Clínica de turismo médico en El Poblado, Medellín, enfrenta denuncia penal por presunta estafa a socios británicos Infobae
Una clínica de turismo médico ubicada en El Poblado, Medellín, enfrenta una denuncia penal por presunta estafa a sus socios británicos, de acuerdo con información suministrada por El Tiempo. La disputa judicial involucra a Colombia Care, empresa dedicada a tratamientos de injertos capilares y terapias regenerativas, y actualmente objeto de investigación por la Fiscalía General de la Nación.
El turismo médico y las intervenciones clínicas han experimentado un notorio crecimiento en Medellín durante los últimos años. La ciudad ha visto incrementarse de manera exponencial la llegada de ciudadanos extranjeros, atraídos por la posibilidad de acceder a procedimientos médicos y estéticos a costos considerablemente inferiores a los del exterior. En ese contexto, Colombia Care, cuya sede principal se encuentra en el piso 12 de la torre empresarial Q Office, se posicionó como un actor relevante en el sector.
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Según la información conocida por el periódico ya mencionado, en 2024, la totalidad de Colombia Care fue adquirida por una empresa de origen británico. El acuerdo se formalizó mediante un contrato que incluyó una transferencia inicial de 16.000 dólares por parte del inversor extranjero, con el objetivo de cubrir los costos operativos. Los registros ante la Secretaría de Salud de Antioquia muestran que la clínica está habilitada para ofrecer servicios de injertos capilares, terapias con células madre, odontología y medicina general.
Persistencia de los antiguos accionistas y surgimiento del conflicto
A pesar de la adquisición y de la presencia de los nuevos propietarios en las oficinas identificadas como 1203 y 1205 en el edificio Q Office, las actas empresariales de diciembre de 2025 continuaban mostrando a los anteriores propietarios, Nicholas Lachellier y Gabriel Kenz-Ali Boubekeur, como accionistas principales. Esta situación generó inquietud entre los inversores británicos, quienes detectaron inconsistencias entre lo pactado en el contrato suscrito en septiembre de 2024 y la realidad documental de la empresa.
De acuerdo con el relato de los afectados, la operación de la clínica se mantuvo bajo una figura societaria, aunque la gestión financiera presentaba irregularidades. El representante británico, identificado como León, viajó a Medellín a finales de 2025 para solicitar reportes financieros y así proceder con una auditoría de la operación.
Bloqueo de cuentas, expulsión y amenazas
El 5 de diciembre de 2025, las cuentas bancarias de la empresa, controladas por los británicos, sufrieron un bloqueo preventivo. Nicholas Lachellier instruyó a la representante legal para comunicarse con la entidad bancaria, argumentando un supuesto riesgo de fuga de fondos. Posteriormente, el acceso de León a las cuentas y al sistema del edificio fue revocado, impidiéndole ingreso a las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle 2 #20–50.
Al intentar confrontar a Lachellier en las oficinas, León fue interceptado por dos hombres vestidos de negro, quienes actuaban como seguridad privada. Tras ser requisado, fue escoltado fuera del edificio, y según narró a El Tiempo, recibió la advertencia: “si yo fuera usted no me quedaría mucho tiempo en Medellín”, frase que atribuyó a los escoltas que lo sacaron del lugar.
Denuncia penal y señalamientos de irregularidades
Tras estos hechos, León y su equipo regresaron a Europa y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El documento reporta presuntos delitos de estafa, constreñimiento ilegal, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.
Según la denuncia, los británicos no solo perdieron el acceso físico a la sede de Colombia Care, sino también el control de los bienes adquiridos por ellos, incluyendo el software médico necesario para la operación clínica y cuya licencia había sido gestionada por los británicos.
En el escrito presentado a las autoridades, se alega que Lachellier habría realizado transferencias inusuales desde las cuentas conjuntas de Colombia Care a terceros, manteniendo el acceso exclusivo al software y a los sistemas informáticos de la empresa. Además, los inversionistas británicos mencionan que el canon de arrendamiento de la sede fue cubierto por ellos durante todo 2025, aunque la titularidad contractual de la propiedad quedó a nombre del ciudadano francés.
La denuncia también hace referencia a presuntas irregularidades en el trámite de habilitación de la clínica ante la Seccional de Salud de Antioquia, que habrían permitido un duplicado del registro, situación que contraviene la normativa vigente.
Proceso judicial en curso y recopilación de pruebas
El equipo jurídico de la sociedad británica sigue recopilando elementos materiales probatorios para sumar a la denuncia inicial los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Además, según lo informado a El Tiempo, la operación de la clínica continúa en la sede de Colombia Care, mientras avanza la investigación de la Fiscalía.
