Salario mínimo de 2026: ministro del Trabajo confirmó la cifra en la que quedará el aumento para millones de empleados Infobae
La suspensión provisional del incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en un 23,7%, desencadenó movilizaciones y un debate de alto perfil político y social en todo el país. El Consejo de Estado ordenó el 13 de febrero de 2026 detener de forma temporal la medida adoptada por el Gobierno, que encabeza Gustavo Petro. La decisión afecta a millones de trabajadores, al sector empresarial y a sindicatos.
El decreto suspendido contemplaba ajustar el salario mínimo legal bajo el concepto de “salario vital”, defendido por el Ejecutivo como mecanismo para preservar el poder adquisitivo y la protección social de los trabajadores. Sin embargo, el alto tribunal argumentó que el Gobierno no cumplió con los requisitos técnicos y legales fijados en la Ley 278 de 1996, relacionados principalmente con la inflación (que cerró en 5,1% en 2025), la productividad y el crecimiento económico.
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La medida judicial respondió a múltiples acciones de nulidad presentadas por sectores empresariales y gremios como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), que consideran que la figura de “salario vital” no está expresamente recogida en la legislación vigente para la determinación del salario mínimo.
Sostuvo el Consejo de Estado que existen dudas razonables en torno a los fundamentos técnicos del ajuste, por lo que ordenó a la administración expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, con una justificación reforzada. Mientras se determina el desenlace del proceso judicial, el Ejecutivo debe argumentar de nuevo —por medios técnicos y legales— el ajuste planteado. Durante este lapso, los empleadores están obligados a conservar los actuales niveles salariales hasta que se expida y entre en vigor la nueva disposición oficial.
Movilizaciones a favor del salario mínimo
Por eso, el 19 de febrero de 2026, miles de personas salieron a las calles de ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Valledupar, Neiva, Quibdó, Cúcuta y Leticia. La principal concentración tuvo lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá, epicentro de la convocatoria. Las movilizaciones, impulsadas por el propio presidente Gustavo Petro y respaldadas por sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales, buscaban defender la propuesta gubernamental basada en los criterios de “salario vital”.
La presencia y respaldo activo de trabajadores organizados es clave para visibilizar el conflicto y ejercer presión sobre el Consejo de Estado y los empresarios. El apoyo de centrales obreras y sindicatos recalcó la dimensión social de la controversia, reforzando la defensa del incremento suspendido.
La cifra se mantendrá
Durante la jornada, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático al confirmar que el decreto provisional sostendrá el incremento del 23,7% al salario.
“Para tranquilidad de los trabajadores y de los empresarios, el presidente de la República ha decidido, y así lo hemos acordado con el ministro de Hacienda, mantener el 23,7%. Ojalá sea el porcentaje que se conserve durante todo el año”, expresó.
Recalcó el funcionario que el mensaje también debe ser tomado en cuenta por el tribunal que debe pronunciarse de manera definitiva frente a las 38 demandas de nulidad presentadas, principalmente por sectores empresariales.
Durante la intervención que hizo en la Plaza de Bolívar, reiteró que el decreto interino garantizará la continuidad de la política de “salario vital” para los trabajadores. Además, explicó a medios como El Colombiano y RTVC que la Administración cumplirá los plazos y exigencias legales determinados por el Consejo de Estado, aunque mostró el deseo de que la suspensión tenga solo carácter temporal.
Sanguino definió el incremento como una conquista para la clase obrera y remarcó que el Ejecutivo expedirá el nuevo decreto ordenado por el tribunal, mientras la legalidad de fondo sigue en discusión.
Respaldo de los trabajadores
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, resaltó la magnitud de la movilización. Manifestó que la jornada de protestas envió un mensaje claro tanto al empresariado como a los magistrados del Consejo de Estado al indicar que “lo mejor que puede hacer es que las archiven definitivamente”. También expresó la esperanza de que el nuevo decreto preserve las condiciones ya establecidas y destacó el papel fundamental de los trabajadores y las organizaciones sociales en mantener la vigencia del ajuste salarial.
El sector empresarial, por medio de gremios como Fenalco, exige que el Gobierno ajuste estrictamente el método y los parámetros técnicos correspondientes a la Ley 278 de 1996. Las demandas de nulidad apuntan a la revisión detallada del procedimiento empleado para fijar el incremento del salario mínimo y sus supuestos económicos. El pronunciamiento definitivo del tribunal constituirá la base para la política salarial en el futuro cercano.
El Gobierno cuenta con un plazo de ocho días, a partir de la notificación judicial (se hizo el 13 de febrero), para emitir el nuevo decreto transitorio. Hasta que esto ocurra, los empleadores y trabajadores deberán conservar el salario anterior, mientras la expectativa aumenta sobre la resolución del monto definitivo.
