Las siete claves que explican por qué los cárteles mexicanos buscan controlar la minería Infobae
El reciente secuestro y asesinato de cinco trabajadores mineros —y la desaparición de al menos otros cinco— en Concordia, Sinaloa, ha puesto los reflectores sobre la relación entre la minería y el crimen organizado en México.
El 23 de enero de 2026, un grupo armado irrumpió en el campamento minero de Vizsla Silver en Concordia y secuestró a 10 empleados especializados, entre ellos ingenieros y geólogos, mientras un trabajador más de una construcción carretera fue privado de la libertad en una parada de transporte.
Días después, cinco de ellos fueron hallados asesinados en fosas clandestinas; los demás siguen desaparecidos. El contexto no es menor: Concordia está en disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa —Los Chapitos y La Mayiza— y la violencia, extorsión y desplazamiento son parte de la vida cotidiana en la zona minera.
Una industria bajo asedio
El caso de la empresa canadiense Vizsla Silver no es un hecho aislado: revela cómo los cárteles han convertido los yacimientos de oro, plata, litio y otros minerales en un objetivo estratégico para su expansión territorial, financiera y operativa.
Empresas de todo el país enfrentan extorsiones, robos de cargamentos y apropiación de yacimientos. El fenómeno no se limita a Sinaloa.
En Guerrero, la Familia Michoacana impuso pagos mensuales a la mina Capela y recurrió al incendio de vehículos para presionar a la empresa. En Chihuahua, la mina Dolores, operada por Pan American Silver Corp, suspendió operaciones tras amenazas directas.
En Sonora, la mina La Herradura —propiedad de Fresnillo PLC— requirió la intervención de una fuerza especial del gobierno federal, aunque los robos y la extorsión persisten.
Según Insight Crime, el robo de metales preciosos durante su transporte es cada vez más frecuente. En 2024, un convoy con seis góndolas cargado de oro, plata y zinc de Newmont fue robado en Zacatecas, con un valor estimado de tres millones de dólares. En el 2025 ocurrieron hechos similares.
En la Sierra Gorda de Querétaro, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo extorsiona a las empresas, también participa en la comercialización de mercurio, insumo clave para la separación de oro, que exporta a Colombia, Venezuela y Bolivia. Casos similares se registran en Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas.
Siete razones por las que los cárteles codician la minería mexicana
Diversos casos documentados y opiniones de expertos como Víctor Manuel Sánchez Valdés o Emma Landeros explican por qué la minería se ha convertido en uno de los negocios más codiciados por el crimen organizado en México. Siete razones explican la magnitud de este fenómeno:
1. Fuente de ingresos masivos y constantes
La minería mexicana produce más de 330 mil millones de pesos al año. Un solo pago de “derecho de piso” por parte de una minera puede superar decenas de cuotas exigidas en otros sectores. El control de una mina representa para los cárteles un flujo de recursos constante y elevado.
2. Facilidad para lavar dinero
El oro, la plata y otros metales pueden mezclarse con minerales legales, permitiendo su inserción en los circuitos formales de exportación y venta. La periodista Emma Landeros, en entrevista para el programa Esquina Balderas", destaca que el blanqueo de capitales es sencillo y difícil de rastrear, ya que los controles oficiales para identificar el origen ilícito de los metales son mínimos.
3. Bajo riesgo de detección
A diferencia del tráfico de drogas, la minería ilícita es menos visible y más fácil de encubrir bajo operaciones legales. El transporte y la comercialización de metales preciosos rara vez despiertan sospechas.
4. Control territorial y desplazamiento
El dominio de minas y rutas extractivas permite a los grupos criminales ejercer poder territorial. El narco desplaza comunidades, se apropia de tierras y presiona a autoridades locales, como por ejemplo, en Ixtacamaxtitlán y Tlatlauquitepec, Puebla, donde comandos han amenazado y ejecutado a opositores, forzando la migración de familias enteras.
5. Diversificación criminal
La incursión en la minería permite a los cárteles diversificar sus fuentes de ingreso y resistir los embates estatales contra el narcotráfico, consolidando su posición como consorcios criminales multifacéticos.
6. Acceso a insumos estratégicos y armamento
El control de minas facilita el acceso a explosivos, vehículos y equipos. Parte del material importado por empresas extranjeras termina en manos de los cárteles, incrementando su capacidad bélica.
7. Mecanismo de presión y represión social
El crimen organizado no solo extorsiona a las empresas mineras, también actúa como fuerza de choque para reprimir protestas y desplazar opositores. Según comentan Jesús Lemus y Emma Landeros, la colaboración entre empresa y narco garantiza la continuidad de las operaciones extractivas en contextos hostiles. Grupos armados actúan como “guardias blancas”, desalojando comunidades y reprimiendo movimientos sociales.
Así evolucionó el modelo criminal en la minería
Según Insight Crime, el modelo mexicano de incursión criminal en la minería comenzó a consolidarse a inicios de la década de 2010, con Los Zetas y los Caballeros Templarios como pioneros en la sistematización del cobro de cuotas y la apropiación de minas de carbón y hierro en Coahuila y Michoacán.
La rentabilidad de estas operaciones motivó que otros cárteles replicaran el esquema en estados como Guerrero, Sonora, Zacatecas, Oaxaca y Puebla.
El avance del crimen organizado en la minería mexicana se refleja en el número de empresas extranjeras y nacionales afectadas, así como en la geografía del control territorial.
Según datos de Animal Político y Insight Crime, multinacionales como Almaden Minerals Ltd., Goldcorp, Veruna Minerals, Fresnillo PLC, Pan American Silver Corp, Leagold, Newmont, Minas de Oro Nacional, Mexican Silicates, Compañía Minera Autlán, Real de Gemas, Jdc Minerals, Minaurum Gold, Starcore International Mines y Alamos Gold Inc. han sido víctimas de extorsión, robos, desplazamientos y cierres forzados en los últimos años.
Actualmente existen dos grandes franjas mineras en México: una que abarca Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sinaloa, disputada por las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, el CJNG y organizaciones locales como el Cártel Independiente de Sonora y el Cártel de Caborca; y otra en el sur, que incluye Guerrero, Michoacán y Oaxaca, bajo la influencia de la Familia Michoacana, Ardillos, Tlacos, Caballeros Templarios y el CJNG.
En el centro-occidente, el CJNG ejerce control sobre explotaciones de menor tamaño.
El fenómeno también se extiende a Puebla, donde los municipios de Ixtacamaxtitlán, Libres, Zautla, Ahuazotepec, Xicotepec, Guadalupe Victoria y Tlatlauquitepec han visto la llegada de mineras internacionales y grupos criminales que hostigan a opositores, exigen cuotas diarias y obligan a la venta de predios a precios bajos.
La minería en México genera cerca de 2,5 millones de empleos y representa el 4.7% del PIB nacional, por lo que el avance del crimen organizado en este sector pone en riesgo la viabilidad de la industria, la seguridad de los trabajadores y la vida en las comunidades afectadas.
¿Qué cárteles han incursionado en el negocio de las minas?
- Cártel de Sinaloa (incluyendo las facciones de los Chapitos y la Mayiza)
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Los Zetas
- Caballeros Templarios
- La Familia Michoacana
- Cártel del Golfo
- Guerreros Unidos
- Los Rojos
- Los Tlacos
- Ardillos
- Cártel de Caborca
- Cártel Independiente de Sonora (Los Salazar)
- Hermanos Beltrán Leyva
