La ley es la ley SDP Noticias
La escena es conocida y, por eso mismo, inquietante. Un presidente que empuja la mesa con el puño, un tribunal que le recuerda los límites, y un país que asiste al forcejeo como si se tratara de una pelea ajena, cuando en realidad se juega ahí una porción sustantiva de su destino. El reciente revés a la política de aranceles globales de Donald Trump por parte de la Corte Suprema no es solo un episodio jurídico: es un retrato de época.
Trump quiso imponer aranceles como quien levanta muros de un plumazo. Aranceles como gesto de fuerza, como promesa de protección, como mensaje político. El problema no fue el qué, sino el cómo. La Corte dijo basta, y lo dijo con la sobriedad que suele irritar a quienes prefieren el estruendo. Excediste tus competencias, sentenció. Y ahí se rompió la narrativa del poder sin contrapesos.
La reacción del presidente no sorprendió a nadie. Indignación, descalificación, un nuevo anuncio apresurado para mostrar que sigue mandando. Vergüenza ajena, dijo sentir, por magistrados sin el “valor” de hacer lo correcto. El lenguaje del púlpito político: quien no me acompaña traiciona al país. Es una lógica peligrosa porque confunde voluntad con legalidad y popularidad con razón. Pero detengámonos un momento. La Corte no discutió si los aranceles son buenos o malos para la economía estadounidense. No entró en el debate de fondo sobre proteccionismo versus libre comercio. Hizo algo más elemental y, por eso, más poderoso: recordó que incluso el presidente debe respetar la ley. Que la prisa no sustituye a la Constitución. Que el fin no justifica los medios, ni siquiera cuando el fin se vende como patriótico.
Trump, fiel a su estilo, encontró otra puerta legal para anunciar un nuevo arancel global del 10 por ciento. Cambió de herramienta, no de obsesión. Es el manual del político que no concibe el poder como un entramado de equilibrios, sino como una carrera de obstáculos donde lo importante es saltar el siguiente, aunque el camino se vuelva cada vez más estrecho.
Este pulso deja varias lecturas. La primera es interna: Estados Unidos sigue teniendo instituciones capaces de frenar excesos, aunque el costo sea el enojo presidencial. No es poca cosa en tiempos donde el grito suele aplastar al argumento. La segunda es global: el mundo observa a una potencia que toma decisiones comerciales con el estómago y las corrige con parches legales. Eso genera incertidumbre, y la incertidumbre es el peor enemigo de la economía. Hay también una lectura política más profunda. Trump no concibe la derrota. Para él, cada freno es una afrenta personal. Por eso ataca a jueces, periodistas, científicos o gobernadores con la misma furia. El mensaje es claro: cualquiera que limite su margen de acción se convierte en adversario. No hay matices, no hay zonas grises. El poder, entendido así, se vuelve un espejo deformante donde solo cabe una imagen.
La ironía es que el discurso del “valor” termina revelando una fragilidad. Porque gobernar dentro de la ley exige paciencia, negociación y, a veces, renuncia. Gobernar a base de decretos y amenazas puede parecer más firme, pero es mucho más frágil: depende del aplauso inmediato y se quiebra ante el primer fallo judicial.
En América Latina conocemos bien ese guion. Presidentes que se sienten ungidos por el voto y, por lo tanto, autorizados a pasar por encima de todo. Tribunales acusados de traición por hacer su trabajo. Reformas anunciadas como actos de salvación nacional. El problema no es Trump, es la tentación permanente del caudillo.
El tema de los aranceles, además, no es menor. Un arancel global del 10 por ciento no es un gesto simbólico: encarece importaciones, altera cadenas de suministro, presiona precios y termina golpeando al consumidor común. Ese mismo al que se promete proteger. La paradoja del proteccionismo mal diseñado es que suele castigar a quienes dice defender.
Trump habla de vergüenza, pero el verdadero sonrojo debería venir de la ligereza con la que se toman decisiones de impacto mundial. Gobernar no es improvisar. La economía global no es un tablero de ajedrez donde se mueven piezas sin consecuencias humanas. Cada arancel es un costo que alguien paga, casi siempre lejos del micrófono presidencial.
La Corte Suprema, con su fallo, recordó algo elemental: el poder tiene forma, límites y procedimientos. No es un capricho académico, es una condición de estabilidad. Sin reglas claras, el mercado se vuelve selva y la política, espectáculo. Y el espectáculo, tarde o temprano, cobra factura.
Que Trump haya encontrado otra vía legal para insistir en su agenda no invalida el mensaje del tribunal. Al contrario, lo refuerza: incluso para imponer su voluntad, el presidente debe someterse al marco jurídico. No es él quien define qué ley aplica, sino el sistema que juró respetar. En el fondo, este episodio habla menos de comercio y más de democracia. De cómo se procesan los desacuerdos. De si el poder acepta límites o los combate. De si el grito sustituye al argumento. Y ahí, más allá de simpatías o fobias, conviene estar atentos.
Porque cuando un presidente se siente por encima de la ley, la ley empieza a parecer opcional. Y cuando eso ocurre, ya no hay arancel que proteja a nadie. Solo queda el ruido, la confrontación permanente y un país dividido entre quienes aplauden el puño sobre la mesa y quienes aún creen que la verdadera fortaleza está en respetar las reglas del juego.
Al final, el arancel terminó siendo un espejo. En él se refleja no solo una política económica, sino una forma de entender el poder. Y ese reflejo, guste o no, dice mucho más de lo que cualquier discurso desde la Casa Blanca pretende ocultar.
Salvador Cosío en X: @salvadorcosio1
