Expropiación bajo disputa en Cañada de la Virgen: INAH toma 701 hectáreas Periódico Correo

1.- Expropiación bajo disputa en Cañada de la Virgen: INAH toma 701 hectáreas

El pleito entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la empresa Cañada de la Virgen va para largo. El decreto de expropiación publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 31 de diciembre de 2025 derivó en la toma de 701 hectáreas el 31 de enero. Ahora, la empresa propietaria acusa que todo ocurrió sin cubrir la indemnización.

La disputa es añeja. Desde hace más de dos décadas, cuando se donaron 16 hectáreas —donde se ubican las principales estructuras—, se advertía que el asentamiento mayor superaba las 700 hectáreas. Las tensiones nunca desaparecieron, aunque mal que bien, permitieron exploración e investigación.

En 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró la zona como Monumentos Arqueológicos, fijando una extensión de 722 hectáreas para proteger, conservar, restaurar e investigar. La expropiación se movió con rapidez en menos de cuatro meses. El 17 de septiembre de 2025 el INAH solicitó a la Secretaría de Cultura adquirir 701 hectáreas; el 24 de octubre se emitió la declaratoria de utilidad pública; el 31 de diciembre se publicó el decreto. Según el documento se cumplió con el derecho de audiencia al propietario.

El punto crítico es el pago. El INAH debe acreditar la indemnización. Y ahí estalló el conflicto. La empresa Cañada de la Virgen SPR de RL sostiene que la expropiación es ilegal y sin indemnización.

“El 22 y el 31 de enero de 2026, representantes de la Secretaría de Cultura, encabezados por la ex-senadora Jesusa Rodríguez y el arqueólogo Omar Cruces, y acompañados por la policía local, exigieron a CDLV que desalojara y entregara el control de las 701 hectáreas de terreno. Estas exigencias se hicieron sin presentar una orden judicial federal válida y sin pruebas de la indemnización exigida por la legislación mexicana”, señala en su comunicado.

El INAH defiende la recuperación, pero no ha quedado claro si cumplió con su obligación de pago o si la ley es letra muerta. Hoy el sitio permanece cerrado, en un litigio que difícilmente se resolverá con un simple acuerdo, en detrimento de los propios pobladores y visitantes.

Surgen más dudas: ¿hay recursos para garantizar el mantenimiento? Entre 2025 y 2026 el INAH sufrió un recorte de 800 millones de pesos. Su representante en Guanajuato, Guillermo González León, tendría que explicar si existe un programa claro de manejo y si el pago se hizo.

Ya ni hablar de las familias que vivían del turismo en la zona y los recursos públicos locales invertidos.

Por cierto, como una polémica adicional: el arqueólogo Alberto Aveleyra ha cuestionado que el decreto identifique el asentamiento como otomí, cuando estudios apuntan a presencia de ADN nahua. El conflicto es jurídico, presupuestal… y también arqueológico. Aveleyra formó parte del equipo de la investigadora Gabriela Zepeda, a quien se le debe mucho de lo que hoy se conoce de Cañada de la Virgen.

2.- Morena contra deuda pública: ¿su acción de inconstitucionalidad nació muerta?

La bancada de Morena en Guanajuato presentó una acción de inconstitucionalidad contra la contratación —aún pendiente— de la deuda pública por 4 mil millones de pesos para obras y acciones municipales. El jueves, la diputada Hades Aguilar Castillo fijará un posicionamiento, según adelantó su área de prensa. El movimiento, sin embargo, parece que nació muerto y apenas servirá como base de una escenografía de lucimiento personal.

Según registros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se trata de la acción de inconstitucionalidad 22/2026, turnada a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

La reforma judicial impulsada por Morena derivó, entre otras cosas, en que “tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”. Así lo sostiene el Artículo 105 de la Constitución.

Es decir, en tanto se analiza y resuelve la acción por la ministra Ortiz Ahlf, el gobierno del estado no enfrentaría orden alguna para frenar la contratación; podría seguir el proceso con normalidad y dispersar los recursos a los proyectos municipales que, por cierto, ya se han ido palomeando.

Bajo este escenario, es probable que cuando haya una determinación —incluso en favor de lo que reclama Morena— la deuda ya se haya contratado e incluso ejercido en los proyectos presentados por los gobiernos municipales, incluidos los morenistas.

Aunque la acción resulta novedosa, al no haber antecedentes claros sobre algo similar, parece más destinada a sacarle jugo mediático, cuando en realidad los morenistas quedan como víctimas de la propia reforma que defendieron.

Y en el terreno de los escenarios, de resolverse en favor de lo que reclama Morena, se sentaría un precedente que también pondría a temblar a gobernantes guindas, en cuyas administraciones estatales se han contratado o intentado contratar créditos, no siempre bajo los mecanismos más democráticos o siquiera transparentes. Ahí está el caso de Layda Sansores, en Campeche, donde se evidenció una ruptura con legisladores que acusaron presiones.

En todo caso, queda por ver qué revelaciones hace la legisladora o si apenas quedará en mucho ruido en supuesta defensa del pueblo, pero con alcances poco optimistas.

3.- Limpieza millonaria en instalaciones municipales

Su rechazo no es nuevo: año con año —sostiene— hay un aumento significativo en el presupuesto destinado a esta contratación. El dato pesa. En 2025 se autorizaron 110 millones de pesos, dispersados en dos contratos con las empresas Especialistas en Limpieza Empresarial y Consorcio de Negocios SM.

La síndica María Esther Santos de Anda defendió la cifra. “Es importante señalar que solicitamos incluso al contador Mario (Campos Gutiérrez, director de Recursos Materiales y Servicios Generales) a la tesorera (Graciela Rodríguez Flores) que fueran más explícitos, incluso que se vieran todos los espacios en los metros, lo que incluye y pues es una opinión muy particular, pero claro que es un gasto necesario y no hay derroche. Se cuida hasta el último detalle”.

Desde la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se presentó el desglose por áreas y hasta por metros cuadrados de cada una. Se argumentó un crecimiento del 3% en las superficies que requieren servicio, incluida la nueva estación de transferencia en la Deportiva Rodríguez Gaona, que por cierto, debió comenzar operaciones desde el año pasado.

El 18 de marzo se dará el fallo de la licitación.

¿Erogación justificada o una curva de gasto que nadie quiere frenar?

Contra Retrato

Claudia Sheinbaum Pardo

El próximo viernes, la presidenta de México estará en Irapuato. Encabezará su conferencia matutina y llegará acompañada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Será la sexta visita de Sheinbaum a Guanajuato —la segunda en lo que va del año—, y la agenda se centrará en temas de seguridad. En próximas semanas la presidenta también estará en Colima y Sinaloa, que comparten con Guanajuato algunos de los índices más altos de violencia.

Además de la “mañanera”, se prevé una reunión privada para revisar avances en la estrategia de seguridad en Guanajuato, donde la reducción de homicidios se reporta sostenida desde el segundo trimestre del año pasado.

Los números que ofrecerá el estado son positivos. Enero fue el mes con menos homicidios dolosos en los últimos ocho años. Aunque en cifras absolutas el estado sigue concentrando la mayor cantidad de asesinatos en el país, la tendencia va a la baja. Así se reconoció en la propia “mañanera” del 10 de febrero, cuando Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó una reducción del 65% en el promedio diario de homicidios dolosos: de 12.7 en febrero —cuando inició la baja sostenida— a 4.45 en enero de 2026.

Por cierto, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, ya anticipó que pedirá a la presidenta fortalecer la seguridad en el municipio y agilizar los proyectos de los hospitales del IMSS e ISSSTE. Ambas peticiones están justificadas, sólo falta que le llegue la invitación formal.