Fallo sobre aranceles en EE.UU. abre la puerta a devoluciones por 200 mil millones de dólares: Giugale Editorial Aristegui Noticias

El exdirector del Banco Mundial y profesor de la Universidad de Georgetown, Marcelo Giugale, afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de declarar ilegales los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump representa un punto de inflexión en la estrategia económica del mandatario.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, sostuvo que el fallo judicial despoja al presidente de una herramienta central de su política económica y exterior. “La Corte le ha sacado al presidente, si tú quieres, el arma más poderosa que él tenía desde el punto de vista del manejo económico, yo diría también del geopolítico”, señaló.

Explicó que Trump “se autoatribuyó una capacidad de ponerle tarifa de importación a quien quisiera en los productos que él quisiera, por cuanto él quisiera”, utilizándola para presionar a distintos países en temas comerciales, políticos y de seguridad.

Según detalló, dos pequeños importadores -uno de vinos y otro de juguetes educativos- impugnaron la legalidad de esas medidas con el argumento de que los aranceles constituyen impuestos y, por tanto, solo pueden ser establecidos por el Congreso. “Esa es la diferencia entre una democracia y una monarquía. El rey puede poner impuestos, el presidente no puede sin autoridad del Congreso”, dijo.

La Corte Suprema resolvió a favor de los demandantes. Tras el fallo, vino la reacción airada del mandatario y un giro inmediato en la estrategia: esa misma noche invocó otra disposición legal para imponer aranceles globales de 10%, cifra que al día siguiente fue modificada a 15%. Para el economista, ese cambio evidenció desorden en el proceso de toma de decisiones.

Giugale explicó que la nueva base jurídica exige demostrar la existencia de un déficit en la balanza de pagos “grande y grave”, condición que a su juicio no se cumple. Agregó que la definición técnica del concepto no coincide con la interpretación presidencial.

De acuerdo con el especialista, la disposición invocada solo permitiría aplicar el arancel de 15% por un periodo de 150 días, lo que abre la puerta a una nueva ola de litigios. Durante ese lapso, advirtió, la incertidumbre afectaría tanto a exportadores hacia Estados Unidos como a productores estadounidenses que dependen de insumos importados, con un freno potencial en inversión y contratación.

Otro frente abierto es el de las devoluciones. Giugale señaló que los importadores que pagaron aranceles antes del fallo reclaman reembolsos. Recordó que la propia administración había argumentado ante los tribunales que, en caso de perder, las tarifas podrían devolverse fácilmente. El monto en disputa ronda los 200 mil millones de dólares, cerca de medio punto del Producto Interno Bruto estadounidense.

En términos prácticos, consideró que el arancel de 15% será cobrado mientras esté vigente la orden ejecutiva. “El importador promedio va a tener que pagar este 15%”, afirmó, al señalar que la instrucción directa a las aduanas obliga a exigir el pago para permitir el ingreso de mercancías. Quedan exceptuados productos amparados por tratados comerciales previos como el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y ciertos sectores con regímenes especiales.

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No obstante, estimó que una vez que los nuevos casos lleguen a tribunales locales, el gobierno podría optar por no escalar nuevamente hasta la Corte Suprema, dado el precedente reciente.

Al ser consultado sobre la excepcionalidad de la situación que no la imaginó para Estados Unidos: “Este es el tipo de cosa que se ve en países cuya gobernabilidad es aleatoria, al azar, no lo que se le ocurre al mandatario de más alto rango, que es típico de países en desarrollo”.

Giugale vinculó el episodio con una tendencia más amplia en la que algunas políticas pueden llevar a economías avanzadas a comportarse como emergentes. Desde su perspectiva, los aranceles generalizados encajan en ese patrón: “Las tarifas en general no solamente te hacen más caro, sino te hacen menos eficiente, menos innovador y más corrupto”.

Aunque reconoció que existen sectores específicos, como salud pública, abastecimiento estratégico o defensa, donde podrían justificarse medidas de protección acotadas, concluyó que, en términos generales, “las tarifas son malas noticias”.