Consejo Nacional Electoral defendió la transparencia del sistema electoral: este sería el proceso de protección de los comicios Infobae
A medida que se acerca la fecha para las elecciones del 8 de marzo —que definirán los 286 escaños en el Congreso y a su vez se realizarán las consultas presidenciales—, la incertidumbre en torno a la transparencia de los comicios se volvió un tema recurrente.
Esta vez, el debate no se centra solo en los actores políticos tradicionales, sino en las dudas sembradas por el mismo presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico, sobre la legitimidad de la logística electoral.
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Sin embargo, el proceso electoral de Colombia, desde la promulgación de la Constitución de 1991, fue respaldado por una sólida estructura institucional que garantiza su transparencia y fiabilidad, y el trabajo coordinado de varias entidades refuerza el blindaje de un sistema electoral que es fundamental para el tránsito democrático del país, situación que conoció el diario El Espectador.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General, junto con la supervisión de misiones de observación nacionales e internacionales, forman una red de control que asegura que las elecciones no solo se celebren en un marco de legalidad, sino que sean verificables en todos sus aspectos.
Esta robusta infraestructura es la misma que, en los últimos años, sustentó elecciones en las que diversos sectores políticos, incluido el actual Gobierno, lograron acceder a los cargos públicos, lo que daría cuenta de su efectividad.
El debate en torno a la transparencia del proceso es alimentado principalmente por cuestionamientos del presidente Petro hacia ciertos aspectos de la logística electoral. En particular, su preocupación se centró en la participación de la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la impresión de material electoral y la administración biométrica de los comicios (crítica realizada el 19 de febrero, en la Plaza de Bolívar).
Según el presidente, su vinculación podría suponer un riesgo para la gestión de los registros ciudadanos. No obstante, las autoridades electorales aseguran que la empresa solo se encarga de la gestión de un software destinado a la divulgación preliminar de los resultados, cuya seguridad es auditada tanto por el CNE como por organismos internacionales.
El sistema de escrutinio final, ahora bajo control estatal, ya fue probado durante las elecciones de 2022
Otro punto de controversia es el sistema de escrutinio final, que, tras una orden judicial en 2021, pasó de manos privadas a ser gestionado directamente por el Estado. Este mecanismo fue utilizado en las elecciones de 2022, que resultaron en la elección de Petro como presidente, y es probado bajo condiciones de plena transparencia.
Además, este software será accesible para todos los partidos políticos, quienes podrán monitorear los resultados en tiempo real y garantizar que todo el proceso se realice conforme a las reglas establecidas.
El presidente del CNE, Cristian Quiroz, defendió la transparencia del sistema de acreditación de testigos electorales, una de las principales herramientas de control ciudadano durante los comicios, en una conversación con el diario en mención.
“La plataforma de acreditación de testigos es pública, transparente, y cualquier ciudadano puede acceder a ella”, comentó Quiroz, al destacar que la información de los testigos estará disponible con nombre y apellido para asegurar la máxima transparencia. En las elecciones de 2022, el Pacto Histórico acreditó a más de 34.000 testigos, una cifra que se espera supere los seis millones en los comicios de marzo.
En cuanto al procedimiento de conteo de votos, las autoridades hicieron énfasis en el riguroso control que existe sobre los formularios E-14, aquellos que contienen los primeros resultados del sufragio. Estos, que son diligenciados por los jurados en las mesas de votación, deben ser revisados exhaustivamente para evitar cualquier inconsistencia.
En caso de detectar discrepancias, como una diferencia entre el número de votantes y los votos registrados, se procederá a un reconteo de votos en la mesa. Por lo que el proceso electoral no solo se enfrenta a la polarización política del país, sino a desafíos logísticos y de seguridad, reconoció Quiroz a la fuente citada.
A 15 días de la jornada electoral, el país se prepara para una nueva prueba de su democracia. Un ejercicio que, como es habitual en los últimos 30 años, contará con una red de control, vigilancia y transparencia, que permitirá a todos los colombianos ejercer su derecho al voto con la certeza de que el resultado será legítimo y confiable, pero algunos sectores tienen miedo de lo que pueda pasar.
El procurador respaldó la transparencia en el proceso de la Registraduría
El procurador general, Gregorio Eljach, expresó su respaldo al registrador Hernán Penagos por la transparencia en la organización de las elecciones y la expedición de los formularios E-14. El pronunciamiento de Eljach llega luego de que el presidente Gustavo Petro instara a los jurados a modificar dichos formularios, lo que fue rechazado por el registrador, que insistió en no marcar ni rellenar los espacios vacíos.
Eljach destacó que no existe “motivo, prueba, argumento jurídico o elemento fáctico” que ponga en duda el manejo que Penagos dio a las elecciones. Durante el foro “¿Cómo van las garantías electorales?“ organizado por el diario El Tiempo y el Ministerio del Interior, también se recordó que los jurados que no acaten las instrucciones de la Registraduría podrían enfrentar sanciones disciplinarias.
El procurador, además, resaltó la importancia de evitar la abstención en las próximas elecciones y reafirmó que el calendario electoral ya está definido, disipando los temores previos de un posible cambio en las fechas: “Nada de eso fue cierto y Colombia ya dijo no a la modificación del calendario electoral”.
