborales, las jubilaciones y todo el sistema de la seguridad social. Prometió que lo derogaría.

“Nunca ocultó ese objetivo”, señala Ackerman. Entre los cambios más controvertidos, menciona el hachazo al derecho a huelga y la creación de un fondo para indemnizaciones que restará cerca de 2.500 millones de dólares anuales a las arcas del régimen de jubilaciones y facilitará los despidos.

“Hay una transferencia del miedo. Hoy, el empleador se lo piensa dos veces antes de despedir a un trabajador sin causa porque tiene que pagar una indemnización alta y al empleado le da cierta tranquilidad saber que no le va a cambiar las condiciones. Con la nueva ley, es el empleado el que tiene miedo a no aceptar cambios por si lo despiden”, opina.

La historiadora Victoria Basualdo mira el fenómeno a largo plazo y en un contexto regional. Cree que se trata de la reforma “más audaz y extrema en términos regresivos” hecha en Argentina, pero que forma parte de una secuencia histórica iniciada en los años setenta.

“Hay que leer esto como etapas sucesivas de una ofensiva del capital sobre el trabajo que fue cambiando de forma: dictaduras, reformas de los noventa, transformaciones empresariales y tecnológicas del siglo XXI. No se trata sólo de una ley, sino de un intento de reconfigurar la relación entre capital y trabajo”, explica.

Las reformas laborales anteriores chocaron con un sindicalismo fuerte, mayorías legislativas frágiles o crisis económicas que restaban legitimidad a los cambios. Hoy, el peso relativo de los trabajadores formales —la base histórica del poder sindical— es menor. Los sindicatos perderán todavía más fuerza cuando venzan los convenios colectivos por falta de acuerdo entre las partes y comiencen a extenderse los convenios por empresa que promueve la ley en vez de por sector de actividad, como ocurre ahora.

La debilidad gremial explica, en gran parte, por qué un proyecto que antes encontraba resistencia inmediata hoy logra avanzar en el Congreso. Basualdo suma además el respaldo financiero internacional a Milei —del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Donald Trump— para quebrar la resistencia. “Poder mostrar a esa Argentina reformada es un objetivo simbólico”, subraya.

La oposición ha anticipado que judicializará la reforma laboral y se prevé que la causa llegue hasta la Corte Suprema. Pero aun antes de entrar en vigor, la Ley de modernización laboral marca un punto de inflexión. Por primera vez desde el regreso de la democracia a Argentina, un Gobierno argentino avanza de forma simultánea sobre la legislación, las instituciones y el equilibrio social que había mantenido en pie el edificio laboral construido por el peronismo.

Claves de la polémica reforma laboral en Argentina

Entre las propuestas que más controversia causan está la extensión de la jornada laboral en un máximo de hasta 12 horas por día, el cálculo de las indemnizaciones por despido y las restricciones de las licencias médicas.

Milei propuso un cambio legislativo que, para amplios sectores, implica un debate pendiente en Argentina, un país de larga tradición sindical y amplios derechos laborales que muchos consideran letra muerta.

«Nuestra legislación laboral se consolidó en la década de 1970 y refleja un mundo distinto, un modelo laboral de empleados de cuello blanco y obreros fabriles», explicó a BBC Mundo el catedrático en Derecho Laboral Miguel Ángel Maza.

Hoy el país enfrenta una cifra histórica de informalidad, con casi la mitad de los trabajadores sin derechos laborales garantizados.

• Esta cifra representa casi 6 millones de personas que no tienen derecho a la cobertura de salud, las licencias por enfermedad, las indemnizaciones por despido ni los aportes de jubilación.
• Entre los menores de 29 años, la tasa de empleo informal alcanza a casi 6 de cada 10, y esta cifra es todavía más alta para las mujeres jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La precarización laboral ha ido en aumento en los últimos 13 años, con más trabajadores en relación de dependencia encubierta o, simplemente, sin ningún tipo de formalidad, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y la Encuesta Permanente de Hogares.

Estas son las principales claves en el centro del debate.

1. Las propuestas de la reforma

Entre los principales ejes de la reforma, el gobierno propone habilitar la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas sin necesidad de pagar horas extra, siempre y cuando se respete el descanso de 12 horas y no se supere el tope semanal legal de 48 horas.

Para ello, creará un banco de horas extra para cada empleado, que la empresa podrá compensar con horas o días libres en lugar de dinero.

«No es el ideal, pero la realidad es que mucha gente trabaja más de 8 horas, muchísima gente, y no siempre pagándoles horas extras», dijo el catedrático Maza.

El gobierno sostiene que los trabajadores podrán negociar, por ejemplo, trabajar de lunes a jueves más horas cada día y tener libres los viernes.

El proyecto permite que los salarios sean pagados en moneda nacional o extranjera, en una economía donde el dólar tiene un gran protagonismo, y también una parte en «especie, habitación o alimentos».

Además, se incorpora el concepto de «negociación dinámica» del salario.

Este punto implica que un empleador cuenta con un mayor margen de maniobra para negociar nuevas condiciones posteriores a la firma del contrato.

Por otro lado, se redefine la fórmula de cálculo de las indemnizaciones por despido al acotar lo que se entiende por la remuneración del trabajador.

• De aprobarse la medida, quedarán excluidas del cálculo las vacaciones, los premios y otros conceptos que no formen parte del sueldo mensual.
• El oficialismo sostiene que en Argentina se ha conformado una «industria del juicio laboral» porque, ante una normativa difusa, los jueces determinaban montos por despidos que multiplicaban los salarios por decenas de veces, lo que incentivaba al empleado a recurrir ante los tribunales.

«Me parece razonable, porque es ponerle precisión al cálculo», expresó Maza.

Relacionado a los despidos, el gobierno propuso crear un fondo con aportes del empleador, que podrá utilizar para pagar las indemnizaciones.

Ese porcentaje saldrá de lo que ya pagan de aportes patronales, por lo que no se les incrementarán los costos sino que el Estado recibirá menos dinero.

A su vez, el proyecto incrementa la lista de «servicios esenciales» que tienen fuertes restricciones al derecho de huelga al agregar al sector educativo y los servicios aduaneros, entre otros.

• La reforma establece modificaciones en la ley de asociaciones sindicales. Las asambleas sindicales no deberán afectar el normal desarrollo de la empresa, deberán contar con autorización del empleador y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
• Por último, la reforma contempla beneficios fiscales para fomentar que las empresas contraten nuevos empleados.

Las firmas que incorporen a su plantilla personas desempleadas, autónomos o antiguos empleados públicos tendrán descuentos en el pago de las contribuciones patronales en los primeros cuatro años.

Por último, el artículo 44 del proyecto que fue eliminado por el mismo gobierno tras la primera votación en el Senado establecía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso. Hoy es del 100%.

2. Los motivos del gobierno

La reforma se da en un contexto de pérdida de puestos de trabajo calificado. El sector de la industria acumula una pérdida de casi 65.000 puestos en los últimos dos años, según la Unión Industrial Argentina (UIA).

Milei puso fin a las políticas proteccionistas previas, que definió como de empresarios que «cazaban adentro del zoológico», y que encarecían los bienes para los argentinos.

• Para el oficialismo, el problema viene de los gobiernos anteriores y considera que la legislación vigente no ayuda.
• El gobierno entiende que el nuevo marco normativo generará más empleo formal, debido al menor costo que implicará para las empresas.

«Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina», definió la Oficina del Presidente en un comunicado tras la media sanción en el Senado.

«Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo», añadió.

El documento destaca que la iniciativa es «una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado».

• Ya Milei había insistido en varias oportunidades sobre la necesidad de actualizar la normativa que regula el trabajo en Argentina.
• Previo a la sesión de Diputados, un acalorado debate se dio el miércoles en una comisión del Congreso donde participó Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, la aplicación de envíos a domicilio, quien defendió la propuesta.

«Promovemos este tipo de discusiones. Necesitamos reglas de juego claras que permitan el desarrollo de la economía de plataformas», sostuvo Buenos, según registró la prensa argentina.

3. Las críticas a la iniciativa

Uno de los principales cuestionamientos a los cambios es que equiparan el poder de negociación de las empresas con el de los trabajadores.

«La reforma tiene un defecto de fondo muy grave, muy peligroso. Esconde una creencia ideológica de que las relaciones laborales son relaciones comunes, que no hace falta un derecho del trabajo. Es no creer en la inferioridad del trabajador con respecto al empleador», señaló Maza.

«El derecho laboral no es un invento peronista, nace de reconocer que el trabajador, individualmente, no puede negociar de igual a igual con el empleador», añadió.

Para el especialista en derecho laboral, la nueva ley incentivará el despido de trabajadores, porque los empresarios no dudarán en utilizar el fondo específicamente creado para ello.

«Mi experiencia me dice que posiblemente no aumente el empleo después de la medida, porque la carga social no es el elemento más importante. En lo que se van a fijar los empresarios a la hora de contratar es si van a tener clientes y si el margen de ganancia les va a permitir sostener el negocio», dijo.

La mayor regularización laboral, sostuvo, se logra con inspecciones.

• El jefe del bloque opositor peronista Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo antes de la votación del jueves que «la ley es horrible y absolutamente inconstitucional».
• «Lejos de ser una ley que moderniza es una ley que atrasa y que no le agrega ningún nuevo derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Al contrario, lo que hace es generar un proceso regresivo en materia de derechos nunca visto en Argentina», agregó a Radio 10.

«Si avanzan contra los derechos de las y los trabajadores, avanzan contra la industria nacional y el futuro del país. Los derechos no se negocian», sostuvo la CGT tras el llamado a huelga.

Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron su rechazo a la reforma.

«Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo», dijo en la red social X el gobernador peronista Axel Kicillof.

«Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral inestable», agregó el gobernador.

Entre acusaciones cruzadas y visiones antagonistas del tema, los más escépticos creen que la reforma puede mantener la situación tal como está.

«No me parece una reforma que valga la pena, que vaya a cambiar las cosas, y esto es lo más lamentable», concluyó Maza.

Reformas laborales en México y Argentina: cómo siguen

Mientras en México la reforma fue celebrada como una victoria social, en Argentina la media sanción se logró tras intensas negociaciones y tensiones políticas. El oficialismo argentino tuvo que ceder en puntos clave de último momento, como mantener la obligatoriedad de los aportes a sindicatos y cámaras empresarias (aunque con topes menores) y reformular los esquemas de compensación por enfermedad (del 50% al 75% del salario).

• En México, al ser una reforma constitucional, la minuta ahora debe ser ratificada por al menos 17 congresos locales antes de que el Ejecutivo Federal pueda promulgarla en el Diario Oficial de la Federación.
• En Argentina, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate intenso, pues la oposición advierte sobre riesgos de precarización laboral y la pérdida de derechos adquiridos ante el avance de la justicia laboral transferida a la Ciudad de Buenos Aires./Agencias-PUNTOporPUNTO