Entre la Ley y el miedo: una madre frente al sistema Sol Yucatán
Por Ericka Contreras Pérez.
A partir de dos decisiones judiciales distintas, volví a detenerme en una incomodidad que desde hace tiempo me acompaña. Por un lado, la resolución de un Juzgado de Control en Coahuila que vinculó a proceso a una mujer por violencia vicaria. Por otro, la experiencia personal de acompañar en Yucatán a una mujer que fue vinculada a proceso por violencia familiar. En ambos, los jueces consideraron que durante la audiencia existían los elementos mínimos para dictar la vinculación a proceso. Eso, guste o no, es lo que la ley establece.
Y fue justamente ahí donde comenzó mi reflexión. No sobre la simpatía o el rechazo que una resolución judicial pueda generarnos, sino sobre la coherencia con la que decimos defender el Estado de derecho. Sobre esa frontera entre exigir legalidad y querer que la ley solo funcione cuando confirma nuestras propias certezas.
Aclaro algo desde el inicio: el debate sobre si las mujeres pueden o no ejercer violencia vicaria conforme a las legislaciones vigentes no es el tema de este texto. Hoy no es el punto. Lo es la celebración selectiva de la ley.
Lo digo desde un lugar profundamente personal. Desde mi posición de víctima y vivir la violencia institucional en carne propia. Desde haber sido lastimada por un sistema que ha resultado más agresor e injusto que el propio actor directo del daño. Justamente por eso me preocupa cuando veo aplausos condicionados, cuando observo cómo se ensalza a las autoridades solo cuando una resolución nos favorece y se les deslegitima cuando no.
Hombres y mujeres, personas e instituciones, estamos obligados a acatar las legislaciones y las resoluciones judiciales, incluso cuando protestamos contra ellas. Protestar es legítimo. Impugnar es un derecho. Desconocer la legalidad de manera oportunista es una incoherencia que termina dañando todo el sistema.
Nuestro sistema judicial cuenta con múltiples recursos de protección. Existen, están previstos en la ley y deben usarse. Apelaciones, amparos, revisiones: mecanismos que, bien utilizados, permiten corregir errores, muchas veces derivados de interpretaciones deficientes o criterios discutibles. Esos recursos son perfectibles, y lo son especialmente en algo urgente: la agilidad. La justicia que tarda no solo cansa; vulnera, revictimiza y deja de ser verdaderamente protectora.
Después de mucha reflexión decidí hacer pública la historia que mi hija y yo hemos vivido como víctimas reconocidas por las autoridades de los delitos de violencia familiar, violencia vicaria, sustracción de menores, lesiones y desaparición forzada por particulares agravada. Desde que este episodio comenzó he dicho con claridad que el motivo por el cual mi hija no estuvo conmigo durante un tiempo fue una denuncia falsa interpuesta por su padre, quien, con pleno conocimiento de la ley y en su calidad de abogado, supo construir la acusación “perfecta”: aquella que obligaría a las autoridades a actuar bajo el principio de protección a la infancia.
Durante meses insistí ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán para que esa denuncia avanzara conforme a derecho. Lo hice colaborando plenamente, atendiendo cada requerimiento, permitiendo que se investigara mi entorno y a las personas que correspondía investigar. Personas que, dicho sea de paso, no tenían ni relación íntima ni sentimental conmigo, por más que se haya intentado instalar una narrativa maliciosa al respecto. Aquí entre nos” pensar en tener pareja me era imposible con el ex que tengo y a las pruebas me remito. Sabía que si pasaba su reacción sería extrema.
Finalmente, en abril de 2025, la propia Fiscalía dictaminó el no ejercicio de la acción penal a mi favor. Una resolución fundada, resultado de meses de investigación. Esa decisión fue impugnada por el padre de mi hija y, en días recientes, una jueza de control resolvió revocarlo y reabrir la investigación. La consecuencia es volver a colocarnos a mi hija y a mí “en la boca del lobo”.
No tardaron en aparecer cuentas falsas, bots y mensajes coordinados promoviendo una narrativa que pretende justificar el daño. Afirman que se actuó para “proteger” a una niña, presentan la reapertura de una investigación como la confirmación de una verdad que nunca existió. No. No se protege la vida y la seguridad de una niña/hija obligándola a mentir, exponiéndola a versiones fabricadas, revictimizándola y dañando su dignidad con afirmaciones que jamás ocurrieron. A ellos y ellas les recuerdo que este episodio de nuestras vidas no es un capítulo de novela ni un debate ideológico. Ni el campo donde sus frustraciones pueden desecharse. Es la historia real de una familia atravesada por la violencia.
Escribo esto también como madre, no ha pasado una semana de esa decisión y aún trabajo el no quedarme en el miedo atroz de perder a mi hija, de no tenerla a causa de mentiras y bajezas. Sé que lograré pasar del miedo al temor: Una vez alguien me enseño que el miedo paraliza y el temor mueve. Yo temo al sistema, temo a las agresiones, temo a no verla al dormir y despertar, a tener que explicarle de nuevo que debemos esperar decisiones de jueces para estar juntas. Confío eso no ocurra de nuevo. Me moveré para que así sea.
Desde ese lugar —donde la ley dejó de ser un concepto y se volvió una presencia diaria, invasiva y determinante— afirmo que no hay causa que justifique utilizar a una niña como instrumento, ni discurso que repare el daño que deja la revictimización. Y es precisamente desde ese amor feroz, incómodo y vigilante desde donde nace esta exigencia final.
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