Tribunal rechaza amparo para ex secretario de Seguridad de Michoacán; fue detenido por quebranto
Un Tribunal Federal rechazó amparar al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, José Antonio Bernal Bustamante, quien pretendía echar abajo la prisión preventiva justificada que lo mantiene interno el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) presume que esta persona y el ex gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, además de otros ex funcionarios, participaron en un supuesto quebranto de tres mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil, en Michoacán.
Por dicha razón lo imputó y consiguió que una jueza de control lo vinculara a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Bernal Bustamante promovió un amparo porque el cuatro de septiembre de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, confirmó la prisión preventiva justificada dictada el dos de marzo del mismo año por la jueza de control.
Ayer, Virginia Jácome Planté, secretaria en funciones de magistrada instructora del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, actuando de manera unitaria, resolvió negar la protección de la justicia al quejoso.
La magistrada declaró infundados los argumentos del ex secretario, quien alegó que cumple con los requisitos para enfrentar su proceso en libertad.
La FGR solicitó la prisión preventiva justificada porque aseguró que cuenta con información de que el ex funcionario tuvo oportunidad para tratar de evadirse de la justicia, ya que cuenta con diversos domicilios en los cuales podía esconderse.
Por este motivo, se le tuvo que aprehender.
“También es de establecer que se le ha formulado imputación por cuatro diversos delitos, los cuales tienen penas de prisión altas, entre ellos el de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta .
Y si bien los tribunales han manifestado que el quantum de la pena no es un elemento suficiente para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que abona para establecer que ello pudiera generar en el ánimo del justiciable, la reticencia a sujetarse al proceso”, manifestó la fiscalía.
La representación social abundó que Bernal Bustamante era secretario de seguridad y operaba para Silvano Aureoles, “de lo que se infiere que pudiera ejercer cierta presión sobre las personas, incluso tener medios suficientes para evadirse de la acción de la justicia”.
También obra el informe de análisis de riesgo procesal, “que cuenta con diversos domicilios en diversas entidades federativas, lo cual es un indicativo de posible sustracción de la acción penal”.
De igual manera, que cuenta con diversos registros vehiculares en diversos estados, lo cual es indicativo de posible sustracción de la acción penal, toda vez que cuenta con elementos para trasladarse al interior de la República.
La fiscalía subrayó que los ex funcionarios pusieron en riesgo a la comunidad en general y en específico el patrimonio de los michoacanos, “al contratar arrendamientos de cuarteles que no estaban construidos para después lucrar, como lo hicieron con el precio real de los predios”.
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Milenio
