El salario mínimo en Colombia, una discusión que trasciende los derechos laborales Infobae
Bogotá, 16 feb (EFE).- El salario mínimo en Colombia, que este año tuvo un aumento del 23,7 % y fue fijado en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, vuelve al debate después de que un tribunal administrativo suspendiera la aplicación del decreto presidencial que ordenó esa subida, superior a la esperado por sindicatos y empresarios.
Las siguientes claves explican la controversia sobre el salario mínimo, que trasciende los derechos laborales:
El salario mínimo en Colombia fue creado en 1945 pero comenzó a aplicarse en 1949. En esa época variaba según el tipo de actividad productiva y solo se unificó a mediados de los años 80.
En dólares, ha estado los últimos veinte años en mitad de la tabla entre los países suramericanos debido a la devaluación del peso y a que los aumentos habitualmente han sido de un solo dígito en consonancia con la inflación.
Esa situación empezó a cambiar en 2022, en el último año de Gobierno de Iván Duque, cuando la subida del mínimo fue del 10,07 %, tendencia que el presidente Gustavo Petro continuó con alzas 16,00 % en 2023; del 12,07 % en 2024; del 9,54 % en 2025 y el polémico 23,7 % de 2026.
El aumento del mínimo se define cada diciembre en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, una instancia tripartita en la que participan representantes del Gobierno, de las centrales obreras y de los gremios empresariales.
Empresarios y trabajadores presentan en esa comisión sus propuestas para el salario mínimo del año siguiente y, en caso de no llegar a un consenso, el Gobierno lo fija mediante decreto a más tardar el 30 de diciembre.
Para este año no hubo acuerdo entre los trabajadores, que pedían una subida del 16 %, y los gremios, que ofrecían el 7,21 %, y por eso el Gobierno decidió un aumento del 23,7 %, superando todas las expectativas.
En la definición del salario mínimo se deben tener en cuenta parámetros económicos como el IPC y el PIB del año anterior, el índice productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
Sin embargo, al aumentarlo un 23,7 %, Petro invocó la figura del "salario vital" para calcular un salario mayor y así garantizar "mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias".
El mínimo beneficia a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados colombianos, pero sus críticos argumentan que la subida del 23,7 % impacta en la inflación porque incide en algunas tarifas y perjudica a quienes ganan más que el mínimo porque a ellos no los cobija el aumento.
Con la entrada en vigor del nuevo salario mínimo, el pasado 1 de enero llegaron también demandas de quienes invocan razones económicas para oponerse a esa subida.
En ese contexto, el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, suspendió provisionalmente el pasado viernes el decreto en cuestión y ordenó al Gobierno que expida uno transitorio "que determine el porcentaje de aumento" y su valor total, mientras la Justicia emite un pronunciamiento definitivo.
El Gobierno acató la orden pero la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que inicialmente criticó la subida del 23,7 %, reconoció que al tratarse de un hecho consumado la sociedad debe asumirlo y los empleadores, "en la medida de sus posibilidades", deben buscar "mecanismos para no afectar a los trabajadores".
En una alocución al país el domingo, Petro dijo que expedirá el nuevo decreto provisional sobre el salario mínimo, manteniendo el valor original, y además presentará nuevos estudios que justifican la subida y que el salario vital "puede modificarse (...) de acuerdo a las nuevas realidades económicas".
Con ese fin, convocó una reunión de la Comisión de Concertación para discutir el rumbo del "salario vital" que, según anticipó, basado en estudios académicos, puede subir aún más, hasta los 2.155.000 pesos (unos 589 dólares) mensuales.
Colombia celebrará elecciones legislativas el próximo 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, por lo cual varios candidatos de derecha opuestos a la subida del 23,7 %, temerosos del impacto electoral, defienden ahora que se mantenga y proponen compensar el gasto mayor de las empresas con reducciones de impuestos.
Por su parte Petro, que se siente cómodo en las tribunas hablando a la gente como si estuviera en campaña, convocó a los trabajadores a manifestarse este jueves en "defensa del salario vital", que definió como "enorme conquista histórica".
Jaime Ortega Carrascal
