El cártel marca la hora La Aurora de México

Hay muertes que no son un punto final sino puntos suspensivos. La muerte reportada de El Mencho —jefe del CJNG— tiene en vilo a México y a sus socios por la ola de violencia que desata. Llega, además, con dos sellos simultáneos: el del reacomodo criminal y el de la política transfronteriza. En México se narra como un golpe histórico. En el extranjero, como una pieza en el tablero donde se cruzan fentanilo, frontera y presión bilateral.

La caída del narcotraficante, que la prensa internacional ha descrito como uno de los más peligrosos del mundo, crea beneficiarios. Y no necesariamente la sociedad, al menos no de forma inmediata. En el ecosistema de cárteles, como ya se ha visto, la decapitación rara vez es cierre. Los rivales —Sinaloa y actores regionales— aprovechan la ventana de oportunidad: plazas debilitadas, rutas en disputa, jefes comprables o eliminables, lealtades que se vuelven negociables. Dentro del propio CJNG, los mandos medios compiten por el liderazgo. Y para hacerlo creíble no hacen comunicados sino exhibiciones de poder y violencia demostrativa —bloqueos, autos y camiones incendiados, carreteras convertidas en barricada—. No se trata de un exceso irracional: es músculo, es mensaje calculado.

Pero el cómputo no sólo es criminal. El Estado también busca cobrar una ganancia: dentro y fuera del país. Porque la muerte del Mencho ocurre con dos relojes sobre la mesa: junio, con el Mundial y su vitrina global; y julio, con la revisión sexenal del T-MEC/USMCA y su lógica de presión. En ese clima, una operación de esta magnitud funciona como doble señal hacia afuera: capacidad de fuerza frente al crimen y voluntad de cooperación frente al socio. La operación la ejecutó el Ejército mexicano, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, según se reporta.

Sin embargo, la violencia demostrativa —quema de vehículos, bloqueos, parálisis— empaña por adelantado la vitrina deportiva: erosiona la promesa de normalidad y recuerda que, para disfrutar el Mundial, primero hay que estar vivo. En año de sede mundialista, la violencia no sólo mata: devalúa al país.

Ahí está la tensión que organiza la escena: la revisión necesita resultados y previsibilidad; la violencia demostrativa produce el efecto contrario. Mientras el Estado intenta mandar a Washington el mensaje de capacidad, el cártel responde —con incendios y bloqueos— a la economía real: transporte, turismo, cadenas de suministro, vida cotidiana. La negociación ocurre en dos tiempos: uno con cifras y tratados, otro con carreteras cerradas.

El contraste con 2019 es definitivo. Cuando Andrés Manuel López Obrador liberó a Ovidio Guzmán —del Cártel de Sinaloa, rival del Mencho— en Culiacán, lo justificó diciendo que buscaba evitar muertes civiles; dijo: “No queremos guerra”, en una alusión directa a la política del expresidente Felipe Calderón. La decisión fue una ética paupérrima: proteger hoy, aun al precio de la humillación del Estado mañana. Los abrazos no apagaron el fuego, en vez de eso, lo atizaron. Y aquí está el saldo: un país en llamas.

Hoy, el Estado elige lo contrario: cobrar la pieza mayor aun sabiendo que el cártel trasladará la factura a la ciudadanía —y, de paso, convirtiendo el éxito en insegurabilidad para el país—. El gobierno de Claudia Sheinbaum cambia, así, la lógica pero sobre todo el público: ya no es sólo México mirándose a sí mismo, sino Norteamérica mirando a México y pidiendo resultados en vísperas de la revisión del tratado.

Si uno aparta el ruido —anécdota y coyuntura— queda una pregunta: si la seguridad se vuelve moneda, ¿quién decide la denominación del pago? Las negociaciones ocurren en elegantes salas de Washington, pero el costo —como casi siempre en México— se cobra en la calle. Además, ningún tratado resiste mucho tiempo un país en llamas.

Qué ironía: el Estado sigue el calendario, pero el cártel marca la hora.

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