El Salvador busca digitalización de procesos públicos con fondos de préstamo externo Infobae
La Comisión de Hacienda dictaminó favorablemente la incorporación de USD 6.2 millones de fondos provenientes de un préstamo externo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) al presupuesto de El Salvador para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de potenciar el Programa de Simplificación y Digitalización de Trámites liderado por el Ministerio de Economía, según dictaminó la comisión en la Asamblea Legislativa este 23 de febrero.
Esta decisión permitirá destinar recursos adicionales a la digitalización y modernización de numerosos procesos administrativos en al menos 20 entidades públicas, facilitando el entorno de negocios para el sector privado y mejorando la eficiencia institucional.
El proyecto de inversión, identificado como número 8492 y denominado "Programa de Simplificación y Digitalización de Trámites", forma parte de los esfuerzos de El Salvador para transformar su clima de negocios y promover la facilitación del comercio y la inversión.
La asignación de estos USD 6.2 millones se inscribe en el marco de un contrato de préstamo aprobado previamente por la Asamblea Legislativa el 4 de julio de 2023, bajo el Decreto Legislativo 787, que autorizó un financiamiento total de hasta USD 75 millones con la CAF para fortalecer la competitividad nacional a través de la modernización administrativa.
La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, señaló ante la comisión que el refuerzo presupuestario solicitado es vital para avanzar en la automatización de trámites en instituciones clave, como la Superintendencia de Regulación Sanitaria, la Autoridad del Centro Histórico y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. “Este proyecto actualmente tiene una asignación de tres punto nueve millones de dólares en la ley de presupuesto, ya se ejecutó un millón, y en función de lo que el Ministerio de Economía prevé realizar en el transcurso del año, es que ha solicitado el refuerzo de seis punto dos millones”, detalló en la sesión de la comisión.
El uso de estos fondos se dirigirá principalmente a la contratación de servicios para el desarrollo de sistemas informáticos orientados a la digitalización de trámites administrativos, la modernización e integración de sistemas de inventario institucionales —incluidos módulos de activo fijo, medicamentos, mercancías y otros bienes estratégicos— y la adquisición de licencias para el funcionamiento y mantenimiento de los nuevos sistemas en entidades seleccionadas.
Según la solicitud presentada ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, también está contemplada la financiación de servicios de supervisión, auditoría y soporte técnico para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los proyectos digitalizados.
Esta estructura de inversión busca dotar de mayor transparencia y eficacia al sector público, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos mediante la digitalización de procedimientos esenciales para ciudadanos y empresas.
El ajuste presupuestario previsto contempla el incremento en la partida de ingresos bajo el rubro Endeudamiento público, específicamente a través de la contratación de préstamos externos con organismos multilaterales, lo que materializa el ingreso de los USD 6.2 millones al presupuesto estatal.
Por el lado de los gastos, el refuerzo se verá reflejado en el ramo de Economía bajo la unidad presupuestaria de programas y proyectos para el desarrollo económico, consolidando así la línea de trabajo destinada al programa de transformación del clima de negocios.
Un segundo dictamen emitido fue el favorable en el sentido se autorice al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda, suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta ciento cincuenta millones de dólares para financiar el proyecto denominado Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador, la cual representa la segunda vuelta del contrato.
El Gobierno busca mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura, ante la ocurrencia de desastres naturales y reducir vulnerabilidad en diferentes zonas del país, especialmente en el área metropolitana de San Salvador, por eventos como inundaciones, para lo cual busca, mejorar el acceso a los servicios de drenaje urbano y aumentar la efectividad de los sistemas de alerta temprana.
Los dictámenes deberá pasar al pleno legislativo para su final aprobación.
