Corte Suprema avanza en proceso legal para llamar a juicio a seis congresistas por el escándalo de la Ungrd: algunos buscan reelergirse Infobae
La Corte Suprema de Justicia de Colombia estudia una ponencia que solicita llamar a juicio a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, acusados de integrar una “empresa criminal” para aprobar irregularmente millonarios préstamos estatales a cambio de contratos vinculados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La lista de legisladores salpicados incluye a Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal); y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
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La ponencia fue radicada ante la Sala de Instrucción de la Corte por el magistrado encargado, que detalló el presunto papel de cada congresista. De acuerdo con la exposición, revelada por Semana, se señala que los implicados habrían aceptado remuneraciones a cambio de votar a favor de la aprobación de préstamos internacionales solicitados por el Gobierno nacional. El alto tribunal calificó este entramado como una “empresa criminal” que habría puesto en riesgo la institucionalidad colombiana.
Como base probatoria, los magistrados cuentan con testimonios, registros fílmicos y documentos electrónicos recabados durante una investigación de varios meses. Destacan los aportes de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides; el exdirector de la Ungrd, Olmedo López; y el exsubdirector Sneyder Pinilla. Los testigos entregaron chats, comunicaciones y correos electrónicos relevantes para el expediente.
La declaración de Benavides resultó fundamental para reconstruir las presiones y pactos que surgieron dentro de la Comisión Interparlamentaria. La exasesora relató reuniones sostenidas con los congresistas en el Ministerio de Hacienda, así como mensajes en los que algunos legisladores, entre ellos el representante Wadith Manzur, reclamaban la presentación de certificados de disponibilidad presupuestal como muestra de gestión ante la entidad encargada de dirigir, coordinar e implementar la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional . El exdirector López corroboró la existencia de acuerdos para repartir contratos a cambio de apoyos parlamentarios, mientras que Pinilla entregó a la Corte copias de conversaciones sobre la gestión de proyectos en los municipios.
La investigación documentó decenas de visitas de congresistas a la sede del Ministerio en Bogotá en fechas claves para la votación de préstamos. Entre ellas, la de Manzur el 15 de diciembre de 2023, en la que fue recibido por el entonces ministro Ricardo Bonilla que también está siendo investigado por la justicia colombiana. Las cámaras registraron estos encuentros y las minutas de ingreso detallaron nombres y horarios.
El proceso penal contra los congresistas investigados aún se encuentra en discusión en la Corte Suprema. Los magistrados analizan la posibilidad de imponer medidas restrictivas de la libertad a los implicados, un tema que fue debatido anteriormente en julio de 2025 sin llegar a consenso para dictar órdenes de captura. La decisión definitiva sobre la acusación formal y eventuales detenciones se tomará tras el estudio de la ponencia.
De manera paralela, el caso Ungrd ya ha implicado a otros altos funcionarios, como los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, que permanecen detenidos. Además, la justicia emitió circulares rojas de Interpol contra los exdirectores Carlos Ramón González y César Manrique Soacha del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de Función Pública. El expediente incluye un conjunto extenso de pruebas técnicas, documentales y testimoniales.
En las más recientes declaraciones recogidas por la Corte, los exfuncionarios de la Ungrd explicaron que el acuerdo entre ciertos congresistas y altos mandos estatales tenía como eje la asignación de contratos estatales por sumas millonarias. La magnitud de los recursos y el alcance del escándalo ilustran el impacto de las decisiones políticas bajo investigación judicial.
